Esta legislación surgió después del caso de la empresa Pelephone, que intimidó a sus empleados y trató de evitar que se organicen. El tribunal dictaminó que la empresa no debe:

• supervisar a sus empleados a través de la elaboración de listas de miembros del personal que se adhieren a un sindicato, o
• dar su opinión con respecto a la sindicalización de los empleados;
• aconsejar sobre los inconvenientes causados por la sindicalización de sus empleados;
• vigilar a los empleados que ejercen su derecho a organizarse.

El tribunal declaró que la empresa no debe organizar reuniones individuales con los empleados sobre el derecho a la libertad de asociación, o distribuir cualquier mensaje en contra de esta práctica a través de otros medios de comunicación.

El presidente de la división sindical de Histadrut, Nissenkorn Avi, dijo que el Tribunal ha confirmado que "la decisión de afiliarse a una organización sindical o de formar un comité de trabajadores depende únicamente de los trabajadores, sin tener que tomar en cuenta los deseos u opiniones de sus empleadores."

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