En 2016, bajo la presión de sindicatos y activistas, la Comisión Europea argumentó que un acuerdo fiscal preferencial concedido a Apple por el gobierno irlandés representaba una ayuda estatal ilegal en virtud de la legislación de la UE. La Comisión calculó que el importe total de la ayuda ilegal que debía recuperarse ascendía a 13.000 millones de euros. Tras una larga y compleja batalla legal emprendida por Apple, el Tribunal de Justicia de la UE ha confirmado ahora la decisión de la Comisión.

Irlanda ha concedido durante décadas a Apple y a otras grandes empresas un trato fiscal especial y favorable, permitiendo a Apple registrar formalmente en Irlanda grandes cantidades de lucros mientras que la actividad económica real se desarrollaba en su mayor parte en otros países. Este régimen se basaba en el uso artificial de los derechos de propiedad intelectual, a través de los cuales las entidades de Apple de todo el mundo pagaban grandes tasas a Irlanda. En Irlanda, el tipo aplicable era extremadamente bajo, lo que permitía al grupo Apple reducir su factura fiscal en todo el mundo, privando a los países con impuestos más elevados de unos ingresos públicos muy necesarios.

Esta victoria de la Comisión Europea contra Apple debe acogerse con satisfacción en principio, ya que las grandes empresas e Irlanda tendrán que revisar a fondo algunos de sus sistemas fiscales más agresivos. Sin embargo, la cantidad de ingresos fiscales que este plan permitió eludir a Apple no se devolverá a donde corresponde (es decir, donde se encuentran lxs trabajadores que produjeron la riqueza o donde se produjeron realmente las ventas). Sobre todo, esta larga y costosa batalla legal demuestra lo inadecuadas que son las normas actuales para evitar la evasión fiscal. Por un caso de gran repercusión que se gana, ¿cuántos no se llevan nunca a los tribunales?

La ISP y la FSESP han estado a la vanguardia de la denuncia de la evasión fiscal de las empresas a nivel europeo. En 2015, publicamos un informe sobre los asuntos fiscales de McDonald's en colaboración con afiliadas de Estados Unidos y de toda la UE y, más recientemente, ayudamos a sacar a la luz cómo los grupos de presión fiscal habían redactado las posiciones de los gobiernos sobre la reforma fiscal. La campaña fiscal de las afiliadas a la ISP fue clave para empujar a la UE a implantar una forma limitada de información país por país.

Pero la Comisión Europea debe abordar la enfermedad subyacente en lugar de limitarse a tratar los síntomas. Por ello, las afiliadas a la ISP están liderando la lucha por una profunda reforma de las normas fiscales mundiales. Hay una necesidad urgente de revisar las normas actuales sobre precios de transferencia hacia un enfoque de imposición unitaria , que es la única manera de gravar eficazmente a los actores globales como Apple. Para ello es necesario ejercer presión política sobre los 27 Estados de la Unión Europea y la Comisión, que se enfrentan a fuertes presiones de las empresas para oponerse a la reforma en la ONU y otros foros.