Las autoridades tanto de Chile como de la UE han sido enfáticas en señalar las ventajas que para las partes tendrá la “modernización” del TLC aludiendo a supuestas mejoras en las relaciones comerciales, además de avances en materias tales como derechos humanos, laborales, género y medio ambiente. Sin embargo, es crucial destacar que estos avances no son vinculantes, y en la práctica, la letra muerta de las cláusulas limita las posibilidades de una relación comercial equitativa debido a las notorias asimetrías económicas entre Chile y la UE.

Las ventajas y desventajas de este tratado, fue el tema principal del seminario organizado por las afiliadas de la ISP en Chile y la Plataforma América Latina sin TLC en la sede de Confusam en Santiago el pasado 10 de mayo, donde concurrieron más de cincuenta dirigentes de base para debatir sobre este importante tratado que en la práctica,  mantiene las características típicas de estos acuerdos que, según estudios, favorecen a grandes empresas transnacionales y dañan la soberanía de los países en desarrollo. Las disputas entre inversores y estados son resueltas en tribunales de arbitraje internacionales, cuyo sesgo a favor del gran capital ha llevado a países a indemnizar a inversores con sumas millonarias, sacrificando presupuestos nacionales destinados a salud, educación y vivienda.

Uno de los interrogantes que se plantean al analizar esta así llamada “modernización”, dice relación con la urgencia para llevarla cabo, siendo un dato de la causa que los principales interesados en ello son los líderes de la UE. Baste para afirmarlo que el bloque de países del Norte se ha planteado la urgencia vital de desarrollar la transición energética en el contexto de la crisis global a raíz del cambio climático, siendo una de sus metas inmediatas lograr la plena electromovilidad en sus países, requiriendo para ello de materias primas tales como el litio, recurso del cual carecen y que es abundante en Chile.

Es del caso señalar que Chile ya ha concordado una estrategia para el desarrollo de la industria del litio en acuerdo con actores privados. Dicha estrategia se basa en la extracción y exportación del litio a la UE y otros países sin valor agregado. Lo anterior supone que pese a la “modernización” del TLC Chile-UE, en la práctica Chile seguirá siendo una economía extractivista, exportando materias primas sin valor agregado y un inmenso costo medioambiental y humano dada la creación de más zonas de sacrificio que se sumarán a las ya existentes.

Es importante mencionar que en esta “modernización” del acuerdo con la UE, se incorporan temas nuevos siendo de destacar el relativo a las compras públicas y el que compromete a nuestro país a ser parte en eventuales conflictos de la UE. En el caso de las compras públicas, la nueva versión del TLC contempla la opción de empresas europeas y chilenas para participar en compras públicas. Un análisis previo de este tema obliga a comparar tamaños de economías de los distintos países, así como de las empresas que podrían beneficiarse. A todas luces pretender que empresas chilenas estén en condiciones de competir con similares europeas por compras públicas es, por decir lo menos, una falacia.

Es de la mayor gravedad que el gobierno de Chile se haya allanado suscribir un acuerdo con la UE mediante el cual, Chile, país ubicado en el extremo sur del mundo, se vea obligado a cooperar con sus socios europeos en conflictos en los que estén involucrados, como ocurre actualmente en el caso de Ucrania.

El análisis a fondo del TLC Chile - UE permite poner en evidencia su profundo carácter neocolonial y de instrumento propio del orden económico neoliberal surgido en la década de los 80, en tanto en cuanto apunta a mantener a Chile en su condición de país subdesarrollado exportador de materias primas con escaso valor agregado, hecho grave ya de por sí pero que, además, limita permanentemente las posibilidades del país para avanzar hacia una economía con fuerte desarrollo tecnológico e industrial, único camino posible en la superación del modelo imperante a la fecha y cuyas consecuencias en materia social, medioambiental y humana la sufren millones de personas, contrastando con muy superiores niveles de vida y de riqueza de los así llamados, “socios” de la UE.