Los sindicatos miembros de la ISP se están preparando para la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se celebrará en junio en Ginebra. Este año, los representantes sindicales de las Américas indicaron, entre los casos a ser llevados a la Comisión de Aplicación de Normas (CAN), el caso de Ecuador por su sistemática política de violación al derecho a la negociación colectiva. Pero el país, aunque sea un caso emblemático, no es el único en la región de las Américas que vive amenazas de retroceso de los derechos de lxs trabajadores de los servicios públicos. 

Además de Argentina y Panamá, Canadá y EE. UU. también enfrentan medidas concretas que amenazan el derecho a la huelga y a la organización sindical. Pensando en crear un espacio para compartir estrategias frente a la negación y violación sistemática de los derechos sindicales y laborales fundamentales en el sector público en las Américas, la ISP Interamérica promovió un webinar con representantes sindicales de Ecuador y Canadá, además de expertos de la ISP para el caso de EE. UU., para un diálogo horizontal sobre estrategias en el marco de los preparativos para la CIT.  

“Lo que enfrentamos en este momento son amenazas a nuestra existencia como sindicatos. Estamos viendo un crecimiento de las violaciones a los derechos sindicales y laborales, incluso de los derechos más básicos”, subrayó Euan Gibb, secretario regional para Interamérica de la ISP, en la apertura del evento que contó con la participación de lxs líderes sindicales Luis Muñoz, de Ecuador, y Sophie Ferguson, del Sindicato de Profesionales del Gobierno de Quebec (SPGQ), de Canadá. 

Además, participaron del debate Verónica Montúfar, responsable de Igualdad de la ISP; Ethan T. Young, secretario subregional para Norteamérica de la ISP; y Marcelo Di Stefano, coordinador regional de Derechos Sindicales de la ISP Interamérica. 

Entre los casos más conocidos de violaciones de los derechos laborales de los servicios públicos en la región de las Américas está el de Ecuador, un caso que la ISP ha llevado al escenario internacional desde el 2008 y que se tratará por quinta vez en la CAN en la CIT este año. La federación internacional documentó graves y persistentes violaciones a los convenios 87 (libertad sindical) y 98 (negociación colectiva) cometidas por diversos gobiernos. Esta iniciativa fue respaldada por las organizaciones sindicales afiliadas en el país, que han denunciado públicamente la erosión sistemática de los derechos colectivos en el sector público. 

"El caso de Ecuador es un caso emblemático porque este país ha sido el laboratorio del ataque a los derechos colectivos de lxs trabajadores del sector público como una política de Estado", recordó Verónica Montúfar en su exposición. 

Según el Informe III(A) de 2025 de la Comisión de Expertos de la OIT, el Estado ecuatoriano restringe de forma sistemática el ejercicio de derechos colectivos. El informe destaca la prohibición de formar sindicatos por rama en el sector público, la injerencia estatal en la organización sindical y la ausencia de un marco efectivo de negociación colectiva. 

Estas prácticas tienen en el país más de 25 años,fueron perfeccionadas durante el gobierno de Rafael Correa —cuando se desmantelaron las conquistas de negociación colectiva en el sector público— y agravadas aún más durante el actual mandato de Danie l Noboa. 

Además de eso, como ha resaltado Montúfar, otro hecho en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores de los servicios públicos en Ecuador fue la enmienda constitucional de 2015, que modificó que restringió aún más a la contratación colectiva. "Lo que quiso hacer — y hizo durante un tiempo— ya que esta enmienda fue desvirtuada posteriormente por la Corte Constitucional fue congelar a todos los trabajadores que estaban denominados como obreros del sector público y decir que, de ahora en adelante, todos quienes ingresen al sector público iban a ser denominados servidores públicos, y que los servidores públicos, regulados por la Ley Orgánica del Servicio Público, por lo tanto, no tienen derecho ni a sindicatos ni a la negociación colectiva, porque el Ecuador no ha ratificado el Convenio 151 y tampoco el Convenio 154", comentó Montúfar. 

Luis Muñoz, de FENAJE y uno de los coordinadores del Comité Nacional de las Afiliadas de la ISP en Ecuador, declaró que el trabajo de la ISP en el país ha sido muy importante en su lucha por proteger a los dirigentes sindicales perseguidos en Ecuador en los últimos años. “En este sentido, la ISP tiene que estar, pues de nuestro lado para lograr que Ecuador no fracase en este inmenso propósito de frenar la arremetida contra el contrato colectivo", dijo Muñoz. "En este modelo que ha sido Ecuador, nos quitaron el derecho a la huelga y ahora nos quieren quitar el derecho a la negociación colectiva", subrayó el dirigente sindical.  

El caso de Canadá  

En marzo de 2025, los sindicatos de Quebec unieron sus fuerzas para denunciar el Proyecto de Ley 89, que restringiría gravemente el derecho de huelga de lxs trabajadores. El PL fue presentado por el gobierno de Quebec con el pretexto de "proteger a las poblaciones vulnerables durante los conflictos laborales", pero los sindicatos afirman que la legislación representa un ataque directo a los derechos laborales fundamentales, al mismo tiempo que no aborda los problemas reales que afectan a los servicios públicos. 

“En Quebec, el gobierno presentó recientemente tres proyectos de ley antisindicales. Les decía que la huelga del Frente Común en los últimos años tuvo un gran impacto. Este proyecto de ley [89] busca limitar el derecho de huelga porque obliga a los sindicatos a definir los servicios esenciales junto con el empleador antes de iniciar una huelga o un cierre. Se trata de garantizar que permanezcan trabajando los empleados que son esenciales para la seguridad de la población. Sin embargo, este criterio ya está cubierto por la Ley de Servicios Esenciales, pero el gobierno vuelve con la intención de otorgarse aún más margen para decidir qué afecta o no a la seguridad de la población y usar eso como argumento para restringir el derecho de huelga. Esto a pesar de que desde 2000, el 95 % de las negociaciones colectivas en Quebec se resuelven sin huelga ni cierre patronal”, contó la representante del SPGQ, Sophie Ferguson. 

El caso de Estado Unidos  

En marzo del presente año, el movimiento sindical estadounidense sufrió el mayor ataque de la historia con la emisión, por parte del presidente Trump, de una orden ejecutiva que despojó ilegalmente a lxs trabajadores federales de sus derechos de negociación colectiva bajo el pretexto de la "seguridad nacional". La Oficina de Administración de Personal también emitió una guía que instruye a las agencias a rescindir los derechos y contratos sindicales, y a poner fin a los procedimientos de quejas. También dijo a las agencias que continuaran con la orden de Reducción de la Fuerza de Trump, pero que ignoraran los requisitos en los contratos sindicales que han sido cancelados. 

El secretario subregional para Norteamérica de la ISP, Ethan Young, explicó que lxs trabajadores de EE. UU. enfrentan hoy una situación similar a la que se presenta en otros países de la región. “A nivel federal en Estados Unidos, también vemos una estrategia similar: un ataque frontal contra los sindicatos que no solo representan a los trabajadores, sino que también defienden los servicios públicos de los que dependen los trabajadores de todo el país. Estos sindicatos están siendo atacados principalmente porque son políticamente activos: defienden a los trabajadores, mantienen una determinada postura política y apoyan un programa político específico”, explicó Young. 

El secretario subregional añadió que una estrategia importante de lucha en este momento es mantener la cercanía con los sindicatos en lucha y con el pueblo. “En lo que respecta a nuestra movilización y todos nuestros esfuerzos por proteger estos derechos, una estrategia extremadamente importante es la comunicación con nuestros miembros y con la población”, dijo Young. 

Durante el debate sobre la estrategia, Marcelo Di Stefano —coordinador del libro Libertad sindical y negociación colectiva en el sector público. Casos de América Latina y el Caribe, que presenta un análisis en diez países sobre la negociación colectiva en el sector público en las Américas— recordó que el ataque a la libertad sindical tiene que ver con el poder que tienen los sindicatos en la lucha por garantizar mejores condiciones de trabajo para lxs trabajadores. “Nos atacan porque seguimos siendo la voz de aquellos a quienes quieren silenciar. Nos atacan porque somos quienes podemos generar alianzas estratégicas para provocar el cambio”, subrayó Di Stefano, ahora recién electo secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas (CSA) para el período 2025–2029. 

En el cierre del webinar, Gibb enfatizó que, “no hay ninguna organización global, regional o nacional que venga a luchar por nosotros. Se queremos defendernos y avanzar colectivamente el único camino a seguir organizándonos, interviniendo en todos los espacios posibles, conectando y coordinando nuestras estrategias y luchas, y siempre ampliando y organizando la solidaridad con los más atacados”.