En un contexto de crecientes ataques al multilateralismo y a los derechos laborales, la Red de Administración Pública de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) reunió a más de 180 representantes sindicales de varios países la región para analizar los alcances políticos y jurídicos del derecho de huelga en el marco del Convenio 87 (sobre libertad sindical) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la consulta presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La Corte ha comenzado su deliberación para determinar si el derecho a la huelga está protegido por el Convenio 87 y esta decisión puede tener un enorme impacto. De ser positiva, va a consolidar la huelga como derecho fundamental y reforzar la autoridad de la OIT; o bien determinar que la regulación de la huelga corresponde a los Estados en el marco de la legislación nacional, dejándola fuera de la supervisión internacional. El resultado de este proceso tendrá implicaciones profundas para los sindicatos de todos los sectores, y especialmente para los sindicatos de la administración central para los cuales los argumentos de la necesidad de garantizar servicios esenciales y el orden público son constantes.

Frente a este escenario, el objetivo del evento fue dar a conocer los antecedentes del caso, los argumentos presentados durante la audiencia pública realizada a principios de octubre en la cual ha participado Marcelo Di Stéfano, secretario para fortalecimiento y organización sindical de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) y uno de los ponientes del webinário, así como anticiparse a los posibles escenarios para identificar respuestas necesarias por parte del movimiento sindical de los servicios públicos.

El responsable de derechos sindicales de la ISP, Camilo Rubiano, presentó una línea del tiempo de lo que ha sido la lucha por el derecho de huelga frente a la OIT en 15 años y remarcó que la consulta ante la CIJ debe ser comprendida dentro de una disputa política más amplia. “El dictamen de la Corte, incluso si reconoce el derecho de huelga dentro del Convenio 87, no resolverá el problema de fondo mientras la OIT siga debilitada y bajo ataque político”, explicó. Rubiano enfatizó que el desafío es construir poder colectivo: “La defensa de la huelga no se gana solo en los tribunales, sino en la calle, en la organización y en la solidaridad internacional”.

Por su vez, Di Stefano advirtió sobre un escenario internacional marcado por el acoso a los organismos multilaterales y a la OIT. “Lo que se está cuestionando hoy es la subsistencia de este organismo de Naciones Unidas que tiene un carácter protector”, afirmó. Según explicó, de los 18 Estados participantes en las audiencias, trece (13) manifestaron su apoyo a la opinión de larga data respecto a que el derecho de huelga está protegido en virtud del Convenio núm. 87 de la OIT. Por parte de la Confederación Sindical Internacional (CSI), entre los argumentos presentados a la CIJ está el de que el derecho a la huelga es un corolario del derecho a la libertad sindical.

Para Di Stefano, lo que existe hoy son intentos de alterar la estructura del sistema tripartito para debilitar la participación de las organizaciones sindicales. “El ataque al derecho de huelga no es un hecho aislado, sino un capítulo más de la ofensiva contra los derechos de los trabajadores y la autonomía sindical”, señaló.

Experiencias concretas de miembro de la ISP en los países de Interamérica

Desde Canadá, Sharon DeSousa, presidenta del sindicato nacional, Alianza de Servicios Públicos de Canadá (PSAC), compartió la experiencia de su país, donde en 2015 la Corte Suprema reconoció el derecho de huelga como parte de la libertad de asociación. Sin embargo, advirtió que “los derechos nunca se ganan de forma permanente; deben defenderse una y otra vez”. De Sousa recordó que en 2023 se realizó la huelga más grande de la historia del sector público canadiense, con más de 100.000 trabajadores. “Eso demostró nuestra fuerza colectiva, pero también los límites legales que persisten. No podemos depender solo de los tribunales; debemos organizarnos y actuar colectivamente cuando esos derechos se ven amenazados”, subrayó.

José Miguel Delgado Bautista, de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Educación (FENTASE) de Perú, subrayó que cuestionar la huelga “ya es vulnerar uno de los tres pilares fundamentales de la libertad sindical”. Recordó que en su país el Estado, siendo el principal empleador, “también es el principal vulnerador de derechos”, y que la huelga ha sido históricamente “el instrumento fundamental para enfrentar al Estado y defender no solo derechos laborales, sino también los servicios públicos de calidad”.

La secretaria de relaciones internacionales de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de Chile, Ángela Rifo, destacó la pertinencia del debate en “un momento político bastante complejo, con una reconfiguración del orden global y un ataque brutal al multilateralismo y al tripartismo”. “En Chile, el derecho de huelga del sector público no está reconocido constitucionalmente, pero lo hemos ejercido durante años. Hoy, incluso con gobiernos progresistas, enfrentamos sanciones y descuentos a quienes se movilizan”, explicó.

En el cierre del evento, el secretario regional para Interamérica de la ISP, Euan Gibb, destacó que el momento actual es crítico para redefinir el papel del sindicalismo frente a las crisis democráticas y climáticas. “El derecho de huelga no es un fin en sí mismo, sino una herramienta esencial para defender la justicia social, la igualdad y los servicios públicos que sostienen la vida”, afirmó. Gibb sostuvo que el sindicalismo interamericano tiene la responsabilidad de “defender los espacios multilaterales, fortalecer las alianzas con otros movimientos sociales y aumentar la capacidad de movilización de lxs trabajadores”.

Los participantes coincidieron en que el sindicalismo internacional debe prepararse para cualquier escenario jurídico y político que derive de la consulta ante la CIJ, fortaleciendo la unidad regional y la acción colectiva.