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Para la ISP resulta incomprensible que una autoridad de Estado amenace telefónicamente a un dirigente sindical, cerrando toda posibilidad de diálogo y mejoras laborales para su sector, sólo por el hecho de haber actuado en consecuencia y en defensa de los servicios públicos y de quienes laboran incansablemente en ellos en el marco de esta pandemia.
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