Los sindicatos han exigido un proceso de Pacto transparente que dé a las y los trabajadores una voz en las decisiones que se tomen y garantice nuestra libertad para unirnos y recibir una retribución justa por nuestro trabajo. Esto requiere un auténtico diálogo social y garantías de adhesión a nuestros Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

La agencia de las personas trabajadoras es fundamental para lograr una migración justa y un trabajo decente para todos y todas, por lo que es un fallo alarmante y revelador que la declaración de la ONU ni siquiera haga referencia a la libertad de asociación o al derecho a organizarse y negociar colectivamente. La libertad de asociación es un derecho habilitador que cambia la dinámica de poder para que los trabajadores puedan proteger y promover sus intereses mediante acciones colectivas y negociaciones con los empresarios. Si no se produce este cambio, nunca podremos esperar que se reviertan las arraigadas pautas de discriminación y explotación contra las personas trabajadoras inmigrantes. Eliminar las barreras a la organización es fundamental para defender a las y los trabajadores excluidos de todo tipo, porque los sindicatos proporcionan mecanismos concretos para hacer cumplir las normas laborales y solucionar los conflictos.

Instamos a los Estados a que presten atención al llamado del Pacto a entablar un diálogo social a nivel nacional con los sindicatos y las organizaciones laborales, a fin de impulsar el desarrollo del trabajo decente y la migración justa. La declaración de la ONU también debería reafirmar la importancia de los mecanismos y convenios tripartitos de la OIT como bases necesarias para construir un marco de gobernanza de la migración justa.

Los sindicatos han exigido un proceso de Pacto que proteja y empodere a las personas trabajadoras en los países de origen, tránsito y destino, y una coherencia política que produzca resultados positivos en el mercado laboral para todas las personas trabajadoras, independientemente de su raza, género o situación migratoria.

La declaración de progreso de la ONU reconoce acertadamente que el trabajo decente es un punto de referencia importante para las vías regulares. Sin embargo, los Estados también deben hacer de la promoción del trabajo decente el principio rector para abordar las causas profundas de la migración e impulsar el desarrollo sostenible. Las políticas de trabajo decente consagran los derechos universales, generan crecimiento económico, promueven la salud pública y la cohesión social, y reducen las desigualdades raciales, de género y de estatus que socavan nuestras instituciones democráticas. Los sindicatos piden que se invierta en servicios públicos inclusivos y de calidad y en estrategias comerciales que ayuden a la creación de puestos de trabajo decentes y respetuosos con el medio ambiente, acompañados de medidas de transición justa que promuevan la resiliencia y garanticen que nadie se quede atrás a la hora de afrontar los impactos de la crisis climática y en los procesos de transformación industrial. Estos cambios son esenciales para reducir las causas profundas que obligan a las familias a emigrar como medio de supervivencia.

Los sindicatos han exigido compromisos para combatir la xenofobia y el racismo, acabar con todas las formas de discriminación y garantizar la igualdad de trato y el acceso a la justicia y a los servicios públicos de calidad para todos y todas.

La pandemia ha puesto de manifiesto la naturaleza esencial de un trabajo que durante mucho tiempo ha sido invisible e infravalorado, gran parte del cual es realizado por personas migrantes; un porcentaje importante de ellos son mujeres trabajadoras migrantes, como las que se dedican al cuidado social y de salud y al trabajo doméstico. Esto hace más urgente el imperativo de que los Estados reconozcan los principios de igualdad de protección e igualdad de trato para todas las personas trabajadoras, independientemente de su estatus o de si están en la economía informal o formal. Pedimos una coherencia política que incorpore la gobernanza de la migración a iniciativas más amplias de justicia económica, social, racial y de género. Las personas migrantes, sea cual sea su raza, clase, identidad de género, estatus migratorio o sector, deben formar parte de las políticas de protección social, no sólo al regresar a sus países de origen, como señala la declaración de la ONU, sino también en los países de destino en los que trabajan. Las personas trabajadoras migrantes también deben tener acceso a protecciones concretas del estatus cuando ejerzan sus derechos y ayuden a hacer cumplir las leyes laborales.

La declaración de la ONU reconoce las violaciones sistemáticas de los derechos de las personas trabajadoras migrantes, incluyendo los problemas de robo de salarios. Sin embargo, la recomendación que la acompaña debe ir más allá al pedir el desarrollo de mecanismos de justicia que permitan a las personas migrantes, ya sea todavía en el país de destino o tras el regreso a su país de origen o a un tercer país, obtener de forma fácil y justa soluciones a las violaciones sistemáticas que sufren en el lugar de trabajo. El concepto de “justicia portátil” debería formar parte de la aplicación del Pacto en el futuro, y los Estados deberían solicitar a la OIT que utilice sus mecanismos tripartitos para desarrollar normas internacionales sobre la reparación del robo de salarios y otras violaciones habituales en el lugar de trabajo para las personas migrantes.

Dado que las graves preocupaciones humanitarias dieron lugar al Pacto, los sindicatos han exigido que el proceso de aplicación dé prioridad a los programas de regularización y aumente las opciones de reasentamiento humanitario y otras vías basadas en los derechos -que permiten a las personas migrantes la libertad de desplazarse, asentarse, trabajar y participar plenamente en la sociedad-, en lugar de ampliar los programas de trabajo temporal o circular.

No todas las vías regulares son justas o equitativas. Instamos que la recomendación de la declaración de la ONU redoble los esfuerzos para promover mejores vías regulares, incluyendo el llamado a la regularización de las personas indocumentadas y a la unificación familiar. En el contexto del rápido aumento de los desplazamientos humanos masivos, en gran parte impulsados por la crisis climática, el imperativo de aumentar el compromiso y la capacidad de reasentamiento es cada vez más urgente. Ahora es el momento de enfatizar y ampliar las vías humanitarias para las personas que migran por el cambio climático y otras, de forma que se garanticen los derechos plenos de la gente trabajadora, se facilite la cohesión social y familiar, y se ofrezcan opciones para la residencia permanente y la participación significativa en la vida cívica.

Los sindicatos han exigido un nuevo enfoque de la migración laboral que empodere a las personas migrantes y reduzca el control de los empresarios sobre el proceso. Este marco debe incluir una regulación vinculante de la industria de la contratación y guiarse por los principios y directrices de contratación justa de la OIT para garantizar la equidad y salvaguardar los derechos y las normas para todos y todas.

En el texto actual de la declaración de progreso de la ONU, el enfoque de la migración laboral es muy estrecha, de manera problemática, pues hace hincapié en el “reconocimiento de habilidades” en lugar de centrarse en los derechos y la agencia de las personas trabajadoras. Los Estados deben tomar medidas para reestructurar fundamentalmente las vías de migración laboral, de modo que pongan fin a la mercantilización de las personas trabajadoras migrantes y a la explotación sistemática por parte de reclutadores y empleadores. Los programas de migración laboral temporal no deben posicionarse como una falsa solución al desarrollo del país de origen o a las crisis humanitarias, al desplazamiento por la crisis climática o a otras formas de migración forzada. Por el contrario, las vías de migración laboral deben permitir a las personas trabajadoras ejercer plenamente la libertad de asociación, así como la opción de la reunificación familiar, la residencia permanente y la eventual ciudadanía si lo desean.

Como personas trabajadoras, seguimos exigiendo que el Pacto esté firmemente basado en los derechos humanos internacionales, así como en el derecho humanitario y laboral, exigiendo a los gobiernos que se comprometan, explícitamente, a alinear sus marcos legislativos con los instrumentos pertinentes. Debe promover la ratificación de los convenios fundamentales de la OIT, así como los convenios específicos sobre migración. La OIT debe ser la principal agencia de la ONU en la gobernanza de la migración laboral, ya que tiene un mandato constitucional basado en los derechos y es experta en materia laboral.