México, Centroamérica y República Dominicana cierran encuentros sobre violencia en el mundo del trabajo

Se realizó el 11 de noviembre el cuarto y último de la serie de encuentros subregionales que la Internacional de Servicios Públicos (ISP) impulsó en el marco del proyecto Forsa “Violencia de Género en América Latina”. Llevada a cabo de manera virtual, la actividad reunió dirigentas sindicales de afiliadas de la subregión México, Centroamérica y República Dominicana.

El primero encuentro, celebrado el 8 de octubre, reunió a las dirigentas del Cono Sur, mientras que el segundo, realizado el 21 de octubre, contó con la participación de las afiliadas de Brasil. Al tercero asistieron dirigentas de organizaciones sindicales de los Países Andinos. Los encuentros pretendieron congregar no sólo las actividades formativas y de capacitación que se realicen en el período, sino que además, convertirse en un espacio de confluencia de buenas prácticas sindicales en materia de prevención y lucha contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, sobre todo en estos tiempos de pandemia.

Vea el encuentro completo de los Países Andinos en el video de abajo:

Video

Se realizó el 11 de noviembre el cuarto y último de la serie de encuentros subregionales que la Internacional de Servicios Públicos (ISP) ha organizado en la región en el marco del proyecto Forsa "Violencia de Género en América Latina". Llevada a cabo de manera virtual, la actividad reunió a dirigentas sindicales de afiliadas de México, América Central y República Dominicana.

"Hacia una América Latina libre de Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo" - América Central

La secretaria subregional de la ISP para el Cono Sur Nayareth Quevedo, coordinadora del proyecto Forsa, introdujo el último encuentro señalando que la crisis sanitaria causada por la pandemia de Covid-19 ha llevado a miles de trabajadoras y trabajadores a ejercer sus funciones bajo distintas modalidades, como el teletrabajo y la semipresencial, lo que ha traído una serie de dificultades relacionadas con el acceso a la tecnología y la precariedad de los espacios físicos para el trabajo.

“La pandemia evidenció los límites de la economía patriarcal, que delega a las mujeres el trabajo no remunerado del cuidado de la vida. Eso tiene consecuencias de gran alcance. La idealización y romantización del ‘quédate en casa’ han invisibilizado la carga del trabajo de cuidado sobre las mujeres. Se les exige que atenda a las necesidades de sus hijos, dependentes, personas mayores. Somos seres interdependientes, nuestros procesos vitales necesitan del otro, y dichos procesos son gestionados en su gran mayoría por las mujeres invisibilizadas” dijo.

Las mujeres están en la primera línea de acción de respuesta a la pandemia, como en los centros de salud y otros servicios esenciales, y también prestando asistencia en las comunidades y haciendo teletrabajo al mismo tiempo que debe estar a cargo del cuidado de sus hijos y familiares, señaló Quevedo, quien destacó que esta crisis en el hogar representa una amenaza física para muchas de ellas. “Es una trampa mortal donde la integridad física y psicológica de las mujeres han estado en riesgo. Las víctimas tienen que estar encerrada con sus agresores, eso ha generado un aumento de la violencia y limitado las posibilidades de escapar de estos abusos y conseguir que los agresores respondan a sus actos.”

Óscar Rodríguez, secretario subregional de la ISP para México, Centroamérica y República Dominicana, llamó la atención para el aumento de la violencia contra la mujer durante la pandemia de Covid-19, incluyendo los feminicidios. “Eso nos preocupa, nos asusta, nos llama a prender más atención a los factores que inciden tanto en el hogar como fuera, a como la violencia hacia las mujeres se ha ido acrecentando producto de un nuevo fenómeno asociado con el tema de la pandemia”.

Según Rodríguez, la pandemia también hizo desacelerar en un primer momento el proceso de impulsión de la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero luego se logró retomarlo de forma remota a través de la socialización de información a respecto y la articulación con actores políticos y feministas para poner en la agenda parlamentaria de los países de la subregión la ratificación de dicha normativa. “Tenemos una hoja de ruta trazada para emprender algunas acciones afirmativas en ese sentido, tanto en el ámbito político y sindical, como gubernamental”, dijo.

María Lourdes Zea, secretaria de Organización Administrativa del Comité Ejecutivo del ‎Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y representante titular de la subregión ante el Comité Mundial de Mujeres de la ISP (WOC), también señaló que ja violencia de género se ha incrementado en la región interamericana durante la pandemia. “Existen violencias que debemos tener en cuente en el ámbito laboral que son visibles, como la agresión física, los insultos, las amenazas, pero hay igual las violencias invisibles, como el hostigamiento, aislamiento, la discriminación, que son otras formas de violencia que vulneran a los derechos humanos y laborares. De ahí la necesidad de abordar este problema bajo la perspectiva de género”, dijo.

En ese sentido, para ella es fundamental generar conciencia al respecto en toda la sociedad, en especial en los sindicatos para que tanto a nivel individual como a niveles organizacional y estructural se reconozcan la existencia de la violencia y el acoso y se establezcan mecanismos de protección a las víctimas y de empoderamiento de las mujeres, generando una cultura y un espacio libres de violencia.

Verónica Montúfar, la Responsable mundial de género de la ISP, resaltó que la pandemia ha provocado una exacerbación de las desigualdades y el relieve de otras crisis debido a la existencia previa de una construcción social y política inequitativa. “Dos de estas crisis que se ponen de relieve y que se marcan como temas de total emergencia es la crisis alrededor del cuidado y la crisis alrededor de la violencia”, dijo.

“El trabajo de cuidado no remunerado sigue teniendo una carga de invisibilidad sobre todo del aporte económico que este trabajo está haciendo no solo a la sociedad sino a la acumulación de capital. Y por otra parte hay el trabajo remunerado de cuidado que es devaluado, donde hay malas condiciones laborales y salariales y también inequidad de pago”, señaló ella, para quien el no reconocimiento del derecho humano al cuidado se refleja en la total ausencia de sistemas públicos de cuidado.

Según Montúfar, vivemos el momento en lo que el contexto y la coyuntura política internacional demanda que se abra el debate sobre una reformulación del concepto de trabajo de cuidado que parta de su reconocimiento económico, de su reducción y de su redistribución, pero, fundamentalmente, de la intervención del Estado a través de la restauración de sistemas públicos de cuidado. “Pensamos que esta desigualdad existente con respecto al trabajo de cuidado va generando condiciones materiales, psíquicas e ideológicas para presentar y generar violencia en las relaciones de género, así que si logramos cambiar el rol de secundaridad del trabajo de cuidado, existirán las condiciones para generar una reducción de la violencia”, concluyó.

Para María Fernanda Villegas, del Centro de Estudios del Trabajo (CETRA), de Chile, la sociedad patriarcal heteronormativa en la que vivimos produce siempre violencia de género y más desigualdad por medio de un círculo vicioso. Para ella, si bien se ha desarrollado elementos protectores a la vida y los derechos de las mujeres, hay muchos elementos incitadores de la violencia que son normalmente entendidos como naturales y no como construcciones sociales a partir de modelos de desarrollo determinados.

“Aparte de estos elementos, están las crisis como factores estimulantes tanto al naturalizar la violencia de género como invisibilizarla como un problema político. En cambio hay factores protectores que hay que tener en cuenta como por ejemplo el Convenio 190 de la OIT. Este convenio puede efectivamente ayudarnos y ser un fator protector. Lo mismo con políticas públicas con enfoque de derechos, pero no aquellas que entienden a las mujeres como receptoras de fondos de transferencia, pero sen redistribución social de trabajo. Finalmente, un importante factor protector a la violencia de género es una mayor habilitación laboral y el trabajo remunerado de calidad”, explicó.

Villegas llama la atención para el hecho de que la pandemia ha incrementado el trabajo no remunerado de cuidado de las mujeres no solo en sus hogares, como también en las comunidades. “Las iniciativas para contener los efectos de las crisis al nivel comunitario se cargan sobre las espaldas de las mujeres. Hay funcionarias públicas donando tiempo adicional para ir en apoyo a sus comunidades.”

Por su turno, Viviana García, directora en la Federación Nacional de Profesionales de la Salud (FESPROSA) de Argentina, explicó detalladamente a las participantes del encuentro los aspectos y dimensiones del Convenio 190 de la OIT sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo. Pero previamente, ella resaltó que la violencia y el acoso siempre ocurren cuando existen relaciones desiguales de poder.

“Quienes sufren mayor violencia y acoso son justamente las, los y les trabajadores a quienes el patriarcado ha asignado un rol en la esfera pública. El origen de la división sexual del trabajo se dio con las mujeres a cargo del ámbito doméstico, del trabajo de cuidado, de la reproducción de la vida. Con el capitalismo, esta división se repitió en el ámbito público y a las mujeres les fueron asignados los trabajos de cuidados, de menor calidad, de mayor informalidad y menos remunerados”, afirmó.

Según García, el gran mérito del Convenio 190 es establecer el vínculo total entre las relaciones laborales y los derechos humanos. “El Convenio reconoce el mundo del trabajo no solo como el espacio físico. Va más allá, es el espacio del hogar, de la capacitación, de la formación, el ir y venir, todo esto es el mundo del trabajo. Ya sea formal o informal”, explicó.

Entre otros méritos de este instrumento, para la directora de FESPROSA, están la inclusión de terceras partes, como pacientes, usuarios de servicios públicos y clientes, como integrantes del mundo del trabajo, el reconocimiento de los factores de riesgo psicosociales, y la mención a las diversidades e identidades de género.

Finalizando el encuentro, se compartieron las experiencias de las afiliadas de la ISP en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y México respecto a las campañas contra la violencia de género y por la ratificación del Convenio 190 de la OIT en sus respectivos países. Las presentaciones quedaron a cargo, respectivamente, de María Esther Hernández, de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE); Anita Fortín, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Organismo Legislativo (STOL); Mercedes Sánchez, de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios de Nicaragua (FESITUN); y María Lourdes Zea, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).