Las principales preocupaciones de lxs trabajadorxs del agua y el saneamiento: en torno a la privatización, el empleo y el trabajo decente

Algunos pasos prácticos para recuperar los servicios públicos y defender a los trabajadores del sector público

La privatización pone en riesgo la materialización efectiva de los derechos de las mujeres y las niñas.

Para la ISP y sus sindicatos de agua, la lucha contra la privatización de los servicios públicos, entre ellos los de agua y saneamiento, es la lucha por la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos, esto nos hace un sindicato con una estrecha relación con la comunidad, nuestro lema es PONER EL PUEBLO POR ENCIMA DEL LUCRO. Un elemento fundamental de este vínculo es nuestro Programa de Acción Mundial en dónde una de las prioridades es promover los Servicios Públicos de Calidad, que Respondan a la Igualdad de Género, mismos que los proponemos como:

• Universales: acceso universal y cobertura universal

• Públicos: servicios con financiamiento público, suministro público, gestión púbica, gobernanza pública y rendición de cuentas pública.

• Solidarios: servicios que sean garantía del ejercicio de los derechos humanos plenos de toda la población, cuyo principio rector sea la redistribución de la riqueza y la construcción de justicia social

• Transparentes: la gobernabilidad democrática efectiva de los servicios públicos requiere transparencia en la toma de decisiones, financiamiento, construcción, suministro, monitoreo y revisión. Estos procesos deben estar abiertos al escrutinio público

• Con trabajo decente; que respete los derechos laborales y sindicales y,

• Responsables con la igualdad de género: que en todo caso garanticen que las mujeres ejerzan sus derechos humanos plenos y que sean diseñados para romper la cadena de reproducción de las estructuras patriarcales y logren transformar la vida de las mujeres con enfoque interseccional (sexo, raza, clase, edad, opción/identidad sexual, entre otros)

La privatización pone en riesgo la materialización efectiva de los derechos de las mujeres y las niñas.

¿Cómo los sindicatos pueden trabajar con las organizaciones de mujeres en Colombia para lograr los compromisos de la BPfA, particularmente para WASH?

Los sindicatos de los servicios públicos esenciales como el agua y el saneamiento, somos actores de la sociedad civil que jugamos un rol fundamental en el acceso al agua en manos públicas, estamos tejiendo alianzas con la sociedad civil, con las comunidades de la zona rural, los acueductos comunitarios, con los usuarios y comunidades del agua, con las organizaciones de mujeres, promovemos estrategias como EL PLAN SOCIAL UNIDOS POR EL AGUA CON ENFOQUE DE GENERO, CABILDEO, y la movilización social en torno a la defensa del agua como un derecho humano fundamental. Las mujeres tenemos que incidir en la construcción de una democracia transformadora más humana y solidaria que garantice el acceso a servicios públicos, financiados con recursos públicos con enfoque de género.

¡!Sin acceso a estos servicios esenciales es imposible reducir y redistribuir las cargas de género que ocasiona el trabajo no remunerado de cuidado y materializar los derechos políticos, económicos y sociales de las mujeres!!

¿Cómo ves los logros de la BPfA en el sector agua y los derechos de las mujeres?

Y pues…los 25 años desde la Plataforma de Acción de Beijing se han quedado cortos…!

25 años después de la declaratoria de la plataforma de Beijing, los compromisos adquiridos para avanzar en el acceso al agua segura y la higiene sanitaria para la consecución de la igualdad entre los géneros y empoderamiento de las mujeres y las niñas, ha tenido avances muy incipientes.

La OMS ha planteado que la tercera parte de la población mundial hoy no tiene acceso a saneamiento mejorado y el 51% son mujeres, hay que comprometer el financiamiento público de los servicios públicos esenciales que transformen la vulneración de los derechos de las mujeres y las niñas.

Como ejemplo en Colombia si bien las coberturas en la zona urbana se mantienen, las comunidades más pobres y vulnerables que no tienen con qué pagar no pueden acceder al agua potable ni al saneamiento y si nos ubicamos en la ruralidad, no hay avances significativos porque al privado no le interesa invertir donde son pocos usuarios, son las comunidades las de la zona rural las administradoras del agua, no hay inversión pública hacia la ruralidad, siendo las mujeres y las niñas las más afectadas las que tienen que recorrer grandes distancias para lavar la ropa, atender las necesidades domésticas, corriendo muchos peligros y tomando agua cruda de malas condiciones físico químicas y bacteriológicas y limitando sus derechos fundamentales a la educación, la participación social y su participación en la toma de decisiones, son los hombres los que las representan.

¿Sera que lo que pasa en Colombia, no pasa en las pequeñas y más vulneradas poblaciones de países como Asia y África?

Ahora de cara a la pandemia del Coronavirus COVID -19, no solo esta amenazados los derechos políticos y económicos de las mujeres y las niñas sino también la salud de las mujeres que necesitan el agua potable para lavarse las manos y para combatir la pandemia del coronavirus COVID-19, quienes no tienen acceso al agua difícilmente podrán sobrevivir a esta crisis sanitaria.

Debemos mencionar que la pandemia en Colombia hizo posible que por una decisión de política pública, se ordenara la reconexión del servicio de más de 300.000 suscriptores que abarcan una población de 1.5 millones de personas, que tenían cortado el servicio por incapacidad de pago para acceder a este recurso vital, será que esto no es posible también que ocurra en las comunidades pobres de Asia y África? Esto demuestra que con recursos públicos si es posible garantizar el acceso al agua para las mujeres y las niñas, no podemos retroceder nuestra propuesta es que se mantenga el acceso al agua a estas poblaciones pobres que no tienen con qué pagar, que son sujetos de especial protección constitucional y que se les vulnera el derecho a la vida por su incapacidad económica de pago para garantizar su acceso.

No se trata de una gratuidad general de los servicios públicos esenciales como el agua, su transporte y tratamiento genera costos que deben ser sostenibles por quienes si tienen capacidad de pago, acompañada de una política fiscal justa que redistribuya la riqueza y provea el financiamiento de estos servicios esenciales para garantizar su acceso universal.

En la ruralidad proponemos las asociaciones público - comunitarias y comunitarias, como una alternativa tangible que fortalezca la autogestión del agua por parte de las comunidades y mejores las condiciones del agua para el consumo humano en la zona rural, promoviendo un manejo comunitario autogestión del que vincule a las mujeres su acceso a saneamiento mejorado y en la administración del agua.

Elevamos estas realidades que vivimos los países de América Latina a un símil con otras regiones del mundo.

Margarita Lopez - Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Agua, Saneamiento y Ambiente de las Américas (CONTAGUAS) y miembra del Comité mundial de mujeres de la ISP.