Este proyecto, que reconoce el cuidado como un derecho humano y una responsabilidad ineludible del Estado, representa un hito en la transformación del modelo social chileno. Pero también plantea interrogantes que desde el movimiento sindical y feminista se han apresurado a visibilizar.

La sesión fue acompañada por las integrantes del Comité de Mujeres de la ISP en Chile: Carolina Espinoza (Confusam), Selma Núñez (Fenpruss) y Gina Sennas (Anef), quienes han sido parte activa de un trabajo sostenido de incidencia, diálogo político y construcción de las indicaciones a la propuesta para que el derecho al cuidado sea reconocido y protegido en el país.

Carolina Espinoza, dirigenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) y también titular del Cono Sur del Comité de Mujeres de la ISP, subrayó que “este proyecto representa una conquista del movimiento de mujeres y de los sindicatos de la ISP que ha luchado para visibilizar el trabajo de cuidados que brindan los servicios públicos. Queremos un sistema de cuidados robusto, con trabajo decente, con enfoque de género, participación del Estado y sin fines de lucro”.

Las integrantes del comité estuvieron acompañadas por Nayareth Quevedo, secretaria subregional de la ISP para el Cono Sur, quien advirtió que “la sociedad del cuidado no se construye desde el lucro, sino desde la solidaridad. Cuidar no puede ser un negocio: es un derecho, y el Estado debe garantizarlo con servicios públicos fuertes, financiados, con trabajo decente y participación efectiva de quienes cuidan y necesitan cuidado”.

Desde la ISP,  se plantearon mejoras para fortalecer el texto, como asegurar el financiamiento suficiente mediante la inclusión del Ministerio de Hacienda, incorporar cláusulas que limiten la injerencia del mercado, y garantizar condiciones laborales dignas para las trabajadoras del cuidado remunerado.

“Nos preocupa que el texto, en su artículo 7 literal e), fomente explícitamente la inversión privada, sin establecer mecanismos claros de regulación ni garantías contra la mercantilización. La experiencia internacional es clara: donde el cuidado se privatiza, se deteriora la calidad, se precariza el empleo y se excluye a quienes no pueden pagar”, precisó Quevedo en su exposición durante la sesión.

Durante la misma jornada también intervino el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), José Pérez Debelli, quien enfatizó acerca de la importancia de reforzar la institucionalidad pública que sustentará este nuevo sistema, especialmente en regiones y territorios rurales.

Con este respaldo en comisión, el proyecto —boletín 16.905-31— avanza hacia su votación en Sala. “Vamos a seguir vigilantes y reuniéndonos con distintas bancadas parlamentarias para que no se diluya el espíritu transformador de este proyecto de ley. Porque construir una sociedad del cuidado requiere más que discursos, se necesita compromiso político para que se garantice la voz activa de quienes históricamente hemos sostenido este derecho desde los servicios públicos en Chile”, puntualizó Espinoza.