A más de 3.900 millones de personas[1] - la mitad de la población mundial – se les ordenó confinarse en abril de 2020 para detener la propagación del Covid-19. Pero, ¿cómo pueden las órdenes de confinamiento detener de manera realista el contagio cuando más de 1.800 millones de personas en todo el mundo carecen de una vivienda adecuada, más de mil millones viven en asentamientos informales, 150 millones no tienen hogar y millones más sufren de inseguridad de tenencia[2]?

La epidemia de Covid-19 ha establecido un nuevo nivel de interdependencia que atraviesa la condición social y conecta la salud y el bienestar de todxs nosotrxs, ya que la imposibilidad de algunxs de entrar en aislamiento puede resultar en la contaminación y la muerte de otrxs. Al magnificar la vulnerabilidad y golpear con más fuerza a lxs miembros más frágiles de la sociedad, la pandemia ha expuesto plenamente los estragos causados por la desigualdad social, de la cual la crisis mundial de la vivienda es un componente importante.

Los sindicatos de la administración pública suelen representar a lxs trabajadorxs de los servicios de vivienda pública y social y tienen una comprensión experta de las cuestiones de vivienda en las comunidades locales. Tras la pandemia, exigen que todos los niveles de gobierno adopten medidas ambiciosas y duraderas para garantizar que lxs trabajadorxs con salarios bajos, las personas sin hogar y las personas vulnerables estén debidamente protegidxs y puedan, cuando sea necesario, acceder a servicios de apoyo, prestados por personal de nivel adecuado y en condiciones decentes[3]. También exigen que lxs trabajadorxs que pierden sus ingresos no pierdan también un techo, poniendo así en peligro su vida y la de los demás. Estas demandas se suman a las acciones y campañas sindicales de larga duración, que ya existían mucho antes del Covid-19, en favor del fortalecimiento de los servicios de vivienda pública y social.

Las soluciones basadas en el mercado han demostrado ser inadecuadas para resolver eficazmente la crisis mundial de la vivienda y defender el derecho humano a la vivienda

A medida que las ciudades se ven obligadas a elaborar nuevas medidas y adaptar las políticas para hacer frente al Covid-19, la vivienda pública y social se perfila claramente como una parte esencial de la solución para vencer las pandemias y proteger la salud pública a medio y largo plazo. Si bien la promoción de políticas de vivienda impulsadas por el mercado sigue siendo generalizada a nivel mundial, algunos gobiernos locales están uniendo fuerzas para nadar contra la corriente y están demostrando que las alternativas funcionan.

A medida que las autoridades públicas tratan de proporcionar medidas de confinamiento y seguridad para vencer al Covid-19, y se ven obligadas a replantearse y adaptar sus políticas, la vivienda pública y social surge claramente como parte esencial de la solución para vencer las pandemias y proteger la salud pública. Las soluciones basadas en el mercado han demostrado ser inadecuadas para resolver eficazmente la crisis mundial de la vivienda y defender el derecho humano a la vivienda, dejando una profunda desigualdad social y desgarrando la cohesión social en muchas comunidades locales, ya que lxs más vulnerables son lxs que pagan el precio más alto.

Es imperativo que las lecciones aprendidas de la pandemia se integren, se hagan permanentes y se amplíen para garantizar soluciones de vivienda duraderas y adecuadas para todxs. Los servicios de vivienda pública y social tienen un papel fundamental que desempeñar para que esto sea posible, y deben ser plenamente reclamados y restaurados como parte fundamental del conjunto de instrumentos de que disponen los gobiernos a todos los niveles para garantizar la seguridad social y la salud pública para todxs.

[1] A. Standford, “Coronavirus: Half of humanity now on lockdown as 90 countries call for confinement” Euronews, 3 April 2020

[2] UN General Assembly, “Guidelines for the Implementation of the Right to Adequate Housing”, Report of the Special Rapporteur on Adequate Housing, A/HRC/43/43, 26 December 2019

[3] A 2019 UNISON report exposed the harsh conditions of social, elderly and community care workers in the UK. “Sleeping in, losing out: a survey of care staff on sleep-in shifts” UK 2019