América Latina y Caribe es la segunda región con más demandada ante tribunales de arbitraje a nivel mundial en base a tratados de protección de inversiones y un tercio de ellas está vinculada a los servicios públicos. En Argentina y Bolivia, más del 60% de sus demandas ISDS están relacionadas con el sector de servicios públicos. 

El servicio público más afectado es el de suministro de energía, seguido por telecomunicaciones. El 72% de las demandas ya resueltas en estos casos terminaron en una decisión que benefició a los inversores y los Estados fueron ordenados a desembolsar más de 3.901 millones de dólares.

Si bien la promesa de los TBI es fomentar la inversión extranjera, no existe una relación directa entre más TBI y mayor inversión extranjera, mientras que el peligro para el accionar soberano del Estado es muy alto, afectando las posibilidades de los gobiernos de tomar medidas políticas que pongan en el centro el bien común y garanticen el buen funcionamiento de los servicios públicos. 

En este informe, se propone brindar elementos para el debate, al mismo tiempo que analiza ejemplos de Estados que ya modificaron o incluso terminaron sus tratados de protección de inversiones, como es el caso de Bolivia, Ecuador, Indonesia y Sudáfrica. Los resultados del informe pueden servir de apoyo a las organizaciones sindicales y de la sociedad civil en defensa de servicios públicos de calidad para requerir a sus gobiernos que no firmen nuevos acuerdos comerciales de esa naturaleza y/o auditen sus acuerdos en vigencia para salir del sistema ISDS.

Los puntos clave del reporte