Son varias las denuncias que ha hecho públicas Almeida sobre las iniciativas en curso por parte del Gobierno de Ecuador de:

• Entregar el campo petrolero Sacha, el más rentable del país, a manos privadas extranjeras ocasionando pérdidas de 500 millones de dólares anuales para el Estado.

• La extensión del contrato con la empresa privada del Oleoducto de Crudos Pesados, OCP por un período de 1 año más que de no nacionalizarse luego de 20 años de lucro privado, como son al parecer las intenciones, ocasionaría una pérdida de 2.500 millones de dólares en los próximos 20 años si se revierte al Estado.

• Volver a entregar a manos privadas los Bloques 16 y 67 actualmente operados por Petroecuador, tras haber sido recuperados, el que generará ingresos adicionales de 379 millones de dólares para el Estado hasta 2027.

• El anuncio de la entrega a manos extranjeras del Campo Amistad (Offshore), un campo de gas natural crucial para la generación eléctrica ya que provee de este hidrocarburo a la planta Termogas Machala.

En paralelo, el gobierno de Daniel Noboa ha retirado recursos a la empresa PETROECUADOR, debilitando su operatividad en una clara estrategia pre-privatización, a pesar de que la misma aportó más de 3.300 millones de dólares al presupuesto nacional en 2023. Con estas políticas, este y los gobiernos anteriores buscan el desprestigio de los servicios públicos y empresas estables, para entregarlas a manos privadas. Ahora, el gobierno intenta el despido intempestivo bajo la modalidad de visto bueno para Almeida intentando acallar su voz, que es la voz de los trabajadores ecuatorianos, acusándolo de haber develado información confidencial.

Declaramos nuestra solidaridad con el compañero Almeida y manifestamos que “La libertad de opinión y expresión constituye una de las libertades civiles básicas, esenciales para la normal expresión de los derechos sindicales”. Su ataque va en contra de los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos los Convenios 87 y 98 de la OIT como normas vinculantes con las cuales el Estado ecuatoriano mantiene responsabilidades de cumplimiento en el artículo 417 de la Constitución.

Seguiremos vigilantes al desarrollo del proceso y a la defensa de los bienes comunes y servicios públicos esenciales como es el petróleo del pueblo ecuatoriano.