Más de 100 participantes asistieron al evento paralelo al Foro de Igualdad de Generación en París el 2 de julio, organizado por la ISP, ActionAid, GATJ, TJN-África, GI-ESCR, CESR, DAWN, WomanKind y moderado por Neelanjana Mukhia de ActionAid.

Las organizaciones de la sociedad civil participantes compartieron sus visiones feministas sobre cómo los servicios públicos pueden abordar las causas profundas de la desigualdad de género: desde los esfuerzos por reformular la economía incorporando los principios de igualdad de género y derechos humanos, abogando por la justicia fiscal, desmontando los mitos que subyacen a la comercialización de los servicios públicos, reforzando los derechos de lxs trabajadorxs en los servicios públicos, impulsando la creación de sistemas públicos de cuidados, y promoviendo enfoques de los servicios públicos basados en los derechos humanos y desde la base.

Sin un papel diferente del Estado, y un compromiso de la sociedad, en el reparto y redistribución del trabajo de cuidados, habrá pocas posibilidades de reconstruir una sociedad mejor y diferente

En su discurso de apertura, la Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, acogió con satisfacción esta creciente alianza y el movimiento mundial que une sus fuerzas en torno a los cinco objetivos comunes (las "5R") establecidos en el Manifiesto para la Reconstrucción de la Organización Social del Cuidado, firmado por más de 150 organizaciones y 270 personas. Señaló que la pandemia ha puesto de manifiesto la insuficiencia de nuestros servicios públicos de cuidados y que los principios básicos esbozados en el Manifiesto son más pertinentes que nunca, como demuestra la creación de un Manifiesto sobre los Cuidados similar por parte de la Coalición de Acción por la Justicia y los Derechos Económicos, presentado en el contexto de las actividades de la cuenta atrás para el FMAM-París.

Sin un papel diferente del Estado, y sin el compromiso de la sociedad, en el reparto y redistribución del trabajo de cuidados, habrá pocas posibilidades de reconstruir una sociedad mejor y diferente, dijo Pavanelli, el espacio para la sociedad civil se ha reducido drásticamente en el ámbito mundial haciendo que sea demasiado fácil acallar las voces de las mujeres y lxs trabajadorxs. Pavanelli concluyó con un llamamiento a unir fuerzas para que los cuidados sean reconocidos, no sólo como un factor económico, sino como un derecho humano que debe ser proporcionado públicamente.

La actual organización social de los cuidados

Corina Rodríguez Enríquez, de Development Alternatives with Women for a New Era - DAWN, presentó los aspectos más destacados de un estudio que está realizando actualmente en colaboración con la ISP. Centrándose en ocho países del Norte y del Sur Global (Australia, India, Canadá, Argentina, Sudáfrica, Kenia, Polonia y Austria), el estudio analiza la situación actual, incluyendo las buenas prácticas, y ofrecerá algunas propuestas concretas sobre alternativas para reconstruir la organización social de los cuidados.

Debemos considerar los cuidados como un derecho humano para reclamarlos como una responsabilidad del Estado

En su intervención, Kate Donald, del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CESR), explica por qué los cuidados son una cuestión de derechos humanos y cómo su planteamiento es clave para las demandas de provisión pública de cuidados.

No se pueden cumplir los derechos humanos de alguien violando los de otra persona

"Cada vez está más claro que el sistema económico neoliberal es fundamentalmente incompatible con el derecho a los cuidados", afirma Kate. Aunque reconoce la necesidad de un equilibrio, rechaza firmemente la "visión del mundo de suma cero" que consiste en oponer los derechos de lxs cuidadorxs a los derechos de lxs que reciben los cuidados: No se pueden realizar los derechos humanos de alguien violando los de otra persona".

Alejandra Lozano, de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (IG-ESCR), ofrece algunos ejemplos concretos sobre el papel que desempeñan los servicios públicos en la transformación de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres.

Los servicios públicos universales de calidad no son una opción caritativa, sino un componente fundamental de la dignidad humana

Un reciente informe del GI-ESCR presenta cinco elementos clave para un enfoque transformador de género en la gestión, prestación, financiación y propiedad de los servicios públicos. Los servicios públicos pueden permitirnos abordar no sólo las consecuencias, sino también los factores sistémicos y subyacentes, los desequilibrios de poder que sustentan la desigualdad de género, explica.

"Unos servicios públicos universales y de calidad no son una opción caritativa, sino un componente fundamental de la dignidad humana", afirma Lozano, "son lo que nos une y son cruciales para responder a los retos a los que nos enfrentamos hoy en día para construir sociedades más justas e inclusivas".

Charity Mandishona, de la Cámara de Asociaciones de la Economía Informal de Zimbabue (ZCIEA), organización asociada a WomanKind, comparte sus experiencias de organización y lucha por la protección social de las mujeres en el trabajo informal. Los servicios públicos permiten que todas las mujeres estén protegidas y puedan acceder a sus derechos, independientemente del sector en el que trabajen.

"La igualdad es ahora y es el momento de actuar. No podemos esperar a que otrx lo haga por nosotrxs".

"Las mujeres que trabajan en el sector informal de Zimbabue rara vez acceden a algún tipo de protección social o a servicios para cuidarse, no tienen permisos pagados por maternidad como las que trabajan en la economía formal", dice Charity Madisha "La igualdad es ahora y es hora de actuar. No podemos esperar a que alguien lo haga por nosotrxs".

Preguntada por qué los derechos de las trabajadoras del cuidado son fundamentales para la prestación de servicios públicos, así como para la transformación de las relaciones de poder desiguales entre los géneros. Gloria Mills, de UNISON (Reino Unido) y vicepresidenta del Comité Mundial de Mujeres de la ISP, afirma que "no podemos hablar de derechos sin hablar del cumplimiento de los mismos. Las mujeres están excluidas de la toma de decisiones. Debemos solucionar el déficit de poder".

No podemos hablar de derechos sin hablar del cumplimiento de los mismos

Mientras que las mujeres dominan la mano de obra de los servicios públicos, las decisiones sobre la permanencia de los servicios en la empresa, su privatización o su comercialización son tomadas predominantemente por los hombres. "En la actualidad, vemos que los cuidados se organizan en beneficio de las grandes corporaciones y de quienes buscan beneficios, explotando a las personas con fines lucrativos, necesitamos un resultado más equitativo, una redistribución de los recursos que beneficie a las mujeres. Pero también necesitamos que los Estados hagan lo necesario en cuanto a la aplicación de presupuestos de género y medidas fiscales que recompensen el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres".

Grazielle David, de la Alianza Global para la Justicia Fiscal (GATJ), habló de las políticas fiscales feministas y de cómo éstas pueden financiar la organización social de los cuidados. La falta de recursos financieros es a menudo una excusa para los fracasos del Estado en la realización de los derechos de las mujeres. La actual organización social de los cuidados es fundamentalmente desequilibrada, desigual e insostenible. Hace recaer la carga del cuidado y del trabajo doméstico en las mujeres, y más aún con la pandemia. "La justicia fiscal puede redistribuir los recursos de manera que se reduzcan las desigualdades de género, raza, economía y otras, y se garantice la realización progresiva de los derechos humanos", explica Grazielle.

A continuación, Chenai Mukumba, de la Red de Justicia Fiscal (TJN-África), expuso cómo la evasión y los paraísos fiscales afectan al empleo público y a los derechos de lxs trabajadorxs. Aunque a menudo se nos dice que no hay dinero para lxs trabajadorxs del sector público, incluyendo a lxs trabajadorxs de cuidados, Chenai nos dice dónde está el dinero y cómo se puede pagar a lxs trabajadorxs de cuidados. La forma más sostenible de financiar los sectores sociales clave es mediante la movilización de recursos nacionales, en particular el empleo público clave, explica Chenai, cuando los recursos provienen del sector privado, de grandes multinacionales que trasladan sus beneficios o envían sus recursos a paraísos fiscales o a través de la ayuda al desarrollo en el extranjero, a menudo esos recursos vienen con una condicionalidad que puede ser o no en el mejor interés de los países que están recibiendo esa financiación, frenando así la capacidad de muchos países africanos para obtener los recursos que necesitan.

Los países pierden el equivalente a los salarios anuales de 30 millones de enfermeras cada año.

"Los países pierden un total de casi 400.000 millones de dólares cada año por el abuso fiscal de las empresas internacionales y la evasión fiscal privada", afirma Chenai. En total, la cantidad de dinero que pierden los países equivale a los salarios anuales de 30 millones de enfermeras cada año, para ponerlo en contexto. Esencialmente, es el equivalente al salario anual de una enfermera que se pierde cada segundo".

El impacto de esas pérdidas fiscales es mucho mayor en los países de bajos ingresos que en los de altos ingresos, y puede ser igual o superior a la mitad de sus presupuestos de salud pública.

El evento concluyó con un compromiso reafirmado de movilización y un llamamiento a la acción, a todas las organizaciones de la sociedad civil implicadas en la coalición de acción por la justicia y los derechos económicos, para que unan sus fuerzas para la movilización internacional y la transformación internacional en cuanto a la posición de las mujeres en la sociedad, en los servicios públicos, pero sobre todo en la toma de decisiones; para que impulsen y reclamen el papel del Estado como actor y proveedor clave en la transformación de la organización social de los cuidados y el fortalecimiento de la inversión pública para garantizar el derecho a los cuidados y el cuidado digno como derecho humano.

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Manifiesto para reconstruir la organización social del cuidado