Un éxito resultó la campaña impulsada por un amplio grupo de sindicatos del sector público y organizaciones sociales que promovieron la iniciativa popular de norma constitucional Nº 18.202, con el fin de que la Convención discuta la inclusión en la carta fundamental de una serie de principios que “obliguen al Estado a promover servicios públicos universales y de calidad, junto con la aprobación de una política de impuestos universal y justa que permita financiarlos adecuadamente, otorgando condiciones dignas a todos sus trabajadores y trabajadoras, rescatándolos de la precarización en la que se encuentran hoy en Chile”, explica la secretaria subregional de la ISP para los países del Cono Sur, Nayareth Quevedo.

“Una mayoría ciudadana se ha expresado en distintos espacios a favor de que la nueva Constitución de Chile consagre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como el derecho a la educación, al cuidado de la salud, a la vivienda adecuada, al agua y a vivir en un medioambiente libre de contaminación, entre otros. Sin embargo, esos derechos pueden quedar en el papel si la nueva Constitución no incluye mecanismos para que esos derechos se hagan realidad, como lo es que se garanticen servicios públicos universales y de calidad y, así mismo, una política fiscal universal y justa para la garantía de derechos sociales”, recalcó la secretaria subregional de la ISP para el Cono Sur.

“Hoy podemos decir con orgullo que los servicios públicos universales y de calidad, con financiamiento, están dentro del debate constitucional y que la lucha que hemos venido dando hace más de 20 años para promover un Estado garante de derechos y el fortalecimiento de los servicios públicos que incluya trabajo decente para quienes los brinda podrían quedar consagrados en la nueva Carta Magna”, agregó Quevedo en el acto de presenación de la norma. 

Por su parte, la principal patrocinadora, la Convencional Aurora Delgado, dijo que “Si queremos un Estado social democrático y garante de derechos es necesario que el Estado provea de los recursos necesarios a los servicios públicos y que sean estos de calidad, transparentes y que sean parte de la ciudadanía. Los servicios públicos son la puerta de entrada de los distintos derechos sociales que se deben garantizar y exigir”. 

A su turno, Valentina Contreras, representante en Chile de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), una de las organizaciones de la sociedad civil que patrocinaron la iniciativa y que se embarcaron en la campaña, celebró la presentación de la norma por los servicios públicos y la necesidad de que se fortalezcan para garantizar los derechos sociales que la población necesita. 

En tanto, el coordinador del Comité Nacional de Chile de gremios afiliados a la ISP y presidente de Fenpruss, Aldo Santibañez precisó que “si algo que ha develado esta pandemia es la necesidad de que los estados cuenten con Servicios Públicos de calidad para poder garantizar los derechos sociales de las personas más vulnerables.  Es por eso que estamos muy contentos. A nombre de los 9 sindicatos que reúne la ISP Chile, agradecemos el trabajo que se ha realizado por la Alianza, por la Convención Constitucional y también por la ciudadanía en cada uno de los puntos a nivel nacional”. 

Carolina Espinoza, dirigenta de la Confusam, vicepresidenta del Comité de Mujeres de Interamérica y promotora junto al Comité de Mujeres de Chile de la campaña recalcó la importancia de esta iniciativa que no sólo relevó las demandas de un “Chile que se cansó” sino que también movilizó a los sindicatos y organizaciones en torno a reivindicar el Estado. 

“Fueron miles de personas las que nos dijeron en la calle que Chile debía cambiar. Los sindicatos del sector público y organizaciones sociales, mediante asambleas, elaboramos una propuesta para el nuevo Chile que soñamos. Los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos estamos convencidos, convencidas y convencides de que para cambiar Chile y convertirlo en una sociedad de la solidaridad es esencial tener servicios públicos de calidad, integrales y universales”.  

Respecto al finciamiento de la iniciativa, Juan Apablaza, presidente de AFIICH dijo que “hoy los más ricos de Chile han aumentado su fortuna en más del 35% durante la pandemia y los impuestos siguen en el mismo rango. Es por eso que es necesario implementar principios de progresividad, con el fin de que todos contribuyan de acuerdo a su capacidad y contar con servicios tributarios transparentes. Para eso es necesario plantear en la nueva Constitución principios básicos que jamás han estado anteriormente, pero que en los países más progresistas sí están presentes”. 

Los servicios públicos: la puerta de entrada de los derechos humanos 

Según señala la iniciativa, la Constitución debería contemplar una norma a nivel de principios, que establezca explícitamente la obligación del Estado de prestar servicios públicos universales y de calidad. Esto implica el reconocimiento de los servicios públicos como la puerta que conecta a las personas con sus derechos humanos y les permite acceder a ellos en la práctica. Asimismo, la Constitución debe reconocer que los servicios públicos son la base de una sociedad justa y sostenible, permitiendo su adaptación y ampliación según el contexto social y protegiéndolos frente a la mercantilización. Por último, la regulación de los servicios públicos debería fijar un marco general de comprensión de su finalidad que permita que la práctica jurídica vaya dotándole de significado, al mismo tiempo que debiera identificar algunos ejemplos de áreas de especial interés, tales como la salud, la educación, la seguridad social y el agua, entre otros. 

En segundo lugar, se hace necesario hacer eco del creciente reconocimiento de la política fiscal como un instrumento clave para la garantía de derechos humanos y de su sujeción a los compromisos y obligaciones que los Estados han asumido a nivel nacional e internacional. Por ello, es indispensable que la nueva Constitución consagre una serie de principios que permitan la existencia de una política fiscal universal y justa con un enfoque basado en derechos humanos, que incluya provisiones particulares sobre la tributación. Estas normas deben ser obligatorias para el Estado y deben asegurar universalidad, progresividad, solidaridad, equidad, justicia, mayor transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas a la sociedad. Así, la Constitución debe consagrar principios que, por un lado garanticen un sistema tributario transparente, participativo, con enfoque de derechos y al servicio de las personas, al mismo tiempo que tomen en serio otros fines legítimos de la política fiscal. 

La iniciativa popular de norma Nº 18.202 representa un triunfo para cientos de lxs trabajadores  de los servicios públicos en Chile y fue elaborada en forma colectiva por: Internacional de Servicios Públicos (ISP), Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos de Chile (AFIICH), Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (ANEJUD), Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Asociación Nacional de Funcionarios del SII (ANEIICH), Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH), Confederación Nacional de Funcionarios Asistentes de la Educación de Chile (CONFEMUCH), Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM), Confederación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), Federación Nacional de Trabajadores de las Obras Sanitarias (FENATRAOS), Red Ciudadana para la Justicia Tributaria y Fiscal en Chile, Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), Asociación de Familiares y Amigos de Prematuros (ASFAPREM), Fundación Ciudadanía Inteligente (FCI) y The Center for Economic and Social Rights (CESCR).