Laura Maffei*

Si bien hay una valorización del rol, tanto de los recicladores como los trabajadores municipales de las empresas públicas, hay también varios desafíos, como la posible pérdida de puestos de trabajo por la mecanización, y el debilitamiento de la contratación colectiva.

Las organizaciones sindicales del sector denuncian, además, que en los últimos años hubo un deterioro del equipamiento, posible desvío de fondos, e intentos de desmantelamiento de las empresas públicas de aseo. Por ello, además de la lucha por mejoras laborales, incorporan en sus programas de acción la defensa de la calidad del servicio público y la garantía de su financiamiento, elementos clave para sostener la gestión pública del mismo.

La gestión integral de residuos en Quito

En Ecuador, la política de gestión integral de residuos sólidos (GIRS) quedó definida dentro de la propia Constitución Nacional en su reforma de 2008. En virtud de ello, desde 2010 el Distrito Metropolitano de Quito tiene su propia normativa referida de GIRS.

Más de 95% de la población tiene cobertura de limpieza y recolección, la cual está a cargo de la empresa pública de aseo EMASEO, que realiza las tareas generales de aseo público, la recolección selectiva en las distintas áreas del DMQ, y el traslado de los residuos a los Centros de Gestión Ambiental (segregación, acopio y comercialización) y Estaciones de Transferencia

Por su parte, la Empresa Pública de Gestión Integral de Residuos (EMGIRS) es responsable del transporte de los residuos no recuperables desde las Estaciones de Transferencia a su disposición final y de la operación del relleno sanitario “El Inga”. Actualmente ambas empresas públicas están en un proceso de fusión.

Se estima que se recupera entre 10 y 20% de los residuos que genera el DMQ. Según distintas fuentes esto representa un importante valor económico y, en particular, ha mejorado en forma significativa los ingresos de los “minadores” o recuperadores callejeros de residuos.

El reconocimiento de las y los trabajadores como actores clave del servicio de residuos municipales

Uno de los aspectos más destacables de la política de GIRS del DMQ es el reconocimiento y valorización de los trabajadores del sector, tanto formales como informales. La normativa se refiere específicamente a éstos como actores fundamentales para el buen funcionamiento del sistema y reconoce a los antiguos “minadores” como “gestores ambientales”. Aunque no formaliza su contratación por parte del municipio, sí reconocen determinados derechos laborales y cobertura de seguridad social.

Prestan el servicio alrededor de 1.700 trabajadores municipales (1339 en EMASEO y 287 en EMGIRS) y unos 600 gestores ambientales repartidos entre la recolección selectiva, los Centros de Gestión Ambiental y las Estaciones de Transferencia.

No debe perderse de vista de cualquier forma que se calcula que hay más de mil “minadores” trabajando en las calles de Quito sin reconocimiento del municipio. Estos trabajadores prestan un importante servicio a la ciudad, pero se encuentran en una situación de gran desprotección.

Derechos laborales en el sector de residuos: entre el reconocimiento y la vulnerabilidad

Si por un lado se reconoce y valoriza la labor de los trabajadores del sector y hay en general un cumplimiento de las condiciones de salud y seguridad gracias en gran medida al control permanente del sindicato, se observa por otro lado una preocupante vulnerabilidad laboral, en particular desde la eliminación de la contratación colectiva para la administración pública en Ecuador. Esto viene siendo denunciado por organizaciones ecuatorianas e internacionales, incluida la ISP, motivando incluso observaciones de los órganos de control normativo de la OIT.

Es importante considerar el peso que los trabajadores del sector de residuos tienen sobre la planta municipal (28%) y su alto nivel de sindicalización, que supera el 70%. No menos importante de señalar es el hecho de que la organización sindical afilia también a alrededor de 60% de los gestores ambientales del DMQ, además del apoyo permanente y articulación con este colectivo. Esto da a la organización una importante representatividad y legitimidad de negociación frente a la administración.

La lucha sindical: inclusión de los informales, defensa de los puestos de trabajo y sustentabilidad del servicio

En este contexto, no son pocos ni menores los desafíos sectoriales que enfrenta la Federación de Trabajadores Municipales y Provinciales (FETMYP) – afiliada a la ISP - los que abarcan mucho más que la lucha histórica por mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.

Uno de ellos es la inclusión de los trabajadores informales. Más allá de la afiliación de los gestores ambientales, hay un trabajo permanente de acompañamiento y asesoramiento de este colectivo con el fin de fortalecer su capacidad de organización. Esto sin perder de vista la enorme cantidad de trabajadores que recorren las calles recuperando residuos sin ningún tipo de reconocimiento ni protección laboral.

La FETMYP ha apoyado y trabajado para el éxito de GIRS desde el comienzo, por la oportunidad de mejorar las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores del sector, y por lo que un buen sistema de gestión de residuos implica para la salud ambiental y de la población en general. Hay sin embargo un factor que genera gran preocupación que es la creciente mecanización del servicio de recolección. Si por un lado el municipio pone el foco en las mejoras de eficiencia y el menor riesgo laboral que esto podría suponer, por su parte la organización sindical alerta sobre la posible pérdida de puestos de trabajo sin una estrategia de transición a otros empleos más calificados dentro del servicio.

Tal como denuncian los sindicatos, podría señalarse una contradicción en esta aparente preocupación por la eficiencia del servicio cuando se observa una pérdida de calidad del servicio de aseo por falta de recursos e insumos: deterioro de maquinaria y herramientas, obsolecencia de la flota de vehículos, algo que denuncia el sindicato y la propia empresa EMASEO reconoce.

Entrevista a Wilson Álvarez Bedón, Presidente de la Federación de Trabajadores Municipales y Provinciales de Ecuador (FETMyP), sobre la crisis de recolección de residuos en Quito de 2017.

La organización sindical es plenamente consciente de la necesidad de defender la calidad del servicio y garantizar su financiamiento para poder sostener la gestión pública del mismo. En este sentido, ha sido, un actor clave para mantener el cobro del servicio dentro de la factura de electricidad, algo que había sido eliminado por ley. Según declaraciones de EMASEO esto hubiera significado la pérdida de 50% de la capacidad de recaudación de la empresa.

En el reconocimiento del valor de los trabajadores y la declaración de preocupación por sus condiciones laborales aparecen también contradicciones, como por ejemplo la mayor vulnerabilidad desde la eliminación de la contratación colectiva, o la exclusión de representantes de los trabajadores en el Directorio de las Empresas Públicas, dificultando, entre otras, el control sobre el uso y desvío de fondos que denuncia el sindicato.

Aunque muchas de estas cuestiones obedecen a cambios en normativa nacional, la organización sindical ve en este tipo de maniobras un intento de desmantelar las empresas públicas, lo que podría llegar a ser un peligroso paso previo que justifique la privatización del servicio a futuro. Por ello, trabaja de forma permanente en la comunicación con la comunidad para explicar y sensibilizar sobre la situación a fin de lograr el apoyo y compromiso con la defensa del servicio público.

*Articulo preparado por Laura Maffei, asesora de la ISP, con entrevista a Wilson Álvarez Bedón, Presidente de la Federación de Trabajadores Municipales y Provinciales de Ecuador (FETMYP). Este articulo forma parte de una serie de casos identificados en el sector de servicios municipales de residuos de la ISP en coincidencia con la primera reunión de sindicatos municipales de servicios de residuos de América Latina de la ISP que se celebró en Bogotá, Colombia, los días 28 y 29 de julio de 2017.