Lo intentaron con nuestros sistemas energéticos, que acabaron siendo más caros, menos fiables y más contaminantes.

Lo intentaron con nuestras residencias de ancianos, que acabaron superpobladas y con falta de personal.

Lo intentaron con nuestros ferrocarriles, que acabaron siendo excesivamente caros e interminablemente tardíos.

Y todos ellos requieren subvenciones públicas masivas e imprevistas para que los operadores privados cumplan sus promesas.

Sin embargo, a pesar de las experiencias de todo el mundo que demuestran la incapacidad del sector privado para prestar servicios de interés público, los políticos siguen impulsando políticas de mercado.

En la "Cumbre para un Nuevo Pacto Mundial de Financiación" que se celebrará esta semana en París, muchos líderes respaldarán un modelo de asociación público-privada (APP) para reducir las emisiones, lo que supone un riesgo que nuestro mundo sencillamente no puede permitirse. Un grupo de jefes de gobierno publicó una carta abierta global, en la que repiten la creencia de que la financiación privada es esencial para los cambios globales necesarios.

Un impuesto del 2% sobre la riqueza extrema podría recaudar dos tercios de nuestros costes de transición climática, estimados en 3,5 billones de dólares anuales para 2050.

La crisis climática es demasiado importante como para dejarla en manos de los mismos actores corporativos que provocaron el incendio. La inacción climática mundial y la dependencia del sector privado se basan en un simple mito repetido a menudo: no podemos permitirnos financiar públicamente... la transición para abandonar los combustibles fósiles. Por supuesto, la realidad es que no podemos permitirnos no hacerlo. Pero la suposición básica de que "no hay riqueza suficiente" se desmorona bajo el escrutinio.

Hay riqueza suficiente para que las empresas petroleras obtengan cientos de miles de millones de beneficios mientras financian la desinformación sobre el clima.

Hay riqueza suficiente para enviar a Jeff Bezos y a sus amigos multimillonarios a pasear por el espacio, consumiendo en el proceso emisiones de carbono equivalentes a muchas vidas.

Hay riqueza suficiente para que las empresas gasten billones en recompras de acciones mientras lxs trabajadores sobreviven con salarios de miseria.

La cuestión no es la riqueza, sino su distribución.

Por eso, antes de la última cumbre de París, más de cien economistas de renombre escribieron a los líderes de los gobiernos instándoles a aplicar un impuesto sobre la riqueza a las fortunas de las personas más ricas del mundo para financiar la transición climática.

Según las estimaciones, un impuesto del 2% sobre la riqueza extrema reportaría unos 2,5 billones de dólares al año. El coste anual de reducir las emisiones y financiar la adaptación de aquí a 2050 será de unos 3,5 billones de dólares al año. Sólo con este impuesto sobre las personas ricas se podrían recaudar dos tercios de los costes de la transición climática. Arreglando el maltrecho sistema fiscal mundial y aplicando un impuesto de sociedades mínimo, como el propuesto por la ISP, se recaudaría mucho más.

Esto será fundamental para financiar los servicios públicos vitales que impulsarán la transición ecológica:

• Debemos impulsar urgentemente la transición hacia sistemas energéticos bajos en carbono. El sector privado ha tenido años para liderarla y hasta ahora ha fracasado estrepitosamente. Hay que dirigir mandatos y fondos públicos a las empresas públicas de energía a nivel nacional y local para que construyan los nuevos sistemas. Hay que contratar, formar y recolocar a lxs trabajadores. Lxs trabajadores de la generación de energía basada en combustibles fósiles deben ser reciclados y recolocados. Sus familias y comunidades deben ser protegidas durante la transición. Las redes públicas de transmisión y distribución deben actualizarse. Y el entorno construido debe renovarse y aislarse para consumir menos energía, a pesar de la creciente demanda de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

• La adaptación a la nueva realidad también dependerá de las políticas públicas, la financiación y lxs trabajadores de los servicios públicos. Necesitamos mejorar los servicios de emergencia, para responder a las crecientes catástrofes climáticas que ponen en juego nuestras vidas y medios de subsistencia. Lxs trabajadores de los servicios públicos conocen de primera mano los efectos brutales de los fenómenos meteorológicos extremos, y la creación de servicios resistentes y profesionalizados es fundamental para que puedan ayudar a las familias y a las comunidades a adaptarse.

• Necesitamos una salud pública universal para hacer frente al aumento de enfermedades, dolencias crónicas y temperaturas anormales que ya provocan más de 5 millones de muertes al año. La pandemia de Covid-19 obligó a lxs trabajadores de primera línea a trabajar en condiciones brutales, pagando el precio de décadas de falta de inversión en personal y recursos. Mientras tanto, un estudio realizado en varios países descubrió una correlación significativa entre el aumento de la privatización y el incremento de las tasas de mortalidad por Covid-19, tanto entre lxs trabajadores como entre los pacientes de los servicios de salud y sociales. Tanto Covid como la crisis climática demuestran la necesidad de nuevas inversiones urgentes en los sistemas de salud públicos.

• Necesitamos un transporte público eficaz para desincentivar los desplazamientos en coche, que generan muchas emisiones. Mientras que el transporte por carretera representa el 15% de las emisiones mundiales, el transporte ferroviario supone menos del 0,25%. Si el transporte público fuera gratuito o estuviera fuertemente subvencionado, podríamos reducir considerablemente la huella de carbono individual y mejorar la conectividad de nuestras ciudades y países.

• Los países en desarrollo y las autoridades locales necesitan políticas específicas para que puedan aplicar medidas de mitigación y adaptación, como más trabajadorxs de los servicios públicos con mejores herramientas y formación. La reducción de la deuda y la justicia fiscal; los fondos para pérdidas y daños; el acceso a tecnologías clave libres de protecciones de propiedad intelectual... son algunas de las medidas que debemos tomar.

El consenso científico sobre la crisis climática es clave para mejorar la comprensión pública de las amenazas a las que todos nos enfrentamos. Incluso en Estados Unidos, donde el escepticismo climático sigue siendo generalizado, más del 75% de la gente apoya los esfuerzos internacionales para reducir las emisiones. Lo que ahora necesitamos es un consenso político, basado en el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Los economistas que reclaman nuevos impuestos sobre la riqueza están abriendo el camino. Pero es hora de que la comunidad económica en general abandone por fin la fantasía de que el afán de lucro o las fuerzas del mercado resolverán estos problemas y admita que un nuevo sistema fiscal mundial más justo es esencial para financiar los cambios que necesitamos.

En este Día del Servicio Público, debemos dejar claro que la privatización, las APPs y el aumento de la tercerización son lo último en lo que puede confiar nuestro planeta para superar la crisis climática. Unos servicios públicos de calidad y bien financiados son la clave para abrir nuestro nuevo mundo verde. Sabemos que hay riqueza más que suficiente para financiar adecuadamente estos servicios e impulsar la transición. Es hora de que nuestros políticos abandonen las propuestas desacreditadas del sector privado y se centren en soluciones públicas probadas. Tenemos que asegurarnos de que defienden a las personas y al planeta antes que los lucros.