La renta básica universal ha captado el interés de muchas personas de todas las tendencias políticas, desde multimillonarios del ámbito tecnológico a líderes socialistas. Este mecanismo, que otorgaría a todos los ciudadanos, independientemente de sus ingresos o de su condición laboral, pagos periódicos en efectivo suficientes para mantenerse, se está promoviendo cada vez más como una política clave para mantener la estabilidad social y garantizar un nivel de vida digno.

Sin embargo, muchos en el movimiento sindical no saben bien cómo abordar este tema. Por tanto, nuestra central sindical, la Internacional de Servicios Públicos (ISP), ha colaborado con el think-tank británico New Economics Foundation (NEF) para elaborar un detallado análisis sobre el tema desde el punto de vista sindical. Tras analizar 14 ensayos de prueba que abarcan desde India a Alaska, el informe reveló que, aunque dichos ensayos de la renta básica universal aportaron una valiosa información sobre el trabajo y el bienestar, existen pocas pruebas que nos lleven a concluir que la renta básica constituye la mejor herramienta para abordar los principales retos de nuestra época: la desigualdad, la redistribución de la riqueza, el trabajo precario y la digitalización.

Lo que sí demostraron estos estudios es que otorgar pagos en efectivo a los más pobres ayuda a mejorar sus vidas y no aumenta el gasto derrochador ni la dejadez como quieren hacernos creer muchos políticos de derechas. Esto constituye un elemento sólido para defender el argumento de que nuestro sistema de bienestar social necesita una reforma: tenemos que acabar con los sistemas basados en medidas punitivas y con la demonización de los pobres.

Sin embargo, el gasto público tiene que ver inevitablemente con elegir. Y si se compara con financiar unos mejores servicios públicos universales de calidad, la renta básica universal no sale bien parada. Entregar pagos en efectivo a una madre soltera para que se valga por sí misma en un mercado inflado de la vivienda no es tan efectivo como ofrecerle una vivienda pública de calidad. Dar a la gente más dinero para que llene el depósito de su automóvil no es tan progresista como ofrecer un transporte público gratuito.

Cuando se trata de la renta básica universal, es poco probable que los modelos universales y suficientes sean asequibles y los modelos que son asequibles no suelen ser universales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que el coste medio global de la renta básica universal como porcentaje del PIB sería del 32,7%. El actual gasto público global asciende de media al 33,5% del PIB.

Unos servicios públicos mejor financiados

Hasta que no consigamos aumentar drásticamente los ingresos públicos (algo contra lo que han estado luchando los millonarios con uñas y dientes), entonces está claro que cualquier programa de renta básica universal requerirá la aplicación de unos enormes recortes en los principales servicios públicos, incluidas la educación, la sanidad y la infraestructura. Aunque muchos en el movimiento a favor de la renta básica hacen hincapié en la reducción de los costes administrativos y las medidas preventivas que generaría, existen pocas pruebas de que sean suficientes para sustentar la renta básica si se tienen en cuenta las grandes cantidades de fondos que todavía se necesitarían para financiar la sanidad, la educación y la infraestructura públicas.

El hecho es que los servicios públicos gratuitos, como la sanidad y la educación, constituyen una de las armas más potentes en la lucha contra la desigualdad. Benefician a todos en la sociedad, pero sobre todo a los más pobres. Según la OCDE, los servicios públicos universales proporcionan a los más pobres el equivalente a un 76% suplementario de sus ingresos una vez deducidos los impuestos y son de un marcado signo progresista.

Además, una renta básica universal no podría existir en un vacío político. Una vez aplicada, las obligaciones del Estado, en gran parte, se cumplirían, señalan algunos. Entonces, los ciudadanos consumidores podrían adquirir ‘productos de servicios’ en el mercado libre. Por tanto, no resulta sorprendente que muchos de los impulsores más famosos de la renta básica universal sean multimillonarios del ámbito tecnológico de Silicon Valley, como Mark Zuckerberg y Elon Musk.

Estos alegan que la automatización pronto hará que la renta básica sea esencial. Sin embargo, los avances tecnológicos y la desigualdad no se escapan del control humano. El aumento del empleo precario –a menudo descrito como ‘la uberización del empleo’– con frecuencia se ha debido a que las grandes corporaciones (como Uber) se han saltado las normas laborales y no a la aplicación de algún nuevo avance tecnológico. En este sentido, la renta básica universal se puede considerar una capitulación ante la liberalización y la explotación y de ninguna manera una solución ante las mismas.

Aunque muchos puestos de trabajo se automatizarán, esto no significa que ‘el trabajo’ vaya a desaparecer. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para 2035 el planeta tendrá un déficit de 12,9 millones de trabajadores de la sanidad. Y en 2030, numerosos países tendrán que contratar a 69 millones de docentes.

Para acabar con la pobreza y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible hará falta una gran cantidad de puestos de trabajo con un resultado socialmente beneficioso para los que el mercado por sí solo no aportará fondos de financiación, ni siquiera con una renta básica universal.

Muchos de los defensores de la renta básica universal están planteando cuestiones sumamente importantes que no deberían ignorarse: tenemos que acabar con los sistemas punitivos de asistencia social. Tenemos que impedir que los multimillonarios del ámbito tecnológico y los ricos se lleven el dinero a los paraísos fiscales. Tenemos que redistribuir el poder, la riqueza y los recursos.

Pero una renta básica universal sin servicios públicos sería un paraíso para los neoliberales. Cuando consigamos generar la voluntad política para recaudar los considerables fondos adicionales que se necesitan para luchar contra la desigualdad, sin duda nuestra principal prioridad debería ser financiar la sanidad, el transporte, la vivienda y la educación públicas.

Unos servicios públicos gratuitos y universales de calidad son una demanda radical por la que merece la pena luchar. A los progresistas del movimiento a favor de la renta básica universal les decimos: ganemos esta batalla primero.