Evi Krisnawati, de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Farmacéuticos y Sanitarios (FSP FARKES), afirmó que "esta decisión ofrece protección a los trabajadores del sector de la salud, vulnerables a los bajos salarios, los contratos cortos y la externalización".

Entre las victorias para lxs trabajadores recogidas en la sentencia se encuentran:

• restablecimiento de los salarios mínimos sectoriales y de los consejos salariales regionales para fijar nuevas normas salariales que tengan en cuenta el coste de la vida y las condiciones económicas locales

• obligación de que las empresas elaboren escalas salariales estructuradas, teniendo en cuenta la experiencia y cualificación de lxs empleados

• las indemnizaciones por despido de lxs trabajadores deben tener prioridad sobre los acreedores en caso de quiebra de la empresa

• exigencia de negociaciones bipartitas en torno al despido, con pago de los salarios de lxs trabajadores durante el proceso de disputa

El caso, presentado por una coalición de afiliados de la ISP, representa la segunda victoria reciente del Tribunal Constitucional, tras la sentencia de 2017 contra la privatización del agua. Los sindicatos están centrando ahora sus esfuerzos en derrotar una propuesta de privatización de la electricidad que se presentará ante el tribunal a finales de este año.

En enero, la ISP convocó un taller con más de 60 dirigentes sindicales indonesios, en el que afiliadas de todo el mundo compartieron historias de lucha y estrategias para derrotar la privatización. El participante Andy Wijaya, del sindicato de la electricidad IPTP, declaró: "Sé que me sentiré muy culpable si no hago nada para detener la privatización y nuestros hijos tienen que pagar precios de la electricidad por las nubes".

Sindicatos por la Democracia Energética, que la ISP ayudó a poner en marcha, también aportó su testimonio experto al Tribunal, destacando el aumento de los costes, la precariedad y la reducción de la supervisión gubernamental resultantes de la privatización y la necesidad de mantener los servicios públicos en manos públicas para impulsar la transición ecológica.

Muhammad Abrar Ali, Presidente General de SP PLN Persero, acogió con satisfacción la decisión. "Apreciamos que el Tribunal Constitucional se haya puesto del lado de la protección de lxs trabajadores", declaró.

Sin embargo, añadió, aún quedan por resolver otras cuestiones. La decisión sobre el subgrupo de la electricidad está pendiente. El fallo en ese sector tendrá un impacto significativo en el bienestar de la comunidad en su conjunto, porque la electricidad es una necesidad primaria.

Preocupa la posibilidad de que se liberalice el sector eléctrico. Andy Wijaya, Secretario General de Persatuan Pegawai PT PLN Indonesia Power (PP-IP), sindicato que trabaja por una transición energética justa, destacó que la privatización del sector eléctrico suprimirá los derechos de lxs trabajadores y debilitará el control estatal sobre la soberanía energética nacional. Subrayó que la transición energética es un proceso que no puede detenerse ni terminarse. Los sindicatos deben hacer campaña para garantizar que la transición energética se produzca por la vía pública, gestionada y financiada por el gobierno.

"El Estado debe desempeñar el papel de principal gestor del sector energético, garantizando un acceso asequible, sostenible y justo a la energía para todxs. De este modo, el gobierno podrá mantener el pleno control sobre los recursos energéticos, al tiempo que protege a lxs trabajadores de repercusiones negativas como despidos o disminución de la calidad del trabajo debido al dominio de los inversores privados, más orientados al lucro", afirmó.

Andy subrayó que la lucha no ha terminado. La transición energética debe tener en cuenta la justicia social, no sólo los aspectos medioambientales.

"Acogemos con satisfacción la decisión del Tribunal Constitucional de anular algunas disposiciones del grupo de empleo. Sin embargo, seguimos esperando una decisión sobre el subgrupo de la electricidad, que es crucial para garantizar que la transición energética se gestiona de forma justa y permanece bajo control público", dijo.

Añadió que los resultados de la decisión del Tribunal Constitucional afectarán a la aplicación de la transición energética porque repercutirán en la financiación de la transición.