Sin embargo, el proceso constituyente abre la posibilidad de discutir estos tratados de comercio e inversiones y revisar el tratamiento que Chile otorga a las inversiones extranjeras. A escala global se discute hoy la necesidad de contar con tratados que avalen las políticas públicas que protejan los derechos humanos, laborales y medioambientales y que vayan de acuerdo con objetivos de desarrollo sustentable. Esto requiere recortar los amplios derechos de los inversores, por ejemplo, para acudir al arbitraje internacional ante cualquier medida que, según su interpretación, afecta su “legítima expectativa de ganancia”. Este informe presenta una sistematización de estadísticas en base a un análisis de los casos inversor-Estado (ISDS) conocidos contra Chile hasta septiembre de 2021. Las principales conclusiones muestran que:

Chile es el país con mayor cantidad de tratados de liberalización comercial y de protección de inversiones en la región. Tiene vigentes tratados comerciales con 65 países, mientras que también cuenta con 34 tratados bilateraIes que incluyen el mecanismo inversor-Estado.

Chile acumula 7 demandas de inversores contra el Estado en base a tratados de protección de inversiones y tratados comerciales. Aunque son pocas en comparación con los países vecinos, durante 2021 el país recibió 3 amenazas de demandas debido a las medidas gubermantales tomadas tras las revueltas sociales de octubre de 2019 y el contexto de la pandemia de COVID-19.

Chile no ha iniciadoun proceso de discusión sobre el marco de protección de las inversiones extranjeras. Por el contrario, el país ha continuado negociando tratados con arbitraje en los últimos años, como la renegociación del acuerdo existente con la UE, los Tratados de Libre Comercio Regionales y el TPP-11.