La propiedad pública de los servicios públicos vitales ofrece la oportunidad de construir una nueva generación de servicios públicos locales de calidad que sean innovadores, participativos, responsables, democráticos y que funcionen para lxs trabajadorxs, las personas y sus comunidades. Además, cuando los servicios son de titularidad pública e incluyen formas de gobernanza democrática y de participación significativa de lxs trabajadorxs, tienen el potencial de ofrecer un espacio único para ser pioneros en prácticas de gestión nuevas y progresistas que no se basan necesaria o únicamente en los mismos indicadores de rendimiento utilizados por los servicios públicos de gestión privada (por ejemplo, el rendimiento de la inversión, la productividad, la rentabilidad, el tiempo de trabajo, etc. ). Pueden introducir nuevos indicadores de rendimiento cualitativos y cuantitativos (por ejemplo, el impacto social y medioambiental, la calidad y el alcance de los servicios, la reinversión de los ingresos en el servicio, la participación de lxs trabajadorxs y la ciudadanía, la reducción de las tarifas de lxs usuarixs, etc.), al tiempo que garantizan la viabilidad del servicio a largo plazo, el empleo digno y un servicio de calidad con un acceso equitativo. La ISP se refiere a esta visión de los servicios públicos locales que necesitamos como "Servicios Públicos 2.0".