Por décadas, el cuidado fue una tarea invisible. Una labor esencial sostenida casi en silencio por millones de mujeres en los hogares, en los barrios, en los servicios públicos y en las redes comunitarias. La pandemia vino a desnudar esa realidad con crudeza: sin cuidados no hay vida, no hay economía, no hay sociedad posible. Fue en ese contexto donde el debate sobre los cuidados se instaló con fuerza en Chile y en el mundo, empujado por el movimiento feminista, las organizaciones sociales y sindicales y una agenda internacional que exigía reconocer, redistribuir y garantizar el derecho al cuidado.

En ese proceso, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) jugó un rol decisivo al posicionar globalmente el Manifiesto de las 5R de los Cuidados —Reconocer, Reducir, Redistribuir, Recompensar y Reivindicar— como una hoja de ruta para transformar estructuralmente la organización social del cuidado. En Chile, el Comité de Mujeres de la ISP tomó esa bandera y la convirtió en acción política concreta, instalando el cuidado como un derecho humano y como una responsabilidad indelegable del Estado.

Con la aprobación unánime en el Senado del Proyecto de Ley de Apoyos y Cuidados, Chile dio este 14 de enero un paso histórico hacia la construcción de un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Para el Comité de Mujeres de la ISP, no se trata sólo de una victoria legislativa sino de la coronación de años de incidencia política, organización sindical y disputa cultural que lograron poner los cuidados en el centro del debate público.

La ley fue aprobada con un amplio consenso transversal, reflejando que el cuidado dejó de ser un asunto privado para convertirse en una política de Estado. El texto reconoce explícitamente el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, y establece un sistema orientado a promover la autonomía, la vida independiente y la prevención de situaciones de dependencia a lo largo del ciclo de vida. Además, crea una arquitectura institucional destinada a coordinar políticas y servicios públicos en áreas como salud, protección social, discapacidad, niñez y personas mayores, superando la histórica fragmentación de las políticas sociales.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó durante la tramitación que la iniciativa “permite reconocer el cuidado como un derecho social y avanzar hacia un sistema público que acompañe a las personas en todas las etapas de la vida, con una mirada territorial y de género”. Por su parte, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, subrayó que “este proyecto representa un cambio estructural en la forma en que el Estado asume la organización social del cuidado, enfrentando una de las principales fuentes de desigualdad entre hombres y mujeres".

Del diálogo social a la incidencia sindical

El proyecto reconoce que el cuidado ha sido históricamente invisibilizado y no remunerado, realizado mayoritariamente por mujeres, y consagra el principio de corresponsabilidad social entre el Estado, las familias, las comunidades y otros actores sociales. En este sentido, la ley constituye un cambio de paradigma: cuidar deja de ser una carga individual y se transforma en una responsabilidad colectiva y pública.

El camino hacia esta aprobación no fue espontáneo. Entre abril y junio de 2023, el Gobierno de Chile, con el apoyo de ONU Mujeres, impulsó los diálogos nacionales, un proceso participativo masivo que convocó a más de 12.000 personas en todo el país, incluyendo encuentros autoconvocados por organizaciones sociales, juntas de vecinos, sindicatos y grupos de interés. El Comité de Mujeres de la ISP participó activamente en este proceso, organizando deliberaciones sindicales y sistematizando propuestas desde la experiencia concreta de las trabajadoras del sector público, de la salud, de la justicia, de la administración central y de los municipios.

Paralelamente, el Comité desplegó una estrategia sostenida de incidencia entre 2023 y 2025. A través del podcast “Hablemos de Cuidados”, de foros nacionales con autoridades y parlamentarios, de escuelas sindicales sobre economía del cuidado y de reuniones de lobby con autoridades y legisladores, logró instalar el tema en la agenda sindical y política. Su participación directa en las comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado permitió incorporar una mirada desde el mundo del trabajo en los servicios públicos y el rol del Estado en la provisión del sistema de cuidado en el debate legislativo.

Desde el inicio, la ISP defendió una posición clara en la discusión del Sistema Nacional de Cuidados. Sus demandas se centraron en el reconocimiento del cuidado como un derecho humano garantizado universalmente, en los derechos laborales, protección social y salarios dignos para quienes cuidan, o dicho de otra manera, en el trabajo decente para las trabajadoras remuneradas del sector; en el rol central del Estado en la provisión, coordinación y financiamiento del sistema; y en la necesidad de limitar la mercantilización del cuidado, evitando que la lógica del lucro capture un derecho social fundamental y profundice las desigualdades.

Para el sindicalismo del sector público, el cuidado no es sólo una política social, es parte del trabajo reproductivo que sostiene la economía y la democracia. Colocar el cuidado en el centro implica cuestionar la división sexual del trabajo, redistribuir responsabilidades entre Estado, las comunidades, las familias y el sector privado como complemento, y construir un nuevo pacto social basado en la sostenibilidad de la vida.

Para Sandra López, integrante del Comité de Mujeres de la ISP Chile y vicepresidenta de la Mujer de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la aprobación de esta ley “es un hito histórico para las trabajadoras del sector público y para todas las mujeres que han sostenido el cuidado sin reconocimiento ni derechos". Este sistema no solo visibiliza el trabajo de cuidado, sino que abre la puerta a políticas concretas que redistribuirán el cuidado y reconocerán el trabajo de millones de mujeres que han sido invisibilizadas por décadas. El desafío ahora es que esta ley se implemente con recursos públicos suficientes y con trabajo decente para quienes cuidan”, señaló.

En palabras de Nayareth Quevedo, secretaria subregional de la ISP para los países del Cono Sur, la aprobación de esta ley “marca un antes y un después en la forma en que Chile reconoce el cuidado como un derecho social y una responsabilidad pública”.

“Esta ley es fruto de la lucha de miles de mujeres trabajadoras que durante décadas sostuvieron la vida sin reconocimiento ni derechos. Desde la ISP hemos defendido que el cuidado es un derecho humano y que el Estado debe garantizarlo con servicios públicos de calidad y con trabajo decente para quienes cuidan. Este es un triunfo de nuestras afiliadas y de la organización colectiva”, afirmó.

Una victoria nacional con impacto global

La aprobación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados no cierra el debate, sino que abre una nueva etapa política. La implementación exigirá financiamiento público sostenido, institucionalidad robusta, coordinación intersectorial y participación social permanente. Para la ISP, el desafío será vigilar que la expansión del sistema no se traduzca en precarización laboral, sino en empleo público de calidad, con carrera funcionaria, negociación colectiva y condiciones laborales dignas. También será clave evitar que el cuidado se convierta en un nicho de negocio desregulado, reproduciendo desigualdades territoriales y socioeconómicas.

Desde la Internacional de Servicios Públicos, la experiencia chilena es observada como un referente regional y global. En un contexto internacional donde los sistemas de cuidado siguen siendo fragmentados y altamente privatizados, la aprobación de esta ley posiciona a Chile como uno de los países que avanza hacia una arquitectura pública del cuidado, alineada con las recomendaciones de la OIT, ONU Mujeres y los compromisos multilaterales en materia de igualdad de género y trabajo decente.

La ISP ha insistido en que los cuidados deben ser un pilar del Estado de bienestar del siglo XXI, y que su organización no puede quedar supeditada a la lógica del mercado. En este sentido, la aprobación de esta ley refuerza la incidencia global del sindicalismo del sector público y fortalece la agenda internacional de cuidados impulsada por la ISP en foros multilaterales, conferencias regionales y espacios de negociación política.

La aprobación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados es, en definitiva, una victoria de las trabajadoras del sector público y de todas quienes han sostenido la vida en silencio. Hoy, ese trabajo comienza a ser reconocido como una pieza central de la economía, de la justicia social y de la democracia. Y para la Internacional de Servicios Públicos, este avance confirma que la lucha por los cuidados es, también, una lucha por el futuro del trabajo, por la igualdad sustantiva y por un nuevo contrato social centrado en la dignidad humana.