Declaración colectiva con motivo del Día del Servicio Público de las Naciones Unidas - 23 de junio de 2025 - en vísperas de la 4ªConferencia de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo
Menos de una quinta parte de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijadas hace una década están actualmente en vías de alcanzarse en 2030, y una de las principales causas de esto es el continuo y crónico déficit de financiación de los servicios públicos en todo el mundo. Tres cuartos de los países de renta baja gastan más en el pago de deuda que en salud, y la mitad de estos países gastan más en pagar a acreedores ricos que en educación. Normas globales tributarias y de mercado que resultan injustas facilitan un flujo continuo de recursos, urgentemente necesarios en la región, hacia afuera del Sur Global. Mientras tanto, la política predeterminada del FMI sigue siendo imponer medidas de austeridad, recortando el gasto en servicios públicos y, por lo tanto, socavando la lucha contra la pobreza y la desigualdad. ¡Pero todo esto puede y debe cambiar!
Este año, el Día del Servicio Público de la ONU cae justo una semana antes de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FFD4). Esta reunión de las Naciones Unidas se celebrará en Sevilla —ciudad estrechamente asociada a la colonización europea de las Américas— pero irónicamente ofrece la mejor oportunidad en una generación de revisar y decolonizar la arquitectura financiera mundial. Esto es esencial si los Estados van a revertir décadas de recortes y empezar a financiar plenamente servicios públicos universales, equitativos y transformadores de género.
Actualmente, con 54 países enfrentando una crisis de deuda, es evidente que una cancelación masiva de la deuda es urgentemente necesaria para que los países puedan invertir en servicios públicos de calidad. Igualmente, en este año del Jubileo, aunque la cancelación de la deuda es necesaria, no es suficiente. En 2005 se anularon más de 100.000 millones de dólares de deuda, pero frente a la carencia de acuerdos sobre un sistema financiero injusto, que dio lugar a la crisis, la mayoría de los países de renta baja se encuentran hoy ante una nueva crisis y una más aguda. Así, 2025 debe ser el año en el que la arquitectura internacional de la deuda sea transformada mediante el establecimiento de una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana, desarrollando nuevos acuerdos globales en torno a préstamos y empréstitos responsables, y trasladando el poder sobre la deuda desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) a un organismo representativo de las Naciones Unidas. Esta transformación de la arquitectura de la deuda es esencial para que los países dispongan de los recursos para transformar los servicios públicos. Afortunadamente, la revisión del sistema mundial de la deuda es una demanda central de los países africanos y del mecanismo de Financiación para el Desarrollo de la Sociedad Civil en la conferencia FFD4, pero está siendo bloqueada por países ricos y acreedores privados que se benefician de las injusticias del sistema actual.
La crisis climática le suma urgencia a la necesidad de reformar fundamentalmente la arquitectura financiera, permitiendo que los países puedan invertir en servicios públicos universales como parte esencial de una transición justa. Ahora está claro que la crisis de la deuda y la crisis climática están interconectadas; con los países endeudados viéndose forzados a ganar divisas extranjeras rápidamente y, por tanto, constreñidos a invertir en la extracción de combustibles fósiles y en la agricultura industrial: las dos principales causas de la crisis climática. Por otro lado, los países más vulnerables a la crisis climática se consideran de "alto riesgo" para la inversión y, por tanto, les son aplicadas tazas de interés más altas en los préstamos (especialmente después de catástrofes inducidas por el clima), acelerando la probabilidad y la magnitud de las crisis de deuda. Sin embargo, necesitamos urgentemente mirar el panorama general de la deuda y preguntarnos: ¿quién debe a quién? Los últimos análisis muestran que los países ricos del Norte Global que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero tienen una enorme deuda climática con los países de renta más baja, por haberse apropiado de los bienes comunes atmosféricos (contaminando el planeta y desencadenando la crisis climática). Desgraciadamente, no existe una arquitectura global creíble para hacer efectivo el pago de estas deudas climáticas, que son mucho mayores que las deudas externas brutalmente aplicadas a todos los países de renta baja. Esto debe cambiar, con una reforma de la arquitectura global y un compromiso de los países ricos de entregar financiamiento climático para pagar las deudas climáticas —que debe venir en forma de subvenciones (no de préstamos a países ya endeudados)— con el compromiso de apoyar una transición justa basada en sistemas públicos financiados públicamente.
En la cúspide de la injusta arquitectura financiera actual se encuentra el Fondo Monetario Internacional (FMI), que perpetúa un orden económico mundial que ha empoderado a corporaciones multinacionales, acreedores y naciones ricas, al mismo tiempo que ha encerrado a países de menores ingresos en círculos viciosos y perpetuos de deuda y dependencia. Se estima que por cada dólar que el FMI ha alentado a los gobiernos a gastar en servicios públicos, también les ha dicho que recorten seis veces más a través de medidas de austeridad. El modus operandi del FMI fue establecido durante los, ahora desacreditados, Programas de Ajuste Estructural de la década de 1980, cuando impuso severa austeridad en el gasto público para las naciones beneficiarias de préstamos. Muchos de estos países acababan de independizarse de los mismos países acreedores que controlan el FMI. En la actualidad, la retórica ha cambiado, pero el FMI sigue persiguiendo su agenda de austeridad en la práctica, derivando en repetidos recortes y congelaciones en proyectos de ley sobre remuneraciones en el sector público, incluso en países con escasez apremiante de trabajadores de primera línea del sector público. Con los servicios públicos desatendidos, los gobiernos se enfrentan constantemente a la presión de la comercialización, privatización y la asimetría de las Asociaciones Público-Privadas, que privilegian el lucro frente a las personas.
Parte de la reforma del sistema que se necesita para transformar los servicios públicos está relacionada con la justicia fiscal. Reformas tributarias ambiciosas y progresivas a nivel global, nacional y local son urgentemente necesarias. La erosión de la base imponible, la transferencia de beneficios y la evasión fiscal impiden a los gobiernos, particularmente del Sur Global, movilizar ingresos nacionales cruciales para financiar servicios públicos de forma sostenible. Para que la toma de decisiones a nivel global en materia fiscal sea equitativa y permita a los países adoptar reformas tributarias progresivas a nivel nacional, es necesario alejarse de las deficiencias democráticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Durante 60 años, la OCDE ha establecido las normas tributarias mundiales, representando los intereses de países ricos, pero en particular de empresas y individuos ricos. Tras las exitosas gestiones de los países africanos en la Asamblea General de la ONU, ahora existe un acuerdo para desarrollar una Convención Marco de la ONU sobre Cooperación Fiscal Internacional, que puede establecer un sistema de gobernanza tributaria mundial más transparente, equitativo y responsable que beneficiará a todas las naciones. Apoyamos plenamente el acelerado progreso en esta convención y debemos asegurarnos de que la conferencia FFD4 no socave en modo alguno este proceso. También apoyamos la necesidad de aprovechar el liderazgo histórico de Brasil en el G20 del año pasado, que situó la tributación de la riqueza de los súper ricos tan poderosamente en la agenda mundial.
En 2025, estamos siendo testigos de enormes recortes en los presupuestos de asistencia desde Estados Unidos, el Reino Unido y muchas naciones europeas, junto con un aumento del gasto militar. Los países ricos parecen querer aislarse en lugar de construir puentes. Mientras tanto, se ha vuelto cada vez más claro que el sector privado no puede ni quiere llenar las lagunas. El enfoque "de miles de millones a billones", que pretendía aprovechar la financiación pública para desbloquear la inversión privada en los países en desarrollo, ha resultado infructuosa en una gran proporción, y ha sido recientemente denunciada incluso por el Economista Jefe del Banco Mundial. Lo que se necesita urgentemente es una sólida regulación pública de los actores privados y un Estado fuerte y responsable que lidere las finanzas y la prestación de servicios públicos de calidad. Otra vez, esto añade urgencia a la necesidad de reformas globales desafíen la deuda injusta, la injusticia tributaria y la austeridad como las bases de la construcción de Estados que puedan respetar, proteger y garantizar derechos humanos. La voluntad política doméstica y la acción nacional siempre serán necesarias, pero en el sistema mundial actual injusto, incluso los gobiernos progresistas luchan para financiar servicios públicos universales.
Afortunadamente, existe un momentum mundial renovado respecto de las finanzas y los servicios públicos. A finales del 2022, más de mil representantes desde más de cien países se reunieron en Chile bajo el lema "Nuestro futuro es público". La Declaración de Santiago por los Servicios Públicos estableció una agenda colectiva para sindicatos, organizaciones y movimientos que trabajan en una amplia gama de servicios públicos, como educación, salud, cuidados, energía, alimentación y nutrición, vivienda, agua, transporte y seguridad social. Colectivamente, alzamos la voz contra la comercialización y privatización que perjudican los derechos, reconociendo que son éstas las que han impulsado las crecientes desigualdades e injusticias. Criticamos colectivamente las estructuras y mentalidades coloniales que continúan manejando el crónico déficit de financiación de los servicios públicos. También condenamos la actual arquitectura financiera internacional que mantiene a la inmensa mayoría de la población mundial viviendo en la pobreza.
La Cumbre de Financiamiento para el Desarrollo debe comprometerse con un nuevo pacto social que garantice un sistema financiero global que priorice a las personas y al planeta por sobre el lucro, y que permita a los Estados miembros entregar servicios públicos universales y seguridad social para todos y todas. Reiteramos que existen alternativas claras al statu quo, muchas de las cuales se exponen en el Manifiesto global por los servicios públicos, el Manifiesto: Reconstruir la organización social del cuidado y Declaración del Movimiento por la Democracia Energética. Llamamos a que su contenido se haga realidad y por la transformación del obsoleto sistema financiero internacional.
En este Día del Servicio Público de las Naciones Unidas, volvemos a unir nuestras fuerzas para reiterar nuestra demanda por un futuro que sea público. La próxima semana en Sevilla, necesitamos que los gobiernos sean audaces y acuerden un documento final que verdaderamente transforme la injusta arquitectura financiera para acelerar el progreso hacia servicios públicos de calidad para todos y todas, donde sea que vivan.
APOYADO POR:
Action against Hunger France
ActionAid International
Africa Network Campaign on Education for All (ANCEFA)
Amnesty International
Arab Campaign for Education for All (ACEA)
Arab Network for Popular Education (ANPE Lebanese Coalition)
Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE)
Brazilian Campaign for the Right to Education
Bretton Woods Project
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación-CLADE
Center for Economic and Social Rights (CESR)
Education International
eduCoop
Enginyeria sense Fronteres
Enginyeria sense Fronteres
Eurodad
Global Campaign for Education (GCE)
Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR)
Global Social Justice
Institute for Economic Justice
International Association for Hospice and Palliative Care
National Campaign for Education Nepal (NCE Nepal)
Network for Education Watch (NEW) Indonesia
Oxfam
Paropakar Primary Health Care Centre PPUK
Public Services International (PSI)
Right to Education Initiative
RTE Forum, India
Society for International Development (SID)
Solidarité Laïque
Tax and Education (Tax Ed) Alliance
Tax Justice Network
The Alternatives Project (TAP)
Transnational Institute (TNI)
World Organization for Early Childhood Education – OMEP