En medio de los nefastos efectos que ha causado la pandemia del Covid-19 en Colombia, que ha profundizado la pobreza y el hambre de amplios sectores de la población, las desigualdades sociales, el desempleo, la informalidad y la precariedad laboral, se presenta un hecho completamente inaceptable para nuestro sindicato global, la Internacional de Servicios Públicos, ISP.

Ante la movilización social iniciada el 28 de abril de 2021, por la convocatoria a un Paro Nacional, para enfrentar, entre otras cosas, la reforma tributaria presentada por el gobierno de Iván Duque al congreso de la republica de ese país, el gobierno ha respondido con una brutal represión hacía la población dejando, hasta la fecha, 28 muertes, 234 personas heridas, más de 100 desaparecidas y casi 800 detenciones arbitrarias, constituyendo esto una grave violación a los derechos humanos en ese país.

El gobierno de Iván Duque, haciendo eco del llamado de Alvaro Uribe y de otros dirigentes políticos de su partido, el Centro Democrático, quienes solicitaron la militarización de las ciudades y acallar la movilización a bala y represión, autorizó lo que llamó el acompañamiento militar a las autoridades, lo que envalentonó a las fuerzas oficiales, quienes han procedido de manera desproporcional y violenta contra los manifestantes.

Es inaceptable que, luego de seis días de protesta y más de 20 muertes, el gobierno decida retirar la iniciativa de reforma tributaria, pero convoca a los partidos más cercanos a su gobierno y a los gremios económicos a concertar una nueva reforma tributaria, desconociendo completamente al Comité Nacional de Paro, quien asume la vocería de la movilización social

“Es inaceptable que un gobierno responda al derecho de protesta con el uso desmedido de las fuerzas militares y de policía, que utilizan armas letales contra los manifestantes, que disuelve las manifestaciones pacificas a punto de gas lacrimógeno y bombas aturdidoras, disparadas directamente contra los cuerpos de los manifestantes dejando heridos y muertos a su paso” - manifestó la secretaria general de la ISP, Rosa Pavanelli.

Pero es más inaceptable que, luego de seis días de protesta y más de 20 muertes, el gobierno decida retirar la iniciativa de reforma tributaria, pero convoca a los partidos más cercanos a su gobierno y a los gremios económicos a concertar una nueva reforma tributaria, desconociendo completamente al Comité Nacional de Paro, quien asume la vocería de la movilización social, quien ha reiterado que las protestas se mantienen hasta que no se atiendas las peticiones radicadas al presidente Duque y que se resumen en:

• Retiro del Proyecto de Ley 010, que profundiza la privatización de la salud;

• Fortalecimiento de una masiva vacunación;

• Renta Básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual;

• Defensa de la producción nacional, agropecuaria, industrial, artesanal y campesina; subsidios a la pequeña y mediana industria y empleo con derechos y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria;

• Matricula cero para los estudiantes y retiro de la alternancia educativa mientras los docentes no gocen de garantías para evitar el contagio del Covid-19;

• No discriminación de género, diversidad sexual y étnica;

• No privatización de servicios esenciales y derogatoria del Decreto 1174 de 2020, que introduce una reforma laboral disimulada.

Rosa Pavanelli, secretaria general de la ISP, expresa su reconocimiento a la valentía del pueblo colombiano para enfrentar la brutalidad policial y por mantener la constancia de la movilización social exigiendo los cambios que amerita la difícil situación económica y social del país. Destaca la decidida participación de todas las afiliadas a la ISP a lo largo y ancho de la geografía colombiana, aportando ideas e iniciativas con el fin de posicionar propuestas alternativas a las políticas del gobierno de Duque.

“Es muy aleccionador que lxs trabajadorxs y las organizaciones sindicales afiliadas a la ISP hayan puesto en su agenda la derrota de una reforma tributaria regresiva y que levanten propuestas, al lado de la Red de Justicia Tributaria, como la de frenar la evasión fiscal, la fuga de capitales hacía los paraísos fiscales y los flujos financieros ilícitos, mayor impuestos a los dividendos y a la renta especulativa e inmobiliaria y eliminar las exenciones otorgadas en la reforma tributaria del 2019. El fortalecimiento de las finanzas públicas debe tener como fin el garantizar servicios públicos esenciales de calidad, incluyentes, democráticos, con enfoque de género y concebidos como derechos humanos ” - señaló la secretaria general de la ISP.

Así mismo, expresó que la Internacional de Servicios Públicos acompaña, desde su 30º Congreso Mundial, realizado en el 2017, a las afiliadas en Colombia en el propósito de la construcción de la paz estable y duradera y consolidación de la democracia en un país que ha sufrido la violencia durante más de cinco décadas y lo seguirá haciendo en momentos tan complejos como los que vive en mundo por los efectos que genera la pandemia del Covd-19. Hoy más que nunca, ante la violencia oficial, el pueblo colombiano requiere de la solidaridad y el acompañamiento del sindicalismo a nivel internacional.

Por ello, la ISP junto a las demás federaciones sindicales internacionales, FSI's, en las Américas y a la Confederación Sindical de las Américas, CSA, han pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos una intervención urgente en Colombia para detener la brutal violencia policial, desatada durante los siete días que lleva la realización del Paro Nacional que inició el 28 de abril. "El sistema de naciones unidas no puede permanecer inerte frente a la violación de los derechos humanos en Colombia y debe pasar de los pronunciamientos de preocupación a una decidida atención al llamado del movimiento sindical internacional" - afirmó Rosa Pavanelli-

Por último, la secretaria general de la ISP manifestó que acompañará el pedido realizado por la Confederación Sindical de las Américas, CSA, el cual contó con el acompañamiento de la ISP en la región, para que Colombia sea examinada en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional de la OIT de este año, ya que los hechos refrendan la necesidad de dicha inclusión del país en la lista de países que violentan los derechos de lxs trabajadorxs y que vulneran los derechos humanos de sus ciudadanos.