El control de los datos y la inteligencia digital son los ingredientes decisivos del poder en la sociedad digital emergente; determinan, cada vez más, el orden económico, social y político global.

El acceso amplio a los datos de la sociedad —que hoy se encuentran en posesión de algunas pocas corporaciones digitales— es la condición necesaria de una economía justa, de servicios públicos de calidad, de la implementación de políticas públicas y del gobierno democrático. La reivindicación de los derechos de propiedad colectivos de los datos es uno de los temas más destacados de la política de nuestro tiempo.

Lxs trabajadorxs del sector público y sus sindicatos tendrán que jugar un papel importante en la configuración del sector público en la sociedad digital; tendrán que proporcionar datos e inteligencia digital en calidad de bienes públicos, asegurar el desarrollo de la apropiada institucionalidad digital pública y gestionar la infraestructura de los datos.