El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica (ANEP), Albino Vargas, fue absuelto de la acusación de instigación pública del que el Ministerio Público de este país le acusaba. El Estado tendrá que pagar los costos del juicio. Según la jueza Lorena Blanco Jiménez este delito supondría una propuesta concreta de una acción delictiva, no un llamado abstracto a la movilización social, como fue el caso de Vargas. Además, Jiménez afirmó que los acusadores no lograron demostrar todos los requisitos que el tipo penal requiere. 

El secretario general de la ANEP, afiliada a la Internacional de Servicios Públicos (ISP), ha calificado el juicio como “eminentemente político” y de iniciativa del mismo presidente costarricense Carlos Alvarado Quesada. En esta entrevista, señala que había un “evidente interés estratégico de usarnos como chivo expiatorio para silenciar a todas las personas que quieran seguir luchando en este país”. 

Vargas ha enviado las respuestas a las preguntas de la ISP en un video, que se puede ver abajo. A continuación, se puede leer la transcripción de la entrevista.

¿Cómo evalúa la decisión de la jueza Lorena Blanco Jiménez de absolverle de las acusaciones de instigación pública? 

Se ha asentado un precedente importantísimo no solamente en materia de independencia del Poder Judicial, sino que también se manda un mensaje a ciertos medios de comunicación colectiva enemigos de la clase trabajadora y enemigos de la democracia misma que pretenden decirle a los jueces y a la jueza de la República como deben fallar. El precedente también impacta para las luchas sociales de todo tipo próximas en defensa de las conquistas democráticas, del Estado social de derecho, y se castró un fuerte mensaje que querían enviar los sectores del gran capital, de orden preventivo, contra todas las personas luchadoras que venimos defendiendo el Estado social de derecho. Y muy relevante finalmente: desde el punto de vista de los derechos humanos se fortalece la acción sindical bajo esta perspectiva. 

Ha afirmado en la prensa que se trataba de un juicio político y que fue una iniciativa del presidente Carlos Alvarado, quien involucró a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Estos órganos están subordinados a la Presidencia? 

Desde un principio estuvimos claros que se trataba de un juicio político. Los principales entes punitivos del Estado, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, se coaligaron con este grupo ciudadano de ciertos sectores altos de nuestro país para acusarnos de instigación pública con el evidente interés estratégico de usarnos como chivo expiatorio, como conejillo de indias, para, a través de nosotros, silenciar a todas las personas que quieran seguir luchando en este país. ¿Por qué decimos que es un juicio político? ¿Por qué decimos que Carlos Alvarado Quesada está involucrado? Por dos razones. En el juicio se sacó a reducir la gigantesca huelga sindical y popular del 2018 contra el llamado combo fiscal, el paquete fiscal por excelencia del presidente Alvarado. Y, segundo, la Procuraduría General de la República acata directrices políticas, directrices ideológicas directas que provienen de la ministra de Justicia y del propio presidente de la República. Era innegable la intromisión del gobierno de Carlos Alvarado Quesada en la injusta y espuria acusación penal de que fui víctima. 

¿Cuáles otros intereses cree que estaban por detrás de este juicio en contra de usted? 

Estamos viviendo la etapa más dura, más difícil, más compleja desde que en Costa Rica se fundó lo que nosotros llamamos la Segunda República con la Constitución política del 7 de noviembre de 1949. Y de estos momentos, con la traición que hizo Carlos Alvarado Quesada a los principios solidarios del Partido Acción Ciudadana que lo llevó al gobierno, nosotros somos víctimas, vivimos una intensa ofensiva del gran capital plutocrático. Ofensiva mediática, a través de su prensa matriz, a través del gran control que tienen del Parlamento, de la República. Y a través de la desesperación que tienen por imponerle al país el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En tal sentido, acallar, intimidar, perseguir, neutralizar voces disidentes como la nuestra era más que evidente en el proceso penal que se nos abrió.

El objeto de la acusación fueron declaraciones suyas en 2019 sobre la realización de movilizaciones sociales. ¿Esto en Costa Rica se considera un delito que afecta la tranquilidad pública? 

Hasta ahora, están utilizando una figura del Código Penal que quedó, lo que llaman los expertos, muy abierta. Una figura peligrosísima de que la instigación ni siquiera tiene que materializarse; con sólo llamar a la lucha social de este carácter ya se abre o se abriría el proceso penal. Lo que pasa es que tuvimos una especie de espionaje. Era una reunión privada, y además la parte acusadora, el proprio gobierno, no pudo demonstrar quienes habían sido las personas de carne y hueso que habríamos instigado y mucho menos, si la instigación se demostraba, qué delitos las llevamos a cometer. 

Usted también ha afirmado a la prensa que fue víctima “de una especie de espionaje en el proceso judicial”. ¿Puede explicar? 

Esta reunión privada de movimientos sociales de alguna manera fue infiltrada por alguien favorecedor al gobierno, al gran capital, de alguno de los medios antisindicales que hay en el país. De hecho, el video sale a través de una prensa muy enemiga de la lucha social, y efectivamente, aunque era una reunión privada, le dieron toda la connotación de espectacularidad conspirativa que fue la que sirvió de base para montar la demanda. Las reuniones de los movimientos sociales siempre han sido privadas, y cuando no lo son, se invita de manera explícita a toda la prensa, sin exclusión. Lo de 2019, por la naturaleza de las decisiones o de los análisis de coyuntura que se iba a hacer sobre este momento, fue declarada privada por todos que participamos en esta reunión.