Declaración de solidaridad con los sindicatos y gremios de los servicios públicos afiliados de la Internacional de Servicios Públicos, con sindicatos y organizaciones sociales populares hermanas, así como con el pueblo de Ecuador:

Desde principios de año, fuego cruzado, saqueos, asesinatos, sicariato y la ocupación violenta de instituciones públicas, incluyendo las prisiones, por parte del crimen organizado han creado un ambiente de tensión política y social, así como miedo entre la población. Mientras esta ola de estallidos de violencia está enfocada en Guayaquil y otras ciudades de la costa, fugas e insurrecciones en prisiones se están dando al nivel nacional, incluido cerca de la capital Quito.

En respuesta, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional el 8 de enero, y el estado de conflicto armado interno el día siguiente, optando por la militarización del país.  Estas medidas no han dado los resultados esperados por el Gobierno, provocando que el “estado de guerra interna” cobre dimensiones en lo económico, en lo político y en lo social, y que la misma la estén pagando los sectores más vulnerables de la población, entre ellos la clase trabajadora.

Nos preocupan las violaciones de derechos humanos, el racismo y clasismo que subyacen de las caserías en barrios populares emprendidas por el gobierno en nombre de la guerra.

Además, el estado de excepción y la declaración de estado de conflicto armado tuvieron en los primeros días como resultado la interrupción de varios servicios públicos esenciales como la salud. Los servicios de consulta externa en centros de salud y hospitales públicos pararon la atención, y solo los servicios de emergencia estuvieron disponibles, sin ningún inventario de los daños producidos. Así mismo, otros servicios públicos y sus trabajadores en todo el país estuvieron en la primera línea de atención y siguen dando el cuerpo a la continuidad de la vida que todos estos servicios públicos proveen.

Esta situación se da en el contexto de los despidos en el sector, recorte del presupuesto de la salud y educación y retrasos de pagos en los municipios y concejos provinciales desde hasta 4 meses.

Subrayamos la importancia de que el gobierno asegure la provisión plena de servicios públicos a las comunidades, así como la protección y garantía de seguridad de los trabajadores que los proveen. Además, el gobierno debe asegurar la seguridad de la población que no es parte del conflicto.

Finalmente, este contexto no puede ser una oportunidad para llevar medidas nocivas, especialmente en relación con la inversión extranjera y los bienes públicos. La propiedad pública sobre los bienes comunes es necesaria para asegurar políticas públicas igualitarias. Promover la inversión extranjera y reconocer el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión no puede ser una solución a la crisis que vive el país ya que la experiencia al nivel internacional es que ata las manos del gobierno para promover políticas públicas soberanas, que es lo que el país necesita. 

De igual manera, la privatización de los servicios públicos, más flexibilización laboral y medidas fiscales regresivas como el aumento del IVA, provocarán un mayor empobrecimiento de los sectores populares y medios, dando mayor cancha la descomposición social.

Como Internacional de Servicios Públicos (ISP), expresamos nuestra solidaridad a los sindicatos y gremios de los servicios públicos afiliados de la ISP; a nuestros sindicatos y organizaciones sociales populares hermanas, así como al pueblo de Ecuador. Saludamos y apoyamos la iniciativa del Frente Unitario de los Trabajadores, del cual son parte nuestras organizaciones, entre ellas FENOGOPRE y FETMYP, de convocar una gran convención el 3 de febrero 2024. Necesitamos gestar una solución real y soberana a la crisis que enfrenta el país, tanto a nivel de la coyuntura, como de carácter estructural.

La ISP seguirá acompañando a sus afiliadas en este momento difícil.