La ISP participó en la 76ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS), en la que abogamos por un trabajo decente para todos lxs trabajadores de la salud y del cuidado, la salud y la seguridad en el trabajo, el fortalecimiento del personal de la salud y del cuidado, los derechos de lxs migrantes, la cobertura de salud universal (CSU) y la equidad sanitaria, los determinantes sociales de la salud y la preparación para emergencias sanitarias mundiales. La AMS sirve de plataforma para los debates sobre la salud mundial y la formulación de políticas y estrategias. La AMS se reúne anualmente para debatir y tomar decisiones sobre prioridades, políticas y programas de salud mundial.

El documento al final de esta página contiene un resumen de las deliberaciones.

La ISP hizo las siguientes declaraciones sobre los siguientes temas en la AMS:

Pilar 1: Cobertura de salud universal

Acogemos con satisfacción la insistencia del Informe 76/7 en la importancia primordial de la financiación pública para la cobertura de salud universal y la creciente incidencia de los gastos en salud catastróficos.

Por lo tanto, instamos a los Estados miembros a detener la privatización de la salud en cualquiera de sus formas y pedimos a los Estados miembros que encabecen las medidas para eliminar las limitaciones institucionales y estructurales del espacio de política fiscal de los PBI y los PIM.

Para garantizar la igualdad de acceso a los productos médicos, instamos a los Estados miembros a que tomen medidas enérgicas para reducir los superbeneficios de los productos y servicios médicos.

Pedimos a la Asamblea que incluya la aplicación de las recomendaciones del UNCOMHEEG, para aumentar drásticamente el empleo de lxs trabajadores de la salud y del cuidado, y el Pacto Mundial de Trabajadores de la Salud y del Cuidado en las herramientas de seguimiento y rendición de cuentas enumeradas.

Pilar 2: Mil millones de personas más mejor protegidas frente a las emergencias sanitarias

La ISP defiende los derechos de lxs trabajadores y el acceso universal a la seguridad social. Hablamos en nombre de los 30 millones de trabajadorxs que representamos, de los cuales el 60% son trabajadorxs de la salud.

Nuestros miembros han sido testigos de que la privatización de los servicios públicos y la erosión de los derechos de lxs trabajadores obstaculizan la capacidad de los Estados para prevenir, preparar y responder a las EPS. Los instrumentos del PPR deben incorporar medidas que garanticen el trabajo decente y fortalezcan los sistemas públicos de salud para crear una preparación sostenible ante emergencias sanitarias. No podemos permitir que las políticas de austeridad se interpongan en la vida de las personas. La seguridad sanitaria es insuficiente para promover la equidad sanitaria y la justicia social.

Instamos a los Estados miembros a trabajar por sistemas de I+D abiertos y públicos y a diseñar mecanismos jurídicamente vinculantes para acabar con los monopolios relacionados con la propiedad intelectual. Creemos que para promover el acceso equitativo a las contramedidas médicas, los instrumentos del PPR deberían incluir una exención automática de las normas de PI desencadenada por la declaración de una PHEIC.

Apoyamos la propuesta del RSI de Eswatini, Bangladesh y el Grupo Africano de incluir disposiciones para renunciar a la protección de la PI en la legislación nacional, compartir los derechos sobre los productos desarrollados con fondos públicos y compartir los expedientes normativos para poner en marcha la producción local. Reforzar la producción local y regional es necesario para descentralizar la capacidad de fabricación y diversificar los suministros con vistas a un acceso oportuno a las contramedidas médicas.

Las tecnologías sanitarias son bienes públicos mundiales. Instamos a los Estados miembros a que establezcan condiciones jurídicamente vinculantes para garantizar que las tecnologías sanitarias procedentes de la investigación financiada con fondos públicos se mantengan en el dominio público.

Pilar 3: Mil millones de personas más disfrutan de mejor salud y bienestar

La Internacional de Servicios Públicos representa a millones de trabajadorxs de la salud y del cuidado de todo el mundo que abogan por el trabajo decente y la seguridad y salud en el trabajo. Hago esta declaración en su nombre.

La austeridad ha diezmado nuestros servicios de salud y del cuidado, lo que ha provocado una sobrecarga y escasez de recursos en los sistemas y el personal. Esto ha empeorado las desigualdades sanitarias, lo que se ha traducido en malos resultados para los pacientes y los usuarios de los servicios. Nuestros miembros trabajan duro para ofrecer una sanidad y una asistencia de calidad a sus comunidades. Sin embargo, se enfrentan a un sistema de salud muy fragmentado, con una privatización cada vez mayor, una financiación reducida y unas condiciones laborales cada vez peores.

Unos servicios de salud de calidad plenamente financiados y con un acceso equitativo son la base de la promoción de la salud y el bienestar. Instamos a los Estados miembros a que se comprometan a financiar íntegramente los servicios de salud de calidad prestados por un personal bien formado, bien remunerado y respaldado para garantizar el bienestar de todxs.

Pilar 4: Una OMS más eficaz y eficiente que preste un mejor apoyo a los países

La ISP acoge con satisfacción la decisión de prorrogar el Plan de Acción Mundial de la OMS, que es muy pertinente en un momento en que el mundo se enfrenta a las múltiples crisis de los conflictos, el clima, la pobreza generalizada y el desempleo que provocan migraciones y desplazamientos forzosos.

Defendemos el derecho humano a la salud de lxs migrantes y refugiados, independientemente de su estatus. Es esencial que los servicios de salud pública sean inclusivos y de calidad, y que estén respaldados por una mano de obra adecuadamente dotada, formada y remunerada.

Debe haber cortafuegos que separen los servicios de salud del control de la inmigración, el acceso a la justicia y el cumplimiento de las normas laborales fundamentales para lxs refugiados y lxs trabajadores migrantes.

Las detenciones, expulsiones y deportaciones masivas privan a migrantes y refugiadxs de su derecho a la salud. Los Estados miembros deben establecer vías seguras y legales de migración que tengan en cuenta a los niños, transformen la perspectiva de género y se basen en los derechos humanos.