Esta situación empezó con la crisis económica, el aumento del desempleo y el incremento de la demanda. Empeoró con la reorganización del sistema de salud en 1998, que se plasmó esencialmente en la reforma de hospitales. Trajo consigo cambios en las normas y la política hospitalaria, entre ellas los modos de financiación y funcionamiento de los centros públicos de salud. Empezaron a operar como instituciones semiprivadas creando barreras financieras para una gran parte de la población senegalesa, lo que ha desembocado en la desigualdad de acceso.

El acceso a los establecimientos públicos de salud es un derecho humano fundamental. Y el derecho a la salud está reconocido y protegido por la Constitución de Senegal, así como por declaraciones internacionales, como la Carta Africana de los Derechos Humanos. Sin embargo, en razón de las debilidades sistémicas de la reforma hospitalaria, el acceso a la salud es ahora inasequible para los pobres y los habitantes de las zonas rurales. Esto genera un sentimiento de injusticia.

El Estado senegalés es responsable de la mala salud que resulte de sus reformas. La mayoría de la población no usa los servicios formales de salud cuando sufren alguna enfermedad, porque no les alcanza el dinero para pagar ese gasto, incluso en hospitales públicos. Por ejemplo, el 68 % de los más pobres no puede acceder a los servicios de salud maternoinfantiles por razones económicas. 

El Gobierno debe, por tanto, llevar a cabo reformas del sistema de salud que pongan a las personas en el centro del proceso de reforma y fomente así la mejora de la calidad de los servicios de salud para toda la población, incluidos los grupos más vulnerables, social y económicamente. Estas reformas deben emerger de discusiones públicas que incluyan a los sindicatos, a organizaciones de la sociedad civil y a las comunidades.

Poco después de su elección en 2012, el Presidente Macky Sall prometió poner fin a la desigualdad de acceso a la salud antes de 2022 a través de la creación de un programa de cobertura médica universal (CMU). El plan estratégico (2013-2017) para desarrollar una cobertura médica universal en Senegal se diseñó para contribuir a lograr este objetivo. Sin embargo, el plan estratégico no ha sido muy fructífero. Por consiguiente, a menos de tres años del objetivo, parece improbable que se logre el acceso universal en 2022, excepto si se toman medidas drásticas ahora. El movimiento sindical y sobre todo los sindicatos de la salud de Senegal tienen que desempeñar un papel fundamental para garantizar que se producen avances y no solo de forma retórica.

Las raíces de las desigualdades en la salud se encuentran en las condiciones sociales ajenas al control directo del sistema de salud. Por lo tanto, es necesaria una nueva lucha contra la naturaleza precaria de las condiciones de vida de los trabajadores/as pobre, en general. En el ámbito específico de la salud, los sindicatos deben reclamar más financiación para los servicios públicos de salud y exigir que se revierta la mercantilización de los servicios hospitalarios.

El programa de cobertura médica universal constituye una buena oportunidad para reducir las desigualdades sociales, pero se debe basar en el pilar de la disponibilidad de un sistema público de salud de calidad para todos, porque la salud es un derecho humano fundamental. Ahora más que nunca los sindicatos senegaleses deben estar en la primera línea de la realización de este derecho, y para que el Gobierno adopte las medidas concretas encaminadas a abordar los factores más amplios que determinan la salud, como las condiciones económicas, medioambientales y sociales.

Dr. Mbaye Kamara, farmacéutico y economista de la salud, es Secretario General de C.H.N.E.A.R. (Hospital Infantil Nacional Albert Royer) del SAT-Santé / CSA; miembro de la Federación de Sindicatos Independientes (FSA) afiliada a la ISP.

Nota: SAT Santé / CSA: sindicato afiliado de los trabajadores/as de la salud