Las organizaciones firmantes rechazan el injusto reclamo de la empresa multinacional Suez contra el Estado de Chile en respuesta a la decisión tomada por el gobierno en agosto de 2019 de abrir un proceso de suspensión de caducidad para finalizar el contrato de concesión de su subsidiaria, la ESSAL debido al desastre sanitario causado por esta empresa en la ciudad de Osorno en julio de 2019, cuando debido a las condiciones precarizadas de operación de sus sistemas y de trabajo de su personal se produjo un derrame de petróleo en la planta de agua potable de Caipulli, que contaminó al río Rahue y provocó un inmediato corte del suministro que afectó a casi 150 mil personas, la mayor parte de la población.