La ejecución del plan estratégico de ENEL para los próximos dos años incluye la venta de activos por 21.000 millones de euros y su salida total de Argentina y Perú. La multinacional italiana intenta reducir su deuda y centrarse en las energías renovables y planea consolidar su posición en grandes mercados, entre ellos los de Brasil, Chile y Colombia. Pero la inestabilidad provocada entre lxs trabajadorxs argentinxs y peruanxs va a repercutir también entre lxs brasileñxs, colombianxs y chilenxs.

La empresa quiere vender su distribuidora de energía en Ceará, Brasil, (generación de gas) en 2023, priorizando el mercado de los grandes centros como Río de Janeiro y São Paulo y en renovables. ENEL acaba de vender su empresa chilena de transmisión por 1.390 millones de dólares al Grupo Saesa, el mayor distribuidor de electricidad del sur de Chile. Una empresa que pertenece los fondos de pensiones de lxs trabajadorxs canadienses (Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) y Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), con una participación del 50% cada uno).

Solamente los activos peruanos, valorados en 5.000 millones de dólares, atraerán, sin duda, el interés de los inversores estratégicos y fondos de inversión. Así que, por supuesto, lxs trabajadorxs peruanxs están preocupadxs por su futuro. Este nivel de inestabilidad e inseguridad afecta directamente a lxs trabajadorxs, a sus familias y a toda su comunidad. Representa una prueba más del fracaso total del actual modelo de generación y distribución de energía. Las corporaciones son incapaces de equilibrar las necesidades sociales de la comunidad y las necesidades del medio ambiente con sus imperativos de maximizar su lucro. A pesar de todas las inversiones e instalaciones de energías renovables, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero siguen aumentando. ¿Cómo podemos planificar el cambio esencial del sistema necesario para reducir las emisiones y garantizar una transición justa para lxs trabajadorexs y la sociedad en el contexto de este nivel de volatilidad?

No nos vamos a quedar sentados esperando a ver qué pasa. La ISP está trabajando para conectar las luchas de lxs trabajadorxs, sus familias y sus comunidades por servicios públicos de salud, agua, saneamiento y energía de calidad. Luchamos para un mundo en el que la energía pública limpia llegue a nuestros hogares y se gobierne en el interés público. Luchamos para mundo en el que estos servicios esenciales se proporcionen a todxs, independientemente de su capacidad de pago.  Luchamos para mundo en el que lxs trabajadorxs que prestan estos servicios puedan vivir con dignidad, respetando sus derechos de seguranza y salud, sus derechos sindicales y las condiciones de empleo de calidad en general. Si bien los servicios públicos pueden parecer una cuestión local, su calidad y gobernanza está directamente vinculada a las políticas y cuestiones mundiales. Es absolutamente necesario cuestionar las instituciones mundiales y regionales que imponen políticas de privatización o austeridad.

La ISP tiene una red de sindicatos en toda América Latina que representan a lxs trabajadorxs del sector energético que incluye a sindicatos de 14 países. Lo que escuchamos de nuestrxs compañerxs de toda la región es que, en la década del 90, comenzó en nuestra región un proceso de cambio hacia un modelo económico neoliberal inédito, que generó terribles cambios sociales y económicos en la sociedad, se desmonta la estructura del estado y deja en manos del mercado todos los procesos de desarrollo de la sociedad. Este sistema se mantiene hasta la actualidad y ha demostrado ser contraproducente al desarrollo de la sociedad.

Sin embargo, con demasiada frecuencia los servicios públicos se privatizan y deriva en un aumento de las tarifas para la población, una disminución de la rendición de cuentas y una gobernanza sin democracia. Vemos que los apagones aumentan en toda la región – se produce porque las empresas privadas de electricidad deciden maximizar las ganancias tomando el riesgo de configurar una red insegura de transporte eléctrico, esto genera que una pequeña falla produzca el colapso total del sistema interconectado. Y cuando todo va mal, lxs trabajadorxs del sector público son llamadxs a limpiar el desorden y a pagar la factura junto con la población.

Lxs compañerxs del sindicato afiliado a la ISP en Argentina, APSEE, están organizando una respuesta política que desafía la lógica del sistema actual. Aunque la venta de los activos de ENEL en el país seguramente atraerá a inversores y fondos extranjeros, como ocurre en toda la región, se están organizando para que la energía vuelva a estar bajo control público. La decisión de ENEL de salir del país crea un momento político que es también una oportunidad. El APSEE se está organizando en la base, hablando con lxs miembros y con el pueblo. También está apoyando un proyecto de ley para las empresas del grupo ENEL que presentaran en cámara de diputados y senadores para que la energía vuelva a estar bajo control público.

“Las preocupaciones son las que venimos sosteniendo hace años, desde la privatización que no solo van deteriorando los puestos de trabajo, el personal de obra calificado y generando prácticas antisindicales, como excluir personal de convenio y generar un vaciamiento de estamento APSEE para debilitar al sindicato, sino en su impacto directo que recae en la calidad del servicio público”, dijo Carlos Minucci, secretario general de APSEE.

El modelo neoliberal de desregulación, desagregación y privatización de la producción y distribución de electricidad ha fracasado. Ha fracasado para lxs trabajadorxs de la energía cuyos salarios, condiciones de trabajo y seguridad laboral son atacados, y cuyos sindicatos son a menudo desmantelados. Los servicios públicos esenciales, como el agua y la energía, deben funcionar en el interés público. Requieren inversiones a largo plazo y deben responder a las comunidades locales y al medio ambiente en lugar de a los accionistas extranjeros.

La buena noticia es que la tendencia está cambiando. Cientos de ciudades ya han elegido remunicipalizar su suministro de agua y energía y los sindicatos están desempeñando un papel clave en la lucha por el control público. Sabemos que estas batallas no pueden ganarse sin la participación de activistas y sindicatos locales. La ISP los apoya compartiendo las estrategias y los conocimientos de campañas de todo el mundo. Seguiremos ayudando a los sindicatos a resistir la privatización y a fomentar el retorno a la propiedad y la gestión pública.

Entendemos en la región - y en el mundo todo – que sólo cuando la energía se gestione como un servicio público podremos mejorar las condiciones de trabajo, la salud y la seguridad y cambiar a la economía más limpia y ecológica que necesitamos.