Bajo el slogan “Sin recursos ni servicios públicos no hay derechos”, una serie de organizaciones sociales y sindicatos lanzaron la Iniciativa Popular de Norma Constitucional 18.202 que busca que la Convención incluya en la nueva carta fundamental la promoción de servicios públicos universales y de calidad, así como una política de impuestos que permita su financiamiento, para asegurar en la práctica los derechos sociales que este nuevo texto consagre.