Guatemala se ha caracterizado ultimamente por ser un país donde existen redes que tienen coptados los diferentes organismos del Estado, tanto el poder Ejecutivo como el Judicial y el Legislativo. Tiene uno de los peores indices de desarrollo humano a nivel mundial, con altas tasas de desnutrición infantil, casi un 75% de trabajadores en la economía informal, un Estado que es asaltado cada cuatro años por diferentes grupos de poder, tanto de la clase dominante, como de los nuevos ricos (producto de la corrupción, narcotrafico y crimen organizado). Pero a pesar de todo esto Guatemala sigue siendo la principal economía de América Central.

Aquí se le esta robando a la sociedad no solo los bienes materiales, sino también los sueños y las oportunidades. Cansados de tantas noticias que desnudan la realidad de los diferentes actos de corrupción que cometen una variedad de funcionarios públicos que con el apadrinamiento de financistas de campañas políticas que luego de financiar estas campañas, exigen que por medio de los dineros públicos se paguen los financiamientos a los diferentes candidatos, tanto para la Presidencia de la República, como para diputados y alcaldes.

En este sentido, la población es victima de manera constante de este tipo de atropellos, lugar donde el irrespeto a la vida, al derecho de organizarse en sindicatos, de defender los intereses colectivos de los trabajadores se ha vuelto un peligro constante para los lideres y activistas sindicales.

En este contexto, durante plena pandemia del Covid-19 y después de los recientes desastres que han ocasionado los huracanes de ETA y Iota, que han dejado destrucción de infraestructura, desplazados, familias que han perdido todos sus bienes materiales, sus cosechas, su sustento diario, este nuevo gobierno, que va cumplir apenas 10 meses de instalado en el poder Ejecutivo, por medio del Congreso de la República, ha decidido aprobar un presupuesto de ingresos y egresos para el Estado de Guatemala de más de Q 99,700 millones de Quetzales, equivalente a alrededor de 13,294 millones de dólares, con un nivel de endeudamiento como nunca antes de habia vivido, ya que se propone adquirir una deuda de un 30% del total del presupuesto. Esto significa que cada guatemalteco deberá cerca de Q 13,252 al nacer.

Esta acción que raya en lo absurdo, ante los constantes actos de corrupción denunciados por organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes, fue como la gota que derramó el vaso, ya que la sociedad guatemalteca en sus diferentes expresiones, sindicatos afiliados a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) entre ellos, llamaron a una manifestación pacífica que se celebró el pasado sábado 21 de noviembre, manifestación que se convocó para llegar a la plaza central en Ciudad de Guatemala, y se replicó en los diferentes departamentos con concentraciones en los parques centrales de sus respectivas ciudades para exigir la renuncia del presidente de la República y los diputados al Congreso.

La crisis se ha desatado de manera intensa, puesto que el mismo vicepresidente de la República Willy Castillo le ha pedido al presidente Alejandro Giammattei que renuncien ambos por el bien del pueblo de Guatemala, y ha pedido, entre otras demandas, que el presidente ejerza el veto presidencial ante el Decreto Legislativo 33-2020, donde se quiere aprobar este presupuesto totalmente desfinanciado, y que desparezca al llamado Centro de Gobierno, instancia que dirige un amigo intimo del actual mandatario y que ha sido cuestionado por su presunta vinculación con actos al margen de la ley y hechos de corrupción.

El presidente desconoce el verdadero objetivo del descontento social, siendo un tema de corrupción, cleptocracia, pésima administración pública y no de ideologías políticas como quieren pintarlo

Una turba enfurecida y que se cree que eran infiltrados de las fuerzas del gobierno central se hicieron presente en la manifestación e incendiaron las instalaciones del Congreso de la República, caso que ahora se somete a investigación en el Ministerio Público para dar con los responsables, ya que existen indicios que esto fue provocado por el mismo gobierno para deslegitimar la manifestación. Las protestas fueron reprimidas con el uso de fuerza y se notó que las fuerzas de seguridad no respetaron a nadie. En ese sentido,

Ante la crisis institucional que atraviesa el gobierno de Guatemala, Axel Cirim, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (STUSC) y coordinador de las afiliadas a la ISP en Guatemala, manifiesta: “Parece que el presidente de Guatemala no entendió durante 13 años que duró su campaña política que su estadía en el poder debe de ser para el pueblo y por el pueblo. La crisis institucional provocada por su soberbia y falta de capacidad para gobernar, lo han llevado a cometer el más grave error que todo gobernante puede hacer; atacar una manifestación pacifica, donde niños, mujeres, familias enteras y personas de la tercera edad solicitaban su renuncia a la primera magistratura", dice.

"Él no representa la unidad nacional, en su ceguera nunca se imaginó la cantidad de guatemaltecos descontentos y organizados, y a la fecha el presidente desconoce el verdadero objetivo del descontento social, siendo un tema de corrupción, cleptocracia, pésima administración pública y no de ideologías políticas como quieren pintarlo”, concluye.

En efecto, ante los reiterados abusos cometidos por diversos funcionarios públicos en cuanto al tema de violación a los derechos laborales, derechos humanos, actos de corrupción y abuso de autoridad, acompañados por los diversos sectores dominantes del país, el pueblo de Guatemala se cansó de soportar esta situación, y el presupuesto 2021 fue el detonante.

Pero la verdad es que no es solo por el presupuesto, sino también por protestar contra la corrupción, el nepotismo, la narcopolítica, el llamado pacto de corruptos (que son las alianzas entre diferentes partidos políticos para asegurarse inmunidad), la cooptación de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, el abuso de autoridad, la incapacidad, el robo descarado de nuestros recursos públicos, la violencia tutelada por el mismo Estado.

Contra todo esto y más, se está revelando la sociedad guatemalteca, por eso decimos que en Guatemala suenan vientos de democracia, y que la comunidad internacional ahora más que nunca debe demostrar su solidaridad con este sufrido, pero valiente pueblo.