La jornada tuvo por objetivo conocer y entender qué implica, cómo se organiza, cuál es el rol, cómo se financia y por qué es necesario el Estado. Junto con esto, la docente y facilitadora María Fernanda Villegas se adentró en qué es y cómo debiese funcionar un Estado de derecho, para que, así, las y los jóvenes sindicalistas puedan observar si sus principios se cumplen en su territorio.

La introducción del webinario estuvo a cargo de la secretaria subregional de la ISP para el Cono Sur, Nayareth Quevedo, quien enfatizó en que, con la pandemia, se constató que es necesario que el movimiento sindical no solo demande “acciones de emergencia inmediatas y específicas, y una respuesta económica a las necesidades provocadas por la covid” sino que también abarque las consecuencias socio-económicas que afectan a la población.

La secretaria subregional afirmó, además, que “es fundamental reconsiderar el papel de los servicios públicos e invertir” en ellos y que, para lograrlo, hay que continuar defendiendo la premisa de que “el actual sistema de gobernanza financiera y el poder desmesurado de las empresas transnacionales debe terminar”. Asimismo, destacó que los grandes retos actuales solo pueden enfrentarse con acción colectiva y que “crear un mundo mejor dependerá del acceso a los elementos esenciales de la vida”. “Creemos como ISP que los servicios públicos y sindicatos son pilares fundamentales para dar esta respuesta colectiva necesaria”, finalizó.

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La siguió la ex ministra de Desarrollo Social de la ex presidenta Michelle Bachelet en Chile, directora del Centro de Estudios del Trabajo (CETRA) y docente, María Fernanda Villegas, quien inició el segundo encuentro de formación preguntando cuál había sido el aprendizaje de la sesión pasada. Las y los jóvenes mencionan la relevancia de unirse entre miembros del sindicato, de conocer la historia para avanzar y de la lucha sindical para enfrentar las problemáticas que aquejan a las y los trabajadores.

Como primer acercamiento al tema de la jornada, Villegas expuso que los principios del Estado de derecho aluden a una organización correspondiente al Estado y que abarca ciertos elementos en un país, como el territorio, la población, el gobierno y la soberanía. Posteriormente, mencionó que este control estatal se aplica para evitar disputas e implica el imperio de la ley, el control y fiscalización de los poderes, y la concordancia y compatibilidad de las leyes con los principios internaciones de derechos humanos. “Esto es teoría política, no siempre se cumple a cabalidad, es el deber ser”, concluyó.

“Un Estado puede organizarse de distintas maneras. Puede ser unitario, como Chile, o federado, como Brasil”, prosiguió la ex ministra. Señaló también que puede ser una monarquía, república, oligarquías, aristocracias o tiranías – lo que sería un Estado erosionado – o democracias, según la figura que lidera. Esta última defiende la soberanía del pueblo, es decir, se construye el Estado a partir de la decisión popular manifestada en el voto democrático.

La directora del CETRA indicó que la forma de elegir, las normas y los elementos se establecen en la Constitución, pues “allí se le da forma al Estado”. “Cuan democrática, avanzada, interesada en las y los trabajadores y vinculada a los derechos humanos esté, dependerá de la correlación de fuerzas, es decir, de cuanta fuerza tiene el pueblo en el momento en que se redacta. Por ende, obviamente puede no ser tan democrática”, sostuvo.

“¿Por qué necesitamos darnos en una sociedad una estructura llamada Estado? Esencialmente para que cumpla fines colectivos que de otra forma no podrían ser cubiertos”, dijo la docente. Estos fines pueden ser cualquiera, tales como servir a la comunidad, promover la prosperidad, garantizar la participación, entre otros. Para cumplirlos debe haber financiamiento suficiente, el que puede lograrse a través de distintas fuentes como los impuestos proporcionales o progresivos, bienes públicos, transferencias, donaciones y/o el resultado operacional de empresas públicas. El desfinanciamiento puede traer consecuencias como déficit fiscal, crisis política o inestabilidad, desigualdad social, violaciones a los derechos humanos, entre otros.

La facilitadora y moderadora expuso la ley de autoblindaje, proyecto levantado en Paraguay por la Cámara de Senadores y que fue vetado por el Ejecutivo, y que buscaba modificar el procedimiento constitucional de pérdida de investidura de los y las congresistas.

Para aplicar el contenido revisado, las y los estudiantes debían responder si se atenta o no contra la democracia. Tras conversar en grupos, las y los jóvenes concluyeron que una iniciativa legislativa como esta afecta directamente los principios del Estado de derecho y que debilita el sistema democrático.

Después de la dinámica Villegas expuso los distintos modelos de Estado definidos en las constituciones, como el subsidiario, de bienestar y de derecho. En esta línea, recalcó que a los regímenes neoliberales les acomoda el Estado Subsidiario por el rol dominante de las empresas privadas. También y, al hacer la distinción entre un Estado de derecho formal y uno real, especificó que este último debe proteger a la población a través de servicios públicos de calidad y contar con la presencia de la sociedad civil.

Respecto a las y los trabajadores del Estado señaló que, como las funciones están definidas por la Constitución o leyes específicas, están al servicio del país y dependiendo del marco legal sus responsabilidades serán distintas. Agrega también que su situación es diferente a la de otros trabajadores, ya que están “condicionados a presupuestos generalmente anualizados, a cambios políticos de autoridades y gerencias públicas y al escrutinio de la ciudadanía. Elementos que siempre están en tensión”.

La docente aseveró que frente a emergencias el Estado debiera tener en su estructura políticas y planes de prevención, protocolos de actuación, recursos y mecanismos de gestión expeditos e institucionalidad. Asimismo, indicó atributos como la legitimidad y credibilidad de las autoridades, la cohesión social, la alta tasa de participación al resolver problemas y las relaciones exteriores colaborativas.

Para finalizar, la directora del CETRA se refirió a las responsabilidades sindicales respecto a los problemas de vacunación. Afirmó que tiene que existir un diagnóstico claro del contexto nacional e internacional, que se debe hacer control social y establecer nexos y alianzas en pro de los intereses de los y las trabajadores. Por último, agregó que se debe denunciar, exigir y negociar cuando corresponda: con representatividad y una fuerte correlación de fuerzas.