Fueron 15 días de paro y movilización en medio de amenazas de represalias, multas e incluso un atentando a bomba contra el líder del movimiento huelguista. Pero la resistencia de los trabajadores y trabajadoras de la Autarquía de Mejoramientos de la Capital (COMCAP), empresa pública de limpieza urbana de Florianópolis, capital de Santa Catarina, Brasil, rindió sus frutos: la suspensión de las medidas de retaliación a los participantes de la huelga y al Sindicato de los Servidores Públicos Municipales de Florianópolis (SINTRASEM), además de la apertura de negociaciones sobre sus demandas.

Ahora, la lucha es por revertir la mayor cantidad de puntos posible de la ley complementaria 706/2021, aprobada por el Concejo Municipal de Florianópolis el 26 de enero, que prevé cambios en la estructura administrativa del municipio, incluido un nuevo modelo de gestión de la COMCAP y la anulación de beneficios de sus trabajadores y trabajadoras.

“La ley aprobada altera un acuerdo colectivo vigente en una serie de derechos, ocasionando pérdidas salariales. Fuimos a la Justicia a cuestionar la ley. El acuerdo colectivo de trabajo, además de estar incorporado a los contratos individuales de trabajo cuando la empresa pasó a la autarquía en 2017, es una ley superior a una ley orgánica municipal”, señala Renê Marcos Munaro, presidente del SINTRASEM, que representa a los trabajadores y trabajadoras de la COMCAP. “Desde el punto de vista de la COMCAP, la ley abre la posibilidad de tercerizar servicios. Ahora hay una autorización legal para ello”, enfatiza.

La empresa COMCAP tiene 48 años y mantiene una plantilla de 1,5 mil empleados y empleadas. Jucelia Vargas, directora de la Federación de los Trabajadores Municipales de Santa Catarina (FETRAM-SC), explica que, a lo largo de todos estos años de trabajo bien realizado y continuo, la compañía ha generado un vínculo con la población de la ciudad. “O sea, una empresa pública en la que hay concurso público asegura que esos servidores y servidoras se cualifiquen en servicio y creen un vínculo con la sociedad. Y es eso lo que el actual alcalde ha intentado desconstruir, privatizar. Pero como la población está totalmente en contra, él ha creado algunas situaciones para la contratación de empresas con valores muy por encima de lo que se gasta con la empresa pública y, como si no bastara, envió al Concejo Municipal un proyecto para quitarles derechos a esos servidores”.

La huelga tuvo inicio el 18 de enero y siguió incluso después de la aprobación del Proyecto de Ley enviado al Concejo Municipal tres días antes por el alcalde Gean Loureiro (del partido Democratas), que retiraba las sanciones contra los huelguistas y el sindicato. “La huelga fue criminalizada durante todos los días, tanto por la prensa como por el Poder Judicial. Multas abultadas, bloqueo de cuentas del sindicato, auditoría, propuesta de intervención para suspender el secreto bancario de las cuentas del sindicato, bloqueo de cuentas personales de dirigentes, incluso de patrimonio. Fue un proceso muy intenso, y al final se abrió el proceso de despido para huelguistas. Fue un ataque muy duro contra la libre organización sindical y con prácticas antisindicales que hieren el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, denuncia Munaro.

Según José Eymard Loguercio, abogado experto en Derecho Colectivo del Trabajo, que acompañó la huelga, “lo que se vio en Santa Catarina fue el ejercicio del poder contra los derechos sindicales internacionales y constitucionales. Es sencillo. Cuando se establecen condiciones de ejercicio de un determinado derecho y se imponen multas, se determina el secuestro de bienes, se anticipan condenas sin el debido proceso legal, lo que se está haciendo en la práctica es negar el derecho. El Poder Judicial, por provocación del Ministerio Público, impuso decisiones que chocan frontalmente contra la libertad sindical y todas las decisiones proferidas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que es el órgano que define y orienta lo que puede ser considerado un estándar de razonabilidad para el ejercicio de los derechos sindicales”.

Loguercio explica además que la Justicia del estado de Santa Catarina “presumió una responsabilidad colectiva del sindicato por la simple deflagración de la huelga y empezó a adoptar medidas coercitivas contra la entidad y sus dirigentes. Eso es lo mismo que negar el núcleo del derecho fundamental que se protege”. De esta manera, para él, si los juicios no se cierran mediante acuerdos, el caso deberá ser denunciado ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT.

De acuerdo con Denise Motta Dau, secretaria subregional de la ISP para Brasil, la Internacional de Servicios Públicos seguirá acompañando, juntamente con las organizaciones del sector municipal, el desenlace de la huelga de los trabajadores de la COMCAP. "Es un proceso de lucha que, además de defender derechos, defiende también que la COMCAP sea pública y asegure servicios de buena calidad. Y acompañaremos las negociaciones para que el autoritarismo demostrado en las relaciones laborales no se repita; de lo contrario, haremos denuncias ante organismos internacionales, informando que las prácticas antisindicales no cesaron ni se revirtieron”.

Un ejemplo extremo de la presión sufrida por los huelguistas se dio el día 24 de enero, cuando la residencia de Renê Munaro fue blanco de un ataque a bomba. En ese momento, el presidente del SINTRASEM participaba de un piquete de la huelga, pero sus familiares estaban en casa.

El domingo 31, los trabajadores y trabajadoras de la COMCAP, junto con sus familias y parte de la población de la capital de Santa Catarina, realizaron un gran acto en defensa de los derechos de la categoría y de la empresa 100% pública. Según la organización, más de 5 mil personas participaron de la manifestación, que hizo que el alcalde reculara en su negativa de negociar con los huelguistas. El mismo domingo por la noche, la Alcaldía recibió a una comisión de trabajadores.

La mañana del lunes 1º de febrero, la Asamblea de los trabajadores y trabajadoras de la COMCAP decidió poner fin a la huelga, bajo el compromiso de que nadie será sancionado o tendrá descuento de sueldo, y de que todos tendrán asegurado el derecho de reponer los días parados fuera de su horario. Además, la Alcaldía de Florianópolis aseguró que la ordenanza que creaba una comisión para iniciar juicios administrativos sería revocada, que los huelguistas tendrían garantía de estabilidad, que el acuerdo colectivo de la COMCAP seguiría en vigencia y que la multa millonaria impuesta al SINTRASEM sería retirada.

Sin embargo, pese a que el Tribunal de Justicia de Santa Catarina (TJSC) acató el acuerdo, el Ministerio Público de Santa Catarina mantiene la investigación acerca de la responsabilidad del sindicato por incumplimiento de la determinación del TJSC que declaró la huelga ilegal, en un proceso que se inició en la Policía Civil, por solicitud del fiscal Wilson Paulo Mendonça Neto, el viernes 29.

“Ahora hay que prepararse, preservar a la categoría, la Alcaldía va a seguir atacando a los trabajadores. Ese es el escenario. Hay que mantener a la categoría preservada para seguir enfrentando esos ataques que vendrán más adelante, y saber que no fue un hecho aislado, es decir, no es algo exclusivo de Florianópolis. La clase trabajadora está siendo atacada nacionalmente, y nosotros estamos organizando y esperando que el conjunto de la clase trabajadora se levante contra estos ataques de los últimos tiempos, a nivel federal, municipal, pero todos vinculados al mismo proyecto político de destrucción del servicio púbico y de los derechos de los trabajadores”, afirma el presidente del SINTRASEM.

Para Vilani Oliveira, presidenta de la Confederación de los Trabajadores del Servicio Público Municipal (Confetam/CUT) y también presidenta de la Confederación de los Trabajadores del Servicio Público Municipal de las Américas (Contram), entidad organizada en el marco de la Internacional de Servicios Públicos, hay mucho que aprender con la huelga de los trabajadores y trabajadoras de la COMCAP. “Estos trabajadores están en un proceso de construcción de una consciencia de clase, de clase trabajadora”, afirma. Ella destaca que al gran acto con las familias del día 31 se sumaron las acciones y demostraciones de solidaridad de sindicatos de todo Brasil. “Un sindicato fuerte y bien articulado, una categoría bien movilizada, esa red de solidaridad y la participación de las familias en el acto, en conjunto, fue lo que revirtió la situación e hizo reabrir la mesa de negociaciones, que hizo recular al alcalde en los juicios administrativos y no despedir. Está claro que los trabajadores perdieron algunos derechos en este proceso, pero la lucha continúa, la mesa está reabierta. Quizá más adelante esos derechos puedan regresar, para hacer justicia a esos trabajadores y trabajadoras.”

Una evaluación similar hace Sueli Adriano, dirigente de la FETRAM-SC y de la Confetam. “Los trabajadores y trabajadoras de la COMCAP demuestran una consciencia política que es envidiable. La mayoría de los trabajadores tiene educación secundaria, primaria, y no tiene formación política dentro de los partidos políticos, o dentro de los movimientos. Pero ellos hacen su formación durante estos momentos. Junto con el movimiento sindical en estos momentos de huelga. Lo que hemos visto aquí durante estos 15 días de huelga fue la demostración de la unidad. Una parte de los trabajadores que tenían cargos de confianza del gobierno ya en la primera semana entregaron sus coches en pro de la colectividad. Eso fue muy emocionante”, atestigua.