Un proyecto de captación de agua para abastecer la capital uruguaya y su zona metropolitana irrespeta la Carta Magna de Uruguay a favor de intereses privados, denuncia Nicolás Ferreira, secretario general de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), afiliada a la Internacional de Servicios Públicos (ISP). OSE es la empresa pública de agua y saneamiento de este país sudamericano.

El proyecto denominado “Neptuno - Mejora de la Cantidad y Calidad del Agua del Área Metropolitana de Montevideo”, que tiene un costo de alrededor de 200 millones de dólares, fue presentado por las empresas uruguayas Ciemsa, Berkes y Saceem, junto a la brasileña Fast. Prevé también la construcción de una nueva planta potabilizadora y una tubería de más de 80 kilómetros de longitud.

Luego de la aprobación del proyecto por la Presidencia de la República, el último 24 de febrero el sector jurídico de OSE lo aprobó del punto de vista legal. Ahora los proponentes deben presentar un estudio de factibilidad para que se realice la evaluación final de la propuesta. Una vez que se la apruebe nuevamente, se debe llamarse a una licitación pública, en la que las empresas proponentes tendrán entre el 5% y el 20% de ventaja en el puntaje frente a los competidores y la posibilidad de mejorar su oferta.

Según Ferreira, la propuesta viola el dispositivo constitucional de 2004 que otorgó al Estado la responsabilidad exclusiva de la gestión del agua y del saneamiento.

Lea abajo la entrevista:

¿Cuáles son los riesgos del proyecto Neptuno recientemente anunciado por el presidente de Uruguay?

Este proyecto, cuanto a la calidad del agua, presenta dos grandes inconvenientes. Uno es el aspecto de la salinidad del agua. Otro, lo que refiere a la contaminación producida por el modelo agroexportador

Este proyecto nos es nuevo, en la década de 1970 ya anduvo em boga. Pero se lo desestimó por ser muy caro, ya que la salinidad del agua encarecía el proceso. Después, en los 1990 estuvo en la vuelta y luego, a principios de los 2000, se presentó este proyecto con otro nombre. Ahora, el proyecto denominado Neptuno - Mejora de la Cantidad y Calidad del Agua del Área Metropolitana de Montevideo fue presentado por un consorcio de empresas denominado Aguas de Montevideo. Este consorcio está integrado por las empresas Ciemsa, Berkes y Saceem, junto a la brasileña Fast, en el marco de la Ley de Reactivación Económica del 2002, cuando Uruguay sufría una gran crisis económica y social. Este proyecto, desde el punto de vista técnico, cuanto a la calidad del agua, presenta dos grandes inconvenientes. Uno es el aspecto de la salinidad del agua. Otro, lo que refiere a la contaminación producida por el modelo agroexportador, los commodities asociados al agronegocio, la soja transgénica, el maíz transgénico, el agronegocio forestal. Las grandes concentraciones para la producción de carne, en la modalidad feedlot [sistema intensivo de producción], los tambos a gran escala generan procesos de eutrofización en nuestras aguas, y luego se producen los eventos de cianobacterias [conocidas como algas azules, producen toxinas que si ingeridas junto con el agua pueden causar daños a la salud]. En la zona que se va a hacer este proyecto, la Boca del Cufré, es un lugar donde hay una alta frecuencia de formación de floraciones de cianobacteria. Eso va a exigir un proceso para potabilización más costoso, que se va a trasladar necesariamente a la tarifa. Otra implicancia es que si va a estar operando efectivamente, o sea, si la empresa va a empezar a operar, lo que está prohibido por la Constitución de la República.

¿Hay un problema de abastecimiento de agua en Montevideo y la zona metropolitana? ¿Cómo solucionarlo?

La planta de Aguas Corrientes con la presa de Severino producen agua los 365 días del año y las 24 horas al día. En este momento no existe problema de abastecimiento. Pero no hay un plan B. El problema por solucionarse sería tener otra planta de igual característica, o de mayor producción, y el proyecto Neptuno, según directivos del consorcio, sería un tercio de lo que produce actualmente la planta de Aguas Corrientes. Por lo tanto, este proyecto no solucionaría el problema. Lo que sí hay es un problema de calidad de agua, como mencionaba anteriormente, que tiene que ver con la cuenca, con lo que está pasando con lo que nosotros denominamos “los territorios del agua de la producción agrícola”. Sí hay un problema en la calidad del agua bruta, en el nivel de contaminación que tienen las cuencas.

El sector jurídico de OSE considera que el proyecto no viola la disposición del artículo 47 de la Constitución del país, que establece que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. El argumento es que la norma constitucional solo implicaría “la obligación legal de llevar a cabo una actividad de prestación (...) sin que importe si el prestador posee o no ánimo de lucro y cuál es el titular de la actividad” ¿Qué piensas de esta decisión?

El 12 de marzo tuvimos nuestro Congreso Nacional de Delegados y Delegadas de FFOSE, y uno de los temas fue este proyecto. Nuestro sindicato alerta para una nueva embestida de privatizaciones en OSE en beneficio de los capitales privados, socializando los costos a la población vía el aumento de la tarifa para garantizar la ganancia de los empresarios. Y entendemos que viola el mandato popular conquistado con el 64,7% de los votos en el plebiscito de 31 de octubre de 2004, consagrado en la Constitución como lo que nosotros llamamos la Reforma del Agua, que otorgó al Estado la responsabilidad exclusiva de la gestión del agua y del saneamiento. El análisis jurídico de OSE omite una serie de cosas. Primero, que la política nacional de agua y saneamiento está basada en el ordenamiento del territorio, y en la conservación y la protección del medio ambiente. Y hay uno elemento que para nosotros son fundamentales. Que tiene que ver con la gestión sustentable y solidaria de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico, que por su vez constituyen asunto de interés general. Y bajo este interés general la Constitución establece y después lo reafirma la Ley de Política Nacional de Agua, que reglamenta el artículo 47 de la Constitución y dice que los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión, control de los recursos hídricos estableciendo, en las cuencas hidrográficas, comunidades de gestión.

Hay disposiciones constitucionales y legales que no se están teniendo en cuenta o se les quiere hacer una relectura a favor del consorcio privado.

¿Por qué decimos esto? Porque en la Ley de Política Nacional de Agua existe el Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio. Y este nunca fue llamado ni por el anterior gobierno ni por este, y tampoco esta discusión pasó por donde debería pasar, que es el Consejo Regional del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Entonces, del punto de vista legal, este proyecto no respeta la participación para la planificación, la gestión y el control de los recursos hídricos. Eso es un elemento que explica por qué viola la Constitución. Otro elemento es el principio por el cual la prestación de servicios de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiéndose las razones de índole social a las económicas. Después se dice que toda autorización de concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá dejar el contrato sin efecto. El consorcio también omite la posibilidad de que las empresas proponentes del proyecto no solo construyan, sino que también operen, gestionen y mantengan toda la obra. Entonces nosotros nos preguntamos: ¿Cuál es el tipo de contrato? ¿La concesión va a ser por 20, 30, 50 años? ¿En este período de tiempo, va a recuperar la inversión, pero además va a cobrar por operar la planta? ¿Eso va a aumentar la tarifa? ¿En los costos que hoy tienen en la tarifa van a estar incluidas las ganancias de los capitales privados?

Por eso también viola la Constitución. Porque las razones de índole social deben estar por encima de las razones económicas. También hay una cuestión que es parte de la Constitución que es que el ciclo hidrológico del agua, que es un recurso unitario subordinado al interés general. Todo eso también lo dice la Constitución y no está en el análisis jurídico de OSE. Y otra preocupación es: ¿Qué tipo de Estado se está configurando con el análisis primario que hace la jurídica de OSE? ¿Qué nos está queriendo decir el gobierno y qué nos está queriendo decir el análisis jurídico de OSE? ¿Cuál es el tipo de empresa que quieren? ¿Que el organismo público sea una cáscara vacía? ¿Y que sean los capitales privados los que construyan, los que operen, los que gestionen, los que obtengan ganancia de un servicio público, de un derecho humano al agua? Estas son algunas de las preguntas que nosotros nos hacemos y que el estudio jurídico no responde. Hay disposiciones constitucionales y legales que no se están teniendo en cuenta o se les quiere hacer una relectura a favor del consorcio privado.

¿Cuáles son las estrategias de acción adoptadas por la FFOSE para contraponerse al proyecto Neptuno?

En nuestro Congreso Nacional de Delegados y Delegadas resolvimos una serie de medidas, como salir a denunciar a los medios públicos de comunicación y realizar una campaña de prensa y propaganda para dar la más amplia difusión al tema. El 22 de marzo, Día Mundial del Agua, realizamos una mesa redonda conjuntamente a otras organizaciones sobre sobre la avanzada privatizadora, y se invitó a la prensa. Ese mismo día había una mesa representativa ampliada del PIT-CNT, nuestra convención nacional de trabajadores, y ahí nuestro delegado informó en los previos esta embestida privatizadora que violenta al mandato popular y a todo el movimiento sindical. Luego también definimos empezar a coordinar acciones conjuntamente a organizaciones sindicales, organizaciones sociales, diferentes colectivos, científicos, personas de la academia. Y comenzamos a realizar contactos y consultas jurídicas con constitucionalistas. También no descartamos pedir entrevistas con autoridades del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo sobre este tema.