La pandemia de COVID-19 ha sacudido los cimientos de nuestros sistemas socioeconómicos y ha puesto de manifiesto y magnificado las profundas desigualdades que generan. También nos ha hecho tomar conciencia del papel central que pueden y deben desempeñar los servicios públicos: salvar vidas; mantener unido el tejido socioeconómico de la humanidad; proteger el medio ambiente; permitir la consecución de los derechos humanos.

Con la COVID-19, el daño causado por décadas de infrafinanciación, recortes y la privatización de servicios públicos vitales se materializó en las insostenibles imágenes de unidades de cuidados intensivos y de urgencias saturadas; personal de la salud y de apoyo sobrecargado de trabajo hasta el agotamiento, sin equipos de protección individual (EPI) y otros suministros esenciales; e innumerables ataúdes conducidos por camiones del ejército a tumbas recién cavadas.