Resolución en respuesta a la publicación del texto del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica

En respuesta a la publicación del texto del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica el 19ª Comité Director de la ISP, que se reunió en Ginebra, Suiza el 17-18 de noviembre, aprobó la siguiente resolución:

19ª Comité Director de la ISP - OIT Ginebra 17 a 18 de noviembre de 2015

Resolución en respuesta a la publicación del texto del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica

El texto del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTPA, por sus siglas en inglés) confirma muchos de nuestros temores: se trata de un acuerdo muy sesgado a favor de las empresas, que tendrá graves consecuencias para servicios públicos esenciales.

Debido a que el texto permaneció en secreto a lo largo de las negociaciones, sindicatos y sociedad civil tuvimos que depender de las filtraciones de sus capítulos y de testimonios indirectos para poder participar de algún modo en el acuerdo. Por su parte, gracias a su inmenso poder de presión, las empresas han conseguido incluir en el acuerdo ámbitos de interés clave para ellas. Si bien continuamos analizando las 1600 páginas de texto legal, el análisis preliminar es preocupante.

He aquí algunas de las preocupaciones que el TPPA suscita a la ISP:

  • Agranda las desigualdades existentes en el mundo, a pesar de todo lo que queda por hacer para abordar las crecientes desigualdades. El TPPA supone un paso en la dirección contraria.
  • Inclina aún más la balanza de poder del lado de las corporaciones multinacionales y consolida sus derechos sobre gobiernos y personas.
  • Limita el acceso a medicinas asequibles. Médicos Sin Fronteras describe este acuerdo como “el pacto más pernicioso para el acceso a las medicinas de los países en desarrollo jamás firmado”. La cláusula sobre las patentes, por la que intensamente cabildearon las farmacéuticas estadounidenses, permite que los fármacos estén disponibles, pero sólo accesibles a un coste enorme para los contribuyentes o personas hasta muchos años después de su lanzamiento comercial.
  • Mina la legislación que regula la sanidad pública. El TPPA obliga a los gobiernos a crear un mecanismo oficial que permite a la industria tabacalera involucrarse cuando el gobierno intente cambiar la legislación. Es contrario al tratado sobre el tabaco de la OMC, que insta a los gobiernos a proteger sus leyes de la influencia corporativa.
  • Permite a las empresas demandar a los gobiernos, a través de su mecanismo para la solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), en caso de que estos introduzcan alguna legislación que pueda perjudicar sus beneficios. Esto perjudica la democracia y la soberanía del Estado y disuade a los gobiernos de perseguir sus legítimos objetivos políticos y normativos.
  • Ignora numerosos problemas en materia de derechos laborales. Si bien las empresas tienen la posibilidad de demandar a los gobiernos ante tribunales internacionales, las cuestiones laborales tienen que abordarse dentro de cada Estado. Parece que el acuerdo sólo permite la presentación de quejas sobre violaciones de carácter laboral que afecten al comercio y las inversiones, es decir que, en gran medida, el personal del sector público queda fuera de cobertura. Esto también disuade a los gobiernos de legislar, de introducir leyes como las que regulan el salario mínimo, ante la amenaza de ser demandados por las empresas que pueden considerar que estas medidas tienen consecuencias negativas para sus beneficios.

El TPPA representa una amenaza grave para la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios públicos de calidad por el bien común, de abordar las desigualdades y de proteger la democracia. La ISP insta a los gobiernos a reconocer los efectos negativos que este acuerdo tendrá para las personas y a retirarse del mismo.

La ISP insta a sus afiliadas de países firmantes del TPPA a movilizarse para impedir la ratificación del acuerdo a escala nacional y se compromete a ayudarles a ello.

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