A casi un mes de protestas en las calles contra las políticas neoliberales del gobierno, durante la semana pasada el pueblo colombiano ha dado un importante paso en la resistencia contra el poder corporativo y la privatización de los bienes públicos: el proyecto de ley 010 de 2020 fue archivado en el Congreso por la presión de distintos sectores de la sociedad.

Aunque los sindicatos reconozcan que la actual Ley de la Salud (Ley 100 de 1993), que estableció el modelo de EPS (Empresas Promotoras de Salud), inspirado en el modelo de las ISAPRES de Chile, ha llevado a la privatización y deterioración de la calidad de la salud pública del país, la reforma planteada por el gobierno de Iván Duque profundizaría ese proceso, entregando sectores importantes de la salud del país a las manos de grupos empresariales.

El proyecto de Ley 010 contenía los siguientes cambios:

• Establecimiento de un modelo similar al de los EE.UU., donde además de pagar EPS, la población debería pagar pólizas adicionales por patología;

• El usuario tendría el deber de autocuidado. Si la EPS argumentara que "no se cuidó", el usuario debería pagar por su atención;

• Hospitales deberían hacer un ajuste financiero, y los que no muestren resultados serían liquidados (1.000 hospitales públicos han cerrado por este motivo recientemente);

• Los programas de vacunación y salud de los municipios y departamentos quedarían bajo el control y criterio de las EPS;

• Multinacionales podrían controlar la salud pública, tener total autoridad de precios y reglas del mercado;

• Acabarían los regímenes especiales de salud, incluyendo de los maestros;

• El Hospital Cancerológico, referencia en el país y que atende a quien no tiene recursos, cerraría sus puertas;

• El sistema público de salud estaría impulsado por premios y castigos otorgados por agentes del mercado.

El archivamiento del proyecto de ley 010 se suma a otras victorias de los movimientos sociales durante las últimas semanas, como el fin de la reforma tributaria regresiva y la salida del ministro de Economía y de Relaciones Exteriores.

Al mismo tiempo, se fortalecen las posiciones en favor de servicios públicos da calidad, menos inequidad y más justicia social. Los sindicatos y movimientos de la sociedad civil colombiana siguen luchando por la creación de una renta básica, la garantía de protesta social y para derrumbar el Decreto 1174, que introdujo una reforma pensional y laboral de manera solapada. En ese proceso, los sindicatos defienden una amplia reforma en la salud de Colombia, pero en el camino opuesto de la planteada por el gobierno, sin intermediación de las EPS, con más participación del Estado, más financiamiento público para una salud que sea universal, pública y de calidad. Para ello, se plantean incidir en la reglamentación de la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015.