Por Jose Olvera

Uno de los objetivos del foro es construir una posición común y una estrategia en contra el TPP y demás acuerdos comerciales, asimismo, adoptar un programa de acción compartido, en el ámbito nacional, regional e internacional, para impedir su ratificación.

El encuentro se desarrolló en mesas de trabajo que abordaron las siguientes temáticas; soberanía alimentaria y derechos de los pueblos, los derechos laborales versus derechos corporativos, derechos digitales y de propiedad común versus propiedad intelectual en el tratado, los derechos de los inversionistas extranjeros y los derechos humanos versus los derechos corporativos.

El día 28 se realizó un conversatorio con varios senadores de la República acerca del impacto negativo del TPP. Ese mismo día, en la Universidad Autónoma de Chapingo se desarrolló el foro “Biodiversidad, semillas nativas y propiedad intelectual”. El 29, último día del encuentro, se presentaron las conclusiones de las mesas de trabajo, el plan de acción conjunta y las declaraciones del encuentro. Asimismo, se participó en la movilización masiva del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

Después de cinco años de negociaciones secretas, doce ministros firmaron el acuerdo transpacífico este 4 de febrero en Auckland, Nueva Zelanda, el gobierno de México es uno de los países firmantes. El TPP consta de 30 capítulos que abordan una amplia variedad de temáticas, tales como agricultura, textiles, inversiones, comercio electrónico, telecomunicaciones, asuntos laborales, medio ambiente, importaciones, entre otros. Después de que el Ejecutivo lo firme deberá enviarlo al Senado, donde se discutirá si es aprobado o rechazado, sin posibilidad de modificación al texto.

Los acuerdos comerciales TPP, TISA, México-Unión Europea, etc. Se están negociando en secreto y al margen de los poderes legislativo y judicial y sin la consulta oportuna a la sociedad civil. Los futuros gobiernos estarán obligados a cumplir dichos acuerdos, sin importar las decisiones del electorado en los procesos electorales, sin tomar en cuenta al poder legislativo y los tribunales nacionales. El TPP vulnera la constitución de muchos de nuestros países al pretender que sea obligatorio no solo para el poder ejecutivo que lo suscribe, sino a todos los órdenes de gobierno (estatales, municipales, comunales etc.), comprometiendo a poderes constitucionalmente autónomos y soberanos sin su consentimiento ni ratificación.

Estos acuerdos internacionales quebrantan la Constitución mexicana y las leyes estatales que reconocen a los derechos humanos, privilegiando el interés comercial de las transnacionales en detrimento de los pueblos y la ciudadanía. El Acuerdo de Asociación Transpacífico representa un grave peligro para los derechos humanos y la democracia de los países involucrados. Atenta contra el derecho democrático a decidir nuestras propias leyes y políticas y socava nuestra soberanía y autodeterminación para regular y legislar en la forma más adecuada los intereses nacionales.

Los trabajadores mexicanos rechazamos este acuerdo porque amenaza la democracia, los derechos sociales y laborales, el acceso a los servicios públicos, a los medicamentos, a la salud y la educación es un grave retroceso para la generación de trabajo y salario digno y desde las perspectivas de los derechos fundamentales de los trabajadores atenta contra la justicia social, socava la sostenibilidad ya que está diseñado para servir a los intereses de las grandes corporaciones y a los Estados Unidos, de ninguna manera a los intereses de las personas o del medioambiente.

Es una agenda pro empresarial para privilegiar a las empresas extranjeras y los intereses corporativos por encima de las prioridades más urgentes de los ciudadanos; como el cambio climático, la soberanía alimentaria, el acceso a medicamentos, la privacidad y la libertad en internet, empleos de calidad, justicia social, es en lo hechos el control de las empresas sobre las políticas públicas.

Dan absoluta libertad a los consorcios internacionales para demandar a los gobiernos por tomar medidas para proteger el medio ambiente, la salud pública, la educación, ya que atentarían contra sus expectativas de ganancias, ya que funcionan sobre una lógica estrictamente comercial, no necesariamente a partir de la justicia social. Dichos acuerdos comerciales son amenazas directas a la prestación de servicios públicos de calidad. Fomentan la privatización, restringen la capacidad de los gobiernos para regular en el interés público y crean nuevos y poderosos derechos para las grandes corporaciones multinacionales. Además, son una amenaza para la democracia y la responsabilidad social del Estado.

Los Trabajadores de las Américas rechazamos dicho acuerdo porque atenta contra los derechos humanos laborales; salario digno, estabilidad en el empleo, educación, seguridad social y vulnera la auténtica representación laboral democrática para establecer un dialogo social. Asimismo, agudiza la concentración de la riqueza, generando más pobreza, precarización del trabajo, desempleo y desigualdad social. Además de violentar las relaciones laborales nacionales e internacionales. Al mismo tiempo quebranta el carácter vinculante de los tratados internacionales de Derechos Humanos; en especial el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional en materia de los Derechos Económicos, Sociales y Derechos Culturales.

Tal y como se expresó en el X aniversario de la derrota del ALCA; estos tratados forman parte de los nuevos marcos de la arquitectura financiera y comercial que amplifica el poderío de las empresas trasnacionales a través del Acuerdo Transpacífico (TPP), los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), Acuerdo sobre comercio y servicios, (TISA), Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversiones, (TTIP), Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y Europa (CAECG), Plan para la prosperidad, y Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Es así como el gran capital reconstruye su estrategia de dominación articulada que se expresada en una gran ofensiva; con los avances del libre comercio, el poder de las trasnacionales que violan nuestras soberanías, en una lógica militar, cultural y mediática donde el monopolio de los medios de comunicación tiene un papel de control y dominación.

Estos tratados constituyen una amenaza estratégica para la integración de América Latina. Pretende una reconfiguración de carácter geopolítico, en base a bloques regionales; ayer norte-sur, hoy Pacifico-Atlántico, ya que está dirigido en contra los procesos de integración de la CELAC, UNASUR, Mercosur, dicha estrategia responde a los intereses corporativos de las empresas trasnacionales y de los organismos financieros internacionales. Asimismo, atenta contra la autonomía política, la soberanía nacional y el desarrollo productivo de los países de las Américas.

En nuestros países esta ofensiva se expresa en una rearticulación de la derecha que amenaza; los procesos democráticos, las conquistas políticas y sociales, resultado de largos procesos de lucha popular. Por lo que estamos convocando desde el STUNAM, la UNT, la CSA a todas las fuerzas políticas y sociales a la defensa de la democracia y los procesos de transformación en la región, a la lucha contra el libre comercio y las trasnacionales; a la profundización de los procesos democráticos y la defensa de las soberanías y la integración desde los pueblos.