El 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, nos solidarizamos con los 272 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, la mayoría de los cuales son trabajadorxs, en particular mujeres. Reconocemos que la migración es un fenómeno humano natural, es un rasgo constante de las civilizaciones. La globalización, las mejoras en las comunicaciones, la tecnología y el transporte conllevan la movilidad de las personas.

Sin embargo, es muy preocupante que gran parte de la migración actual se esté convirtiendo en migración forzada, con millones de personas desplazadas debido a conflictos y desastres.

Uno de los impactos más profundos del cambio climático es el desplazamiento forzado de la población. Se estima que, en los últimos diez años, más de 260 millones de personas han sido desplazadas a causa de desastres climáticos.

Sólo en la primera mitad de 2019, de los más de 10 millones de desplazamientos registrados en todo el mundo (IDMC, 2019), 7 millones fueron causados por desastres repentinos relacionados con el clima, como el ciclón Idai en el sudeste de África, el ciclón Fani en el sur de Asia, el huracán Dorian en el Caribe y las tormentas e inundaciones en Filipinas, Irán y Etiopía.

Se estima que los nuevos desplazamientos asociados a fenómenos meteorológicos extremos podrían triplicarse hasta alcanzar los 22 millones a finales de 2019.

Mientras tanto, los efectos de evolución lenta como las sequías y la desertificación siguen propagándose, lo que causa inseguridad alimentaria, escasez de agua y conflictos relacionados con los recursos, como los que se observan en el Oriente Medio y en el norte de África, la región del Lago Chad y el Cuerno de África.

Tras un descenso constante, el hambre en el mundo vuelve a aumentar, y más de 820 millones de personas padecen hambre en 2018 (OMM, 2019). No cabe duda de que los factores relacionados con el clima hacen que las comunidades sean vulnerables, en particular en los países en desarrollo que son los más afectados. La migración climática resultante requiere un enfoque holístico y una acción global.

COP25

En la recientemente concluida 25ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), celebrada en Madrid, fue una profunda decepción ver que muchos de los temas en negociación se pospusieron para nuevas negociaciones en 2020. Sin embargo, un resultado notable fue la adopción por los Estados miembros de la decisión de la COP25 sobre el Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños (WIM).

La decisión reconoce, entre otras cosas, que los gobiernos deben, al tomar medidas para hacer frente al cambio climático, respetar, promover y considerar sus obligaciones en materia de derechos de las personas migrantes. Además, se ordena en 2020 la creación de un grupo de expertos para mejorar la prestación de servicios y el apoyo a los países en desarrollo a fin de hacer frente a las pérdidas y los daños que puedan producirse, en particular en relación con los desplazamientos de la población provocados por el clima en los países en desarrollo. La decisión también establece la "Red de Santiago sobre Pérdidas y Daños" para apoyar la implementación de estas acciones.

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) considera esta decisión de la COP25 como una valiosa oportunidad para que los sindicatos de servicios públicos y el movimiento sindical en general, junto con nuestros aliados de la sociedad civil, exijan a los gobiernos de los países desarrollados y en desarrollo un enfoque de la migración climática basado en los derechos.

Rosa Pavanelli, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), dice:

"La ISP exige un enfoque basado en los derechos para hacer frente a la migración climática. Este enfoque basado en los derechos humanos se basa en dos pilares, a saber, la protección de los derechos humanos y la defensa de servicios públicos de calidad.

A medida que más y más personas se ven obligadas a emigrar debido a los impactos relacionados con el clima, la mayoría de ellas en busca de trabajo y oportunidades de sustento, hacemos un llamamiento a los gobiernos para que protejan los derechos humanos de todas las personas migrantes, independientemente de su situación.

Los gobiernos deben cumplir con su obligación de respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la formulación de las políticas de migración y en la protección de las personas refugiadas.

Al mismo tiempo, debemos seguir fomentando la preparación y la capacidad de recuperación de las comunidades, y esto puede lograrse garantizando servicios públicos de calidad para todxs. Un sector de servicios públicos bien financiado y en pleno funcionamiento que ofrezca bienes públicos, como la respuesta de emergencia, servicios de salud y sociales, el agua y el saneamiento, los servicios municipales y las infraestructuras públicas, entre otros, es crucial para hacer frente al cambio climático y sus efectos.

Lxs trabajadorxs de los servicios públicos, que están en primera línea en la lucha contra el cambio climático, lo saben muy bien. Cuanto mayor sea la capacidad de una comunidad para prestar servicios públicos de calidad a la población, mayor será su capacidad para adaptarse al cambio climático, evitar la emigración y gestionar de manera sostenible cualquier desplazamiento interno o migración interna que pueda producirse.

Esto va más allá de la adaptación y la respuesta a los impactos del cambio climático. Se trata de aportar un enfoque holístico. Se trata de proteger los derechos humanos, promover la igualdad y la inclusión y luchar contra el fascismo, el racismo y la xenofobia en nuestras sociedades".