De acuerdo con un informe reciente de Oxfam, mientras los diez hombres más ricos del mundo han duplicado sus fortunas durante la pandemia, el 99% de la población mundial ha visto decaer sus ingresos. Asistimos a un retroceso de la lucha contra la desigualdad y la pobreza por primera vez en décadas, con millones de personas que podrían caer en inseguridad alimentaria este año.

Así, en el contexto de la novena edición de la Cumbre de las Américas que se está llevando a cabo ésta semana en Estados Unidos, se presenta la oportunidad que distintos países de latinoamérica puedan construir una posición coordinada en lo que respecta a reglas de tributación internacional. Se trata de un primer hito donde diversos Estados de la región podrían articular una posición común para transitar hacia una economía basada en los derechos humanos, la sustentabilidad ambiental y la justicia fiscal para reducir la pobreza y las desigualdades. La Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), en conjunto con la Internacional de Servicios Públicos (ISP), el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC), La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Oxfam decidieron realizar una declaración conjunta en pos del fortalecimiento de la postura regional, en torno a una serie de medidas.