“El desarrollo económico de las mujeres es un motor de crecimiento”, afirmó Christina McAnea, secretaria general de UNISON - sindicato afiliado a la ISP - durante el evento paralelo “Avanzando en el empoderamiento económico de las mujeres: facilitando  soluciones lideradas por empresas para alcanzar la Igualdad de Género”, organizado por el gobierno del Reino Unido en el marco del 69º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW69). 

En su intervención, McAnea abordó los desafíos estructurales que enfrentan las mujeres trabajadoras en el sector público y la necesidad de que los gobiernos adopten políticas concretas para garantizar su estabilidad laboral y económica. Destacó que, si bien el sector privado tiene un papel en la generación de empleo, son los servicios públicos los que han demostrado ser esenciales para la autonomía económica de las mujeres. “La ISP está trabajando con gobiernos y, cuando es posible, con empresas, para cambiar el estatus de las personas que brindan servicios públicos esenciales. Estas personas son, en su mayoría, mujeres. Y una de las razones por las que impulsamos este cambio es porque sabemos que el desarrollo económico de las mujeres impulsa el crecimiento”, afirmó. 

McAnea subrayó la importancia de garantizar empleo decente para las trabajadoras del sector público, asegurando que cuenten con estabilidad y salarios justos. “Si empoderas a las mujeres con bajos salarios, brindándoles un empleo decente, estabilidad en su entorno de trabajo y un salario digno, dejas atrás la precariedad de los contratos de cero horas. Y si les das esa estabilidad, entonces se convierten en un motor para la economía local”, explicó. 

Según la secretaria general de UNISON, invertir en condiciones laborales dignas para las mujeres trabajadoras no solo es una cuestión de justicia social, sino también una estrategia económica inteligente. “Para las trabajadoras con bajos ingresos, entre el 60 y el 70% de su salario se gasta en sus comunidades. Compran en tiendas locales, llevan a sus hijos a servicios cercanos, acceden a bienes y servicios de su entorno inmediato. Esa estabilidad impulsa la economía local y genera crecimiento sostenible”, enfatizó. 

El fracaso de la responsabilidad corporativa voluntaria

Otro de los puntos clave de la intervención de McAnea fue la falta de eficacia de los compromisos voluntarios por parte del sector privado en la promoción de la equidad de género. “Debe haber un reconocimiento global de que depender de acuerdos voluntarios no está funcionando bien, y creo que hemos visto eso claramente”, sostuvo. 

Desde la ISP, se ha denunciado que la responsabilidad social empresarial, cuando no está respaldada por regulaciones vinculantes, no ha logrado transformar de manera sustancial las condiciones de vida y laborales de las mujeres. “La responsabilidad corporativa voluntaria, en su mayoría, ha fracasado. Y cuando miramos lo que ha sucedido con las mujeres y niñas en términos de su entorno laboral, debemos reconocer que necesitamos que el gobierno del Reino Unido y otros impulsen algún tipo de tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos”, argumentó. 

Para McAnea, la única forma de garantizar que las empresas cumplan con sus compromisos en materia de equidad de género y derechos laborales es a través de mecanismos de regulación y financiamiento adecuados. “Si queremos construir una verdadera responsabilidad corporativa y asegurar su cumplimiento, la única manera de hacerlo es garantizando que haya recursos financieros suficientes para sostenerlo. Y eso nos lleva, inevitablemente, a la cuestión de la tributación”, explicó. 

En este sentido, advirtió sobre la necesidad de que los gobiernos exijan una mayor contribución de las grandes corporaciones para financiar políticas públicas que beneficien a las mujeres trabajadoras. “Si estás tratando de integrar la responsabilidad empresarial en el sistema y hacer que sea gobernada de alguna manera, la única forma de lograrlo es si tienes los recursos para implementarlo. Y eso nos lleva directamente al tema de los impuestos. Sin una estructura fiscal justa, no podemos sostener servicios públicos de calidad ni garantizar empleos dignos para las mujeres”, subrayó. 

Los servicios públicos como clave para la equidad económica

McAnea fue categórica al afirmar que la única forma de garantizar la igualdad económica de las mujeres es a través del fortalecimiento de los servicios públicos y la creación de empleos estables y bien remunerados. “La única manera de abordar los problemas fundamentales del crecimiento económico de las mujeres es asegurarse de que existan buenos servicios públicos y que haya buenos empleos disponibles para ellas”, señaló. 

Desde la ISP, se ha impulsado una agenda global que promueve la inversión en salud, educación, cuidado infantil y otros servicios esenciales como una estrategia clave para reducir las desigualdades de género. McAnea reiteró que los gobiernos deben asumir un rol activo en la protección de los derechos laborales de las mujeres y en la generación de oportunidades económicas que permitan su desarrollo. “Gran parte de esto depende de que los gobiernos inviertan en servicios públicos sólidos. No podemos esperar que el mercado por sí solo resuelva estos problemas. Necesitamos que los Estados asuman su responsabilidad y garanticen condiciones de trabajo dignas para las mujeres”, afirmó. 

El evento, que contó con la participación de Mary Macleod, exmiembro del Parlamento del Reino Unido; Gillian Unsworth, subdirectora de la División de Igualdad de la Mujer de Inglaterra; y Harriet Harman, enviada especial para mujeres y niñas, puso en evidencia la urgencia de adoptar políticas públicas efectivas para cerrar las brechas de género en el ámbito laboral y económico.