Trabajadorxs judiciales de Paraguay protestan por el derecho de huelga

Dirigentes del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar), afiliado a la Internacional de Servicios Públicos (ISP), y Sindicato de Trabajadores de los Registros Público están desde el 24 de enero instalados al frente del Palacio de Justicia de Asunción, Paraguay, en protesta contra la ratificación de la ilegalidad de la huelga realizada en noviembre de 2019, por el aumento salarial del 20% y un mejor presupuesto para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para este año.

“Seguiremos firmes en la carpa de la resistencia hasta que tengamos un resultado que garantice la estabilidad laboral de los funcionarios”, expresó a la prensa el 10 de febrero Porfiria Ocholasky, secretaria general del Sifjupar.

En el video abajo, el secretario regional de la ISP Interaméricas Jocelio Drummond envía un mensaje de solidaridad a las/os trabajadoras/es judiciales de Paraguay:

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Mensaje de solidaridad de Jocelio Drummond a trabajadoras/es judiciales de Paraguay

Vea también el mensaje de Raúl Araya Castillo, primer vice presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Judiciales (CLTJ):

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Raúl Araya Castillo, de la CLTJ, habla sobre la lucha de trabajadores judiciales de Paraguay

El 28 de enero, la ISP envió una carta a la Corte Suprema en que manifiesta “su más absoluto rechazo a la declaración de ilegalidad de la huelga (…) por considerar que la medida atenta contra la libertad sindical y el derecho a huelga, consagrados en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en la propia Constitución de vuestro país”.

Descargue abajo la carta de la ISP:

El Sifjupar promovió el 31 de enero una acción de inconstitucionalidad contra la calificación de ilegalidad de la huelga realizada entre el 11 y 27 de noviembre. El escrito resalta que “los sindicatos han cumplido con todas las formalidades” y que se garantizaron los servicios básicos durante todo el tiempo que duró la huelga.

Las/os trabajadoras/es judiciales sufren además, fuerte persecución de parte del Colegio de Abogados del Paraguay, entidad que el 8 de febrero presentó a la Corte Suprema de Justicia un pedido formal para que se despidan a los funcionarios huelguistas.