En 2018, nuestro informe Historia Repetida – Cómo fracasan las Asociaciones Público-Privadas cuestionó la creciente promoción de las Asociaciones Público-Privadas (APP) como fórmula mágica para financiar proyectos de desarrollo. El informe mostró que, a menudo, las APP tienen un alto costo para el erario y los ciudadanos, un nivel excesivo de riesgo para el sector público y un impacto negativo en la gobernanza democrática.

Desde entonces, el contexto para el fomento continuo de las APP se ha vuelto aún más complejo e incierto. A principios de 2020, la llegada de la pandemia de Covid-19 evidenció cómo no se puede confiar en los modelos basados en el mercado para cumplir con los derechos humanos, tales como la salud, la educación y el suministro de agua, y luchar contra las desigualdades. En 2022, el aumento del costo de la vida, la crisis energética y la crisis climática han puesto aún más de manifiesto los fracasos del modelo económico actual y la urgente necesidad de instaurar uno diferente.

Sin embargo, siguen creciendo los llamados para que el sector privado desempeñe un papel cada vez mayor en el financiamiento de la infraestructura y los servicios públicos, en particular a través de las APP.

Actualmente, las APP están siendo promovidas a través de una amplia gama de herramientas y por una gran variedad de instituciones, que incluyen organismos donantes bilaterales, agencias de las Naciones Unidas y bancos multilaterales de desarrollo (BMD). El Grupo Banco Mundial sigue estando a la vanguardia de la promoción de las APP y del financiamiento privado para el desarrollo.

La justificación es que las APP pueden ayudar a superar los desafíos en la financiación, implementación y desarrollo de infraestructura, y servicios públicos, a partir del supuesto de que el sector privado aporta financiación adicional y que las empresas privadas son inherentemente más eficientes que el sector público en la prestación de servicios públicos de alta calidad. Este enfoque pasa por alto la evidencia que apunta a lo contrario y el hecho de que décadas de programas de ajuste estructural y políticas de austeridad han dejado sin fondos a los servicios públicos.

Este informe es el segundo de la serie Historia Repetida y, una vez más, el resultado de un esfuerzo conjunto de la sociedad civil en organizaciones de todo el mundo. A través de casos emblemáticos en cuatro continentes, el informe proporciona un análisis en profundidad de varios tipos de proyectos de APP en el

Sur y el Norte Global. Además, analiza las tendencias emergentes en los cuatro años transcurridos desde la publicación del primer informe, en particular, a la luz de la pandemia de Covid-19 y las múltiples crisis que enfrenta el mundo.

Acerca de este informe

En los siete estudios de caso de este informe, constatamos que las APP han fracasado en muchos niveles diferentes, con graves impactos negativos en los ciudadanos de países desde España hasta Nepal. Estos impactos han corrido el riesgo

de comprometer el respeto a los derechos fundamentales y socavar la lucha contra las desigualdades y el cambio climático.

A un nivel muy general, nuestras conclusiones ilustran algunos de los problemas más comunes asociados con las APP. Ilustran la complejidad del fenómeno de las APP como parte de la creciente financierización de la infraestructura y la prestación de servicios públicos. Esta evidencia activa las alarmas sobre la capacidad de las APP para obtener resultados en favor del interés público y hace un llamado a la participación activa de la sociedad civil para exigir un cambio de rumbo.

Un llamado a la acción

Este informe conjunto de las organizaciones de la sociedad civil hace un llamado a la acción a todos los interesados en la justicia, la igualdad y la sostenibilidad. En el contexto actual de crisis múltiples e interconectadas, la promoción de las APP resulta una falsa solución que debe ser desafiada a través de un llamado contundente en favor de los servicios públicos.

Las siguientes recomendaciones se alinean con las demandas de la sociedad civil y los sindicatos dirigidas a los gobiernos nacionales y las instituciones financieras de desarrollo. Buscan influir en los debates sobre el financiamiento de la infraestructuray los servicios públicos en el ámbito nacional, regional y mundial.

Recomendaciones

• Detener la intensa actividad de promoción e incentivación de las APP. Hacemos un llamado a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los accionistas del Banco Mundial, el FMI, los bancos regionales de desarrollo y todas las instituciones financieras de desarrollo para garantizar que estas instituciones detengan la agresiva promoción e incentivación de las APP, con énfasis particular en las APP para los servicios sociales: el derecho a la salud, la educación y el agua y el saneamiento no pueden estar sujetos a las prácticas de mercado ni a la capacidad de pago de las personas.

• El reconocimiento público de los riesgos fiscales y otros riesgos significativos que implican las APP es esencial y ha tardado demasiado. Invitamos a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a reconocer los malos resultados para el desarrollo de las APP y les pedimos que se abstengan de participar en estos acuerdos de financiamiento. Invitamos además a los gobiernos de los países desarrollados (que a menudo están sobrerrepresentados en las instituciones económicas internacionales antes mencionadas) a garantizar que dichas instituciones apoyen efectivamente la apropiación de los planes nacionales orientados democráticamente para lograr un desarrollo sostenible. Esto significa apoyar a los países a fin de que encuentren el mejor método de financiamiento para proporcionar infraestructura y servicios públicos responsables, transparentes, sensibles a la equidad de género, ambiental y fiscalmente sostenibles y alineados con las obligaciones en materia de derechos humanos y de los compromisos relacionados con el clima de los países.

• Antes de concretar cualquier proyecto de APP para la provisión de infraestructura y servicios públicos, es crucial la organización de consultas públicas informadas y la participación de una sociedad civil amplia, incluyendo a comunidades locales, organizaciones feministas, sindicatos y otras partes interesadas. Se debe asegurar además el derecho al consentimiento libre, previo e informado, y garantizar el derecho a la reparación para cualquier comunidad afectada.

• Aplicar una rigurosa regulación gubernamental para los actores privados y altos estándares de transparencia, especialmente en relación con la contabilidad de los fondos públicos, el valor contractual de una APP y sus implicaciones fiscales a largo plazo para las cuentas nacionales y los impactos de los proyectos. Debe anteponerse el interés público a los intereses comerciales. Los contratos y los informes de rendimiento de los proyectos de infraestructura social y económica deben divulgarse de manera proactiva y las IFD no deben prestar apoyo a ningún proyecto a menos que se garantice la transparencia.

Es vital resistirse el creciente uso de las APP como una herramienta de financiamiento preferida para brindar infraestructura y servicios públicos. En su lugar, pedimos la promoción de servicios públicos de alta calidad, financiados con fondos públicos, controlados democráticamente, sensibles a la equidad de género y que rindan cuentas, basados en el respeto de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. El futuro de nuestras sociedades depende de ello.