“Las organizaciones aquí firmantes estamos profundamente alarmados por los brutales y atroces acontecimientos ocurridos en Colombia en estos días y declaramos, asimismo, nuestro más profundo rechazo a la violencia armada en el país contra sus propios ciudadanos. Se hace imperante el llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que intervengan urgentemente en Colombia para detener la brutal violencia policial, desatada una vez más durante los días del Paro Nacional en distintos lugares del país”, dicen las FSIs en una carta enviada a Antonia Urrejola Noguera, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Las organizaciones firmantes señalan que el Comité Nacional de Paro de Colombia había registrado, como resultado de la represión, 28 muertes, 234 personas heridas, 726 detenciones arbitrarias, y más de 100 personas desaparecidas del 28 de abril hasta el momento de la redacción de la carta. “La orden dada por el gobierno de Iván Duque ha tenido como consecuencia la masacre de jóvenes y ciudadanos completamente desarmados, por parte de la Fuerza Pública. Anoche en la ciudad de Cali, varios manifestantes fueron asesinados por la Policía Nacional”, denuncia la misiva.

Este martes, 4 de mayo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la violencia contra los manifestantes en Colombia: “Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, declaró su portavoz, quien también afirmó que la oficina de la ONU en Colombia “está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali”.

El Paro Nacional contra la reforma tributaria propuesta por el gobierno inició el 28 de abril y tuvo la participación activa de las afiliadas a la ISP. Pese a que preveía un impuesto a los más ricos, la reforma de Duque buscaba aumentar la recaudación aumentando el impuesto sobre la canasta familiar y sobre servicios básicos como luz, gas y saneamiento. La propuesta también determinaba que aquellos con ingresos mayores a dos salarios mínimos (663 dólares) debían empezar a pagar impuesto a la renta, lo que afectaría al menos 3 millones de personas. Tras las masivas movilizaciones, el 2 de mayo el presidente anunció la retirada del proyecto, pero las protestas siguieron debido a reclamos sociales y económicos en medio a la crisis vivida en Colombia.

“Entendemos que la mejor manera de solucionar las cuestiones relacionadas con el trabajo es tomando en consideración la representación a los trabajadores y trabajadoras, así como la negociación colectiva. Por lo tanto, reforzamos el llamado al gobierno de Colombia a buscar el diálogo, entendiendo las necesidades presentadas por los y las trabajadoras como consecuencia de las crisis sanitaria, económica y social, fruto de la pandemia de COVID-19. Se hace urgente la erradicación de la violencia junto con la búsqueda de alternativas más justas, y no mediante empobrecedoras reformas a la salud, fiscales, laborales y pensionales que recaen sobre la población más vulnerable y que agravaría aún más la desigualdad en el país”, escriben las FSIs.