Promovido por las oficinas regional interamericana y subregional del Cono Sur, la actividad contó con el lanzamiento del documento “Servicios Públicos de Calidad: propuestas desde el sindicalismo público a la nueva Constitución de Chile”. Las y los panelistas presentaron y debatieron algunos de los temas presentes en este texto.

El webinario se enmarcó en un contexto de amplia discusión sobre la nueva Constitución en Chile construida en democracia mediante una Convención Constitucional paritaria y elegida por voto popular, lo que puede dar al movimiento sindical público una oportunidad histórica para incidir de manera decidida en los rumbos de la vida democrática de uno de los países más privatizados del mundo y que ha aplicado el modelo neoliberal más ortodoxamente.

Nayareth Quevedo, secretaria subregional de la ISP para el Cono Sur, introdujo los debates señalando justamente la oportunidad y necesidad de que las organizaciones sindicales del sector público incidan en la formulación de la nueva Carta Magna chilena. Según Quevedo, este proceso se ve con gran interés por la secretaria general de la ISP Rosa Pavanelli, quien considera que se abre una ventana de esperanza no sólo por la derrota de la derecha en las elecciones de la Convención Constituyente, sino también por la oportunidad histórica que se presenta ante el movimiento sindical de cambiar los rumbos de un país altamente neoliberalizado y la posibilidad real de promover transformaciones. Asimismo, las lecciones de Chiles deberán servir a otros países y sus movimientos de trabajadorxs afectadxs por las políticas neoliberales y la pandemia de covid-19.

Destacando que la actividad se realizaba en el Día Mundial de los Servicios Públicos de Calidad, celebrado todos los años el 23 de junio, Quevedo señaló: “Los servicios públicos fueron los que nos mantuvieron a salvo. Han sido más cruciales que nunca durante la pandemia y lo serán en la recuperación post covid. Ellos tienen que estar en el corazón de la nueva Constitución de Chile”.

A continuación tomó la palabra Aldo Santibáñez, presidenta nacional de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS). Según él, hay el desafío de, por una parte, intentar incorporar las disposiciones del documento de propuestas a la Constitución en la discusión y redacción de la nueva Carta Magna chilena. Por otra parte, de hacer aumentar la capacidad convocatoria de las organizaciones sindicales del sector público de manera que las calles sigan incidiendo en la lucha institucional.

“Este es el momento de actuar y reivindicar el lugar relevante que le toca al Estado en tiempos de crisis, cumpliendo el papel de garantizar una mayor equidad y servicios públicos que respondan a las demandas de la población. Nosotros, como trabajadoras y trabajadores, y como organizaciones sindicales, tenemos mucho que decir”, afirmó.

Para Carolina Espinoza, integrante del Comité Mundial de Mujeres (WOC) de la ISP, vicepresidenta del Comité Regional de Mujeres de la ISP Interaméricas, y dirigenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), “Chile ha sido tristemente el laboratorio del neoliberalismo, trayendo con ello toda la precarización de la vida y de la Madre Tierra en su más cruenta expresión. Esta revuelta popular de octubre de 2019 levantó las esperanzas de cambio. Como ISP en Chile, nos dimos a la tarea de seguir siendo actores y actrices protagónicos en este proceso. Hemos sido parte del estallido, de las demandas por transformaciones, por el término del sistema de las AFP, e para la constituyente hicimos un trabajo coordinado de deliberación democrática desde las bases”.

Diciendo que nunca había estado tan entusiasmado con una posibilidad de transformaciones como ahora, el secretario regional de la ISP Interaméricas Jocelio Drummond saludó el ejemplo de lucha desde Chile y puso su organización internacional a la disposición para ayudar a incidir en la elaboración de la nueva Constitución a través de la búsqueda de buenos ejemplos y expertos de otros países. “Podemos por ejemplo traer las experiencias internacionales de universalización de los sistemas de salud. No hablo solamente de los sindicados, sino que también de acceso a ministros, parlamentarios, a personas que desarrollaron estas políticas públicas.

Asimismo, Drummond mencionó otras áreas como reformas fiscales nacionales, tratados de libre comercio e inversión – cómo romper con los acuerdos vigentes –, modalidades de empleo en el sector públicos y sistemas de jubilación. “Podemos inmediatamente en cualquier tema buscar algún ejemplo que organizamos en cualquier región del mundo”.

Tras la exhibición de un video sobre como la nueva Constitución deberá generar condiciones para la creación de una red de derechos sociales gestionados por servicios públicos de calidad, José Pérez Debelli, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) explicó como el modelo neoliberal vigente desde hace décadas en Chile ha afectado todas las dimensiones de la vida de la población chilena. Él mencionó la privatización de la previsión social, la generación de un mercado de salud y educación, los problemas de cobertura del sistema de salud, las concesiones y privatizaciones de las exploraciones mineras, y las concesiones de obras públicas. Según él, eso ha generado una “desprotección social generalizada” y la institucionalización del abuso corporativo en Chile.

Por ello, dijo Debelli, la nueva Constitución debe relevar la predominancia del Estado en garantizar bienes públicos, inversiones en salud, educación e infraestructura, y también en investigación, innovación y desarrollo, además de promover políticas públicas sensibles al género que cumplan un papel activo de redistribución. “Para avanzarnos en esta transformación se requiere una inversión permanente en servicios públicos de calidad. Una dotación real para que se generen las condiciones que permitan la prestación universal no focalizada.”

Karin Mendoza, vicepresidenta nacional de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (ANEJUD), afirmó que servicios públicos de calidad requieren “empleados públicos motivados y capacitados, con los insumos necesarios para que puedan ejercer sus funciones libres de acoso, intimidación y discriminación”. Según ella, las y los trabajadores del sector público deben ser considerados sujetos de derechos y tener el derecho a organizarse, ejercer la huelga, negociar colectivamente y a la seguridad social, además de garantía de estabilidad.

Según Mendoza, incorporar la perspectiva de género al Estado chileno es un gran desafió, ya que este fue construido desde la lógica de guerra. “El Estado en Chile se formó bajo un régimen jerarquizado y disciplinado, en la que se debe obedecer fielmente las instrucciones del superior. Es una estructura altamente masculinizada”, explicó.

A continuación se exhibió un video con las propuestas de justicia fiscal contenidas en el documento “Servicios Públicos de Calidad: propuestas desde el sindicalismo público a la nueva Constitución de Chile”. Al terminar, Juan Apablaza, presidente de la Asociación Fiscalizadores Servicios Impuestos Internos de Chile (AFIICH), tomó la palabra y inició diciendo que la justicia fiscal torna “no técnico” el debate sobre tributación. “Por el contrario, es un debate que parte de lo ético, de lo moral, de los compromisos de cada persona de contribuir al país con un aporte para el bienestar de todos”, dijo. Según él, la Constitución va a garantizar muchos derechos, lo que costará mucho dinero. ¿De dónde saldrá el dinero? Es evidente que tiene que nacer de la contribución equitativa.”

Por su vez, el sistema tributario chileno nació al calor de la dictadura de Augusto Pinochet, señaló Apablaza, lo que hizo alargar la brecha de desigualdad y que durante 30 años ha significado “la acumulación de riquezas estratosféricas dentro del país y fuera del país, con los recursos fugados a guaridas fiscales”.

Así, señaló el presidente de AFIICH, el documento elaborado por la ISP para las y los constituyentes defiende un sistema tributario cuya participación de los impuestos progresivos, donde los que ganan más, pagan más, sea mayor que la de los impuestos indirectos, cuando todos pagan lo mismo independientemente de su nivel de ingresos.

A continuación, Carolina Espinoza retomó la palabra y, luego de presentar el video del Comité de Mujeres de la ISP en Chile sobre la propuesta sindical para la crisis del cuidado, afirmó que los servicios púbicos de calidad sensibles al género son la herramienta a través de la cual se concretan los derechos humanos. Y para financiarlos se requiere la adopción de un sistema tributario justo y redistributivo.

Según ella, las labores del cuidado, ya sean remunerada o no remuneradas, son las que permiten el desarrollo económico de la sociedad. “Estas actividades han sido culturalmente asignadas a las mujeres, subordinando y precarizando las condiciones de vida de mitad de las personas del planeta y garantizando el desarrollo económico de unos pocos, a costo cero. Es un trabajo no valorado, no reconocido, feminizado.”

Por ello, explicó la dirigenta de la ISP y de la CONFUSAM, hay que hacer conciencia de como el trabajo de cuidado sostiene la vida y aporta a la economía y a la sociedad, y redistribuirlo entre los demás integrantes de la familia. Pero, “no basta con solo adoptar la corresponsabilidad al interior de la familia, sino que debe ser entre las familias, las comunidades y el Estado. Hay que instalar un Estado cuidador que transforme al Estado subsidiario, que recupere el sentido público esencial para que se tenga servicios públicos de calidad universales y sensibles al género como parte de todo un sistema de cuidados que posibilite el avance efectivo de las relaciones de género y signifique la mejora de las condiciones de vida material de las mujeres”, afirmó.

Espinoza señala que el derecho a cuidar y ser cuidado, así como el principio de corresponsabilidad social sobre el cuidado deben estar garantizados en la nueva Constitución. “Que sea parte del proprio preámbulo de la Constitución. Que esté en el apartado inicial.”

Antes que el secretario regional de la ISP Jocelio Drummond cerrara el webinario, la secretaria subregional para el Cono Sur Nayareth Quevedo destacó que el documento lanzado durante esta actividad reúne más que medidas aisladas: “Son cambios interdependientes e implicados en procesos históricos conquistados por el pueblo de Chile, y nosotros vamos a seguir empujando un orden constitucional que garantice la democracia para los y las chilenos y que asegure las bases sociales e institucionales para darle concreción a un Estado social, democrático y garante de derechos.”