Los trabajadores, miembros del Sindicato de Empleados de la Sanidad Pública y los Servicios Sociales (SES), afiliado a la ISP, formaban parte de un servicio voluntario de ambulancias que atendía a personas en sus sótanos durante un toque de queda del ejército de 79 días, de diciembre de 2015 a marzo de 2016. Las autoridades los acusan de ponerse del lado de los terroristas por intentar entrar en la zona para salvar vidas.

El toque de queda general, que restringió todos los movimientos en la ciudad, fue uno de los más largos de los tiempos modernos y formó parte de una acción más amplia del Gobierno turco contra los combatientes vinculados al PKK en la región. Más de 355.000 personas fueron desplazadas y al menos 338 civiles murieron.

Sadık Çayan Mulamahmutoğlu, uno de los acusados, describió cómo "como trabajadores sanitarios nos llamaban ciudadanos atrapados en los sótanos de Cizre, preguntándonos si podían beber su propia orina. Sus voces se retransmitían en directo por televisión, pero nadie respondía. Ese fue el momento en que supimos que teníamos que actuar". Mulamahmutoğlu y sus colegas reunieron un equipo de profesionales sanitarios voluntarios y viajaron a la región para prestar asistencia médica urgente.

A pesar de informar de su misión a las autoridades pertinentes, los trabajadores fueron detenidos por las fuerzas armadas turcas, se les restringió la prestación de asistencia y ahora se enfrentan a penas de prisión en virtud de la legislación antiterrorista, acusados de distribución de propaganda y pertenencia a una organización terrorista ilegal.

Entre los muertos durante el asedio había decenas de niños. Muchos otros civiles murieron por falta de servicios médicos. Las organizaciones de derechos humanos han documentado abusos generalizados durante el toque de queda, incluidas presuntas ejecuciones extrajudiciales y ataques contra civiles.

La Internacional de Servicios Públicos asistió al juicio como observadora de solidaridad internacional. Anteriormente, el gobierno turco no había respondido a las peticiones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de una investigación externa sobre la operación del ejército en la región. La primera vista del caso comenzó a las 09.00 horas del 28 de septiembre de 2018, ante el 3rd Assize Court de Mardin, ciudad del sudeste del país.

Hablando fuera de la audiencia, el responsable de salud de la ISP, Baba Aye, dijo: "El movimiento obrero de todo el mundo está con estos valientes trabajadores que se enfrentan a la cárcel por hacer su trabajo; ayudar a las personas necesitadas."

El Copresidente del SES, Gönül Erden, declaró: "Este caso judicial no sólo va dirigido contra nuestros colegas, sino también contra nuestros valores y responsabilidades profesionales como funcionarios de sanidad. En este caso hay un delito, pero los delincuentes no son nuestros colegas, sino quienes intentan enjuiciarlos".

Jan Willem-Goudriaan, Secretario General de la Unión Europea de Servicios Públicos(FSESP), declaró: "Las autoridades turcas deben dejar de perseguir a los sindicalistas y voluntarios que tratan de ayudar a los trabajadores y a la población de las ciudades afectadas por la violencia y en las que se han destruido los servicios públicos. Estamos con nuestros miembros por la solidaridad y la paz, queremos que sean absueltos de este juicio injusto."