El Día Mundial de la Salud de este año se celebra en el marco de la emergencia de salud pública más grave de la historia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Más de un millón de personas han sido infectadas por el nuevo coronavirus y ha matado a unas 70.000 personas. Y estas sombrías cifras siguen aumentando. Los gobiernos y la comunidad internacional deben adoptar medidas urgentes y decisivas para reducir y derrotar la pandemia y asegurar que nunca más se ponga a la humanidad en tal peligro.

Lxs trabajadorxs de la salud en la primera línea de la respuesta a la COVID-19 se enfrentan a una situación muy peligrosa. Están sobrecargadxs porque nuestros hospitales tienen una gran escasez de personal. Y no hay suficiente equipo de protección personal (EPP) para protegerlxs adecuadamente. Esta situación pone en peligro lxs trabajadorxs de la salud y sus familias. También impide una adecuada respuesta global a la pandemia.

Años de privatización y recortes en la financiación de la salud pública precedieron a este morboso escenario de falta de preparación de los sistemas de salud. Basándose en un consenso neoliberal, impulsado con las políticas y programas de las instituciones financieras internacionales, los gobiernos han recortado los salarios y puesto límites al empleo en el sector de salud y social, a pesar de la necesidad urgente de emplear a más trabajadorxs de la salud.

Hace apenas cuatro años, parecía renovarse la esperanza de que la falta de personal pasaría a ser cosa del pasado cuando los gobiernos se comprometieron a aplicar las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel sobre el Empleo en la Salud y el Crecimiento Económico de las Naciones Unidas (CommHEEG-ONU) para mejorar el empleo y las condiciones de trabajo en el sector de la salud, a fin de subsanar el déficit mundial previsto de 18 millones de trabajadorxs de la salud y lograr la cobertura de salud universal para 2030.

La Asamblea Mundial de la Salud resolvió además establecer en 2017 un plan de acción quinquenal para el empleo en el sector de la salud y el crecimiento económico inclusivo basado en esas recomendaciones. Pero lamentablemente, cuando comenzó la pandemia, se había hecho muy poco para implementar el plan.

Como señaló el director general de la OMS a principios de 2020, podríamos estar entrando en un período de pandemias para el que el mundo "peligrosamente no estará preparado". Para evitarlo, a partir de ahora, los gobiernos deben dar prioridad a la inversión en salud y adoptar sin demora todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida y el bienestar de lxs trabajadorxs de la salud y otrxs trabajadorxs en la primera línea de la respuesta. Necesitamos trabajadorxs protegidxs para salvar vidas.

Esta crisis pone de relieve aún más la importancia de los determinantes sociales y económicos de la salud. La pobreza y el hacinamiento en las viviendas hacen que el distanciamiento social y físico sea muy difícil, si no imposible, para millones de personas. En varias ciudades, esto ha llevado a que la gente rechace las directivas de confinamiento. La falta de acceso al agua potable para el 40% de la población mundial significa que algunas personas no pueden adoptar ni siquiera medidas preventivas básicas como el lavado de manos.

Esta emergencia mundial pone de manifiesto la interconexión entre la salud pública y el sistema económico internacional.

Aprovechamos este momento para subrayar la necesidad inmediata de proteger el derecho humano a la salud de los migrantes y refugiados y evitar una emergencia importante de salud pública. El efecto de la pandemia en miles de personas concentradas en zonas restringidas sin acceso a servicios de atención de la salud, jabón, agua limpia y saneamiento sería catastrófico.

Esta emergencia mundial pone de manifiesto la interconexión entre la salud pública y el sistema económico internacional. Ésta fue la conclusión de la conferencia de Alma Ata de 1978, en la que lxs delegadxs emitieron una declaración de "salud para todos en el año 2000", señalando que esto no podría lograrse sin establecer un nuevo orden económico internacional que ponga a la gente por encima de los lucros.

Lamentablemente, en los últimos 42 años desde esa declaración histórica, el modelo neoliberal de desarrollo ha sido la norma. La consecuencia ha sido la concentración de la riqueza en unas pocas manos, mientras que los servicios públicos, incluida la atención en salud, han sido insuficientemente financiados, marginados y dejados a la deriva. Esto ha dado lugar a una avalancha de crisis; una recesión mundial masiva, una crisis climática y ecológica, la erosión de la protección social y la informalización del trabajo y la vida de la gran mayoría de las personas.

Puede que la actual pandemia haya sido impredecible. Pero sistemas de salud pública fuertes, enraizados en un orden económico mundial que priorizara la solidaridad y el bienestar de las personas y el planeta por encima de las ganancias de unos pocos, la habrían hecho mucho más manejable.

La crisis sanitaria, social y económica que se está desarrollando es una llamada de atención de la historia para un cambio drástico. Ahora está claro que no podemos confiar en el mercado para proteger nuestra salud. Apoyar a lxs enfermerxs, parterxs y a todxs lxs trabajadorxs de la salud en este momento requiere un verdadero retorno al espíritu de la conferencia de Alma Ata: la salud como un derecho humano fundamental, basado en una nueva economía radical que garantice servicios públicos de calidad para todxs.

Como el dr. Tedros Ghebreyesus señaló, el mundo tiene que romper el ciclo de pánico y negligencia. Esto puede lograrse aplicando las medidas positivas adoptadas por algunos Estados miembros de la OMS hasta la fecha y aplicando los pactos internacionales vigentes que podrían garantizar la salud pública universal. Para lograrlo, la ISP hace un llamamiento a todos los gobiernos para que:

• Pongan equipos de protección personal urgentemente a disposición de todxs lxs trabajadorxs de la salud, incluidxs lxs trabajadorxs de la salud comunitarixs, así como lxs trabajadorxs de todos los sectores con alto riesgo de contagio. Y la COVID-19 debería ser considerada oficialmente una enfermedad profesional del sector de la salud.

• Proporcionen pruebas médicas gratuitas a lxs trabajadorxs que aún prestan servicios públicos, y tratamiento a lxs trabajadorxs infectadxs, así como apoyo de salud mental y psicosocial (MHPSS), en particular en el sector de la salud.

• Garantizen el respeto de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que se detallan en los Convenios 155, 187 y 161 de la OIT, así como en las Recomendaciones 194, 197 y 171 de la OIT, en el Protocolo del Convenio 155 y en la aplicación de las directrices revisadas de la OIT para los servicios de emergencia pública.

• Tomen el control de las fábricas locales para reconvertirlas en productoras de EPP, así como de ventiladores, kits de pruebas y todos los demás dispositivos y suministros médicos necesarios. Del mismo modo, las instalaciones de hospitales privados deben ser requisadas para aumentar el número de camas de cuidados intensivos disponibles.

• Frenen, en favor de la humanidad, los intereses comerciales de la industria farmacéutica. Los derechos de patente sobre los productos farmacéuticos necesarios para el tratamiento de COVID-19 deben ser suspendidos y los laboratorios que trabajan en vacunas para la enfermedad deben ser puestos bajo control público.

• Aborden las dimensiones de género de la crisis. Las mujeres constituyen el 70% de todxs lxs trabajadorxs de la salud y sus preocupaciones deben ser puestas en perspectiva. El necesario cierre de las escuelas plantea un problema para muchas de ellas que tienen niñxs pequeñxs. La situación es aún más difícil para las madres solteras o cuando ambos padres son trabajadorxs de la salud. Se deben establecer mecanismos de apoyo a la atención infantil para ellxs, según sea necesario.

• Soliciten viviendas vacías y hoteles para alojar a las personas sin hogar y a las que viven en condiciones de hacinamiento, a fin de reducir la transmisión de la infección.

• Proporcionen una solución inclusiva y basada en los derechos a lxs migrantes detenidxs (incluidxs lxs atrapadxs en las fronteras) y a lxs refugiadxs, solicitantes de asilo, migrantes y desplazadxs que viven en campamentos.

• Apliquen plenamente las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluido el diálogo social y el compromiso político de impulsar reformas macroeconómicas y políticas adecuadas para la plena realización de la atención sanitaria pública universal.

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