Los sindicatos subrayaron que la normativa vigente sobre servicios esenciales ya garantiza la seguridad pública durante las huelgas. El vago concepto de "bienestar" de la nueva legislación como criterio para limitar la huelga carece de una definición jurídica clara y podría enfrentarse a recursos de inconstitucionalidad.

En su intervención ante una comisión parlamentaria, el Presidente del Congreso de Sindicatos de Quebec (CSQ), Éric Gingras, declaró: "Si queremos hablar de bienestar público, hablemos de mejorar los servicios de educación infantil, las condiciones de trabajo en las organizaciones comunitarias y detener los recortes en sanidad. Ahí es donde empieza de verdad el bienestar público, no socavando los derechos laborales fundamentales".

Para el presidente de APTS, Robert Comeau, "el gobierno está vulnerando los derechos de todos para resolver un problema que, en realidad, es una excepción. En lugar de socavar los derechos de los trabajadores, debería abordar los problemas reales que están comprometiendo los servicios a los quebequeses: condiciones de trabajo difíciles, sobrecarga de trabajo y retención de los empleados".

Desde 2000, aproximadamente el 95% de los convenios colectivos de Quebec se han resuelto mediante negociación directa o conciliación. Durante el periodo 2000-2020, los cierres patronales causaron un número significativamente mayor de días de trabajo perdidos (757) que las huelgas de trabajadores (172), lo que desafía la narrativa del gobierno sobre las acciones laborales perjudiciales.

La resistencia de los sindicatos al Proyecto de Ley 89 pone de relieve un patrón mundial más amplio en el que los gobiernos intentan debilitar los derechos laborales al tiempo que socavan los servicios públicos mediante recortes presupuestarios y privatizaciones.

"Las huelgas no son una amenaza para el bienestar de las personas, porque, en más del 90% de los casos, las negociaciones se resuelven sin ni siquiera tener que recurrir a la huelga. Pero en lugar de buscar un reequilibrio, este proyecto de ley da claramente ventaja a los empresarios al limitar los derechos de los trabajadores. La FIQ se pregunta sinceramente qué motiva al gobierno, aparte de una agenda partidista destinada a favorecer a sus amigos", cuestiona Julie Bouchard, Presidenta de la FIQ.